El secretario de Gestión de Políticas Sociales de la provincia, Joaquín Blanco, explicó que el caso del Hogar del Huérfano de Rosario se enmarca en los cambios que impone la ley de protección de los derechos de la infancia y adolescencia, que instala un nuevo paradigma sobre el tema y entre otras pautas impide el alojamiento de niños y niñas –que ahora no puede exceder el año y medio– en instituciones con más de 15 plazas, con el objetivo de que se asemejen lo más posible a los hogares familiares. El proceso puntual de la asociación civil que funciona hace más de 140 años en la ciudad se aceleró en agosto pasado con el testimonio de un chico de ocho años sobre presuntos abusos sexuales sufridos por parte del personal, que se sumó a las denuncias elevadas desde 2007 por los propios operadores del lugar, y por lo que se decidió en diciembre último la intervención del centro ubicado en Laprida y Cerrito.
El sábado pasado terminó el proceso de traslado de las 8 niñas y adolescentes que permanecían en el lugar: hoy están en un hogar de Granadero Baigorria reacondicionado y asistido por profesionales.
Sobre el futuro de la centenaria asociación civil, Blanco señaló que sus autoridades presentaron en febrero pasado la inquietud de reconvertir su perfil institucional para adecuarlo al nuevo paradigma con que se aborda la problemática de la niñez en riesgo, y que la provincia colaborará con esos cambios, facilitando la coordinación de esfuerzos con entidades empresarias y de la sociedad civil. El Hogar del Huérfano podría pasar entonces a brindar a los niños y adolescentes servicios y capacitación en diversas áreas como cultura, deportes, tecnologías y nuevos oficios. Pero ya no más alojamiento o internación.
Respecto de la continuidad laboral del personal de la institución –parte del cual aceptó el plan de retiro voluntario propuesto–, el funcionario provincial recordó que no se trata de empleados del Estado santafesino, aunque su situación, en el caso de que no puedan continuar dentro del posible nuevo perfil del Hogar, está siendo abordada por el Ministerio de Trabajo.
Sobre el trabajo de la provincia en el marco de la ley 12967 de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, Blanco reafirmó que los esfuerzos se orientan a reinsertar a los chicos con derechos vulnerados en sus entornos familiares, para lo cual se da un trabajo con todos sus miembros. Igual, admitió que en el estado social actual esto a veces es imposible ante escenarios persistentes de abusos, perversiones y maltratos que, aclaró, no se vinculan linealmente con la pertenencia socioeconómica del grupo. “Es una situación de desgarro separar a un niño o adolescente de su familia, pero el objetivo que se privilegia es el de garantizar que sus derechos no sean vulnerados”, resumió.
Seguimiento, control y capacitación
Consultado por los casos de abusos como el del Hogar del Huérfano, Blanco confirmó que ese nuevo peligro, que reinstala la situación de violencia de la que se quiere preservar a los niños, no sólo se da en esa asociación civil sino que, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe se tramita una denuncia penal análoga respecto de un hogar del Estado. Al respecto, el funcionario señaló que la gestión pública extremó los esfuerzos de monitoreo y supervisión de estos hogares transitorios, y profundiza la selección y formación de su personal. “Estamos llegando a todos lados con esta vigilancia, pero nunca podemos estar tranquilos y siempre tenemos que estar atentos”, describió la complejidad que afronta su área.
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