El juez federal Norberto Oyarbide rechazó este mediodía excarcelar al empresario Gabriel Brito, detenido en la causa que investiga estafas al Estado con el cobro de reintegros por tratamientos de alta complejidad nunca suministrados y el uso de remedios adulterados.
Según informaron a la agencia estatal Télam fuentes judiciales, la decisión se tomó hoy luego que el detenido prestó declaración indagatoria por tres días.
Brito acusó ante el juez federal Norberto Oyarbide a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, de desviar fondos de la Administración de Programas Especiales (APE).
Capaccioli, además de haber sido titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, fue el encargado de organizar la recaudación de fondos para la campaña de Cristina Kirchner de 2007.
Según los dichos de Brito, Capaccioli, un hombre cercano al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, desviaba dinero que la APE debía entregar a las obras sociales para el pago de medicamentos de alta complejidad.
El viernes Brito negó haber realizado un aporte de 310 mil pesos para la campaña presidencial de Cristina. El empresario fue interrogado por el cargo de extorsión y luego por la acusación de haber integrado una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos falsos o adulterado.
Brito, titular de “Global Pharmacy Service S.A.”, sostuvo que los cuatro cheques por 310 mil pesos -dos de 77 mil pesos y los restantes de 78 mil- que figuraban como aportados a la campaña presidencial se los había entregado en 2007 al dueño de la droguería “San Javier”, Néstor Lorenzo, a pedido de él para solventar deudas que tenía.
Lorenzo está preso y procesado como presunto integrante de una asociación ilícita en el tema de los medicamentos. Esos cheques luego formaron parte de los aportantes que el oficialista Frente para la Victoria declaró en la Justicia para justificar los gastos de la campaña.
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