Policiales

Crisis institucional

El gremio de los fiscales santafesinos denuncia ante la CIDH el entorpecimiento a su trabajo

La asociación que nuclea a los funcionarios del MPA, junto con la Asociación Argentina de Fiscales, pone en evidencia la situación que atraviesan los fiscales de Delitos Complejos Edery y Schiappa Pietra a partir de la investigación por juego ilegal que involucra al senador Armando Traferri


La Asociación de Fiscales Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, junto a la Asociación Argentina de Fiscales, participará este viernes de una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El objetivo de esta presentación es informar al organismo internacional sobre violaciones a la independencia fiscal. El planteo, si bien hace referencia a distintos casos, en territorio santafesino tiene como base la investigación que llevan adelante desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes fueron denunciados en varias oportunidades por el senador Armando Traferri luego de que el funcionario quedara involucrado en una causa por corrupción vinculada con el juego clandestino.

Desde la asociación, y a través de en un comunicado, describieron que el objetivo es trasladar “la grave situación de violación a la independencia de Fiscales provinciales que tiene lugar en la República Argentina, como consecuencia del accionar de las autoridades de los gobiernos de diferentes provincias de nuestro país, situación que constituye una violación directa de las obligaciones asumidas en virtud de distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos”.

Dijeron desde esta asociación gremial que estos ataques buscan condicionar y desplazar a los fiscales de las causas que investigan y lograr impunidad en investigaciones por corrupción o causas complejas que involucran a funcionarios o ex funcionarios provinciales.

El objetivo es que el organismo internacional realice un seguimiento de lo que se denunciará este viernes y lograr acciones estatales que mejoren esta situación de violación de derechos humanos, explicaron.

El pedido

El 19 de enero se presentó el pedido ante CIDH con las firmas de los presidentes de ambas asociaciones. En el documento hacen referencia a ataques contra la independencia del ministerio público en diferentes provincias que buscan amedrentar y condicionar la actuación de los fiscales.

En la presentación y a modo de antecedente se hace mención a los casos de los entonces fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, quienes años atrás tuvieron en sus manos la investigación conocida como la megaestafa inmobiliaria y otras pesquisas por desvío de fondos públicos y manejos arbitrarios de subsidios, donde estaban bajo la lupa legisladores provinciales y personas cercanas al poder político o por enriquecimiento ilícito de funcionarios.

El documento relata que ambos fiscales, que fueron derivados luego a otras unidades dentro del MPA, comenzaron a ser hostigados y en agosto de 2017 el Senado provincial emitió una declaración señalando que Mac Cormack y Narvaja “presumiblemente habrían, mediante coacción, exigido a un detenido la imputación hacia un personal policial a cambio de beneficiarlo en su situación procesal”. La presentación gremial sostiene que esta afirmación es falsa, ya que el uniformado fue condenado a 16 años de prisión y tres instancias judiciales consideraron correcto el accionar de los fiscales.

Luego, expusieron el caso de los fiscales Schiappa Pietra y Edery en la investigación por corrupción que derivó de una causa por apuestas clandestinas donde las sospechas se posaron sobre el senador provincial Armando Traferri. En diciembre los fiscales pidieron su desafuero con el fin de imputarlo como organizador de una asociación ilícita, lo que fue rechazado por el Senado provincial. El documento describe que desde entonces fueron blanco de “todo tipo de intimidaciones e intentos de intromisión en la investigación”, tanto del senador como de sus abogados.

La defensa del senador pidió el apartamiento de los fiscales, lo que fue desestimado, y en abril pasado Traferri denunció a los fiscales ante la Legislatura diciendo que debieron archivar la investigación y no continuarla, denuncia que fue desestimada en tres instancias, dice el gremiod e fiscales. Incluso, añade el documento, el senador logró que la vicepresidenta del Senado se presentara en el expediente y pidiera el archivo.

También estos fiscales fueron denunciados administrativamente ante la Auditoría de Gestión del MPA, pedido que también fue desestimado, y en los medios de comunicación donde compararon el trabajo fiscal con el accionar de grupos de tareas de la última dictadura militar.

En noviembre pasado, el senador volvió a denunciar a los fiscales ante la Legislatura por “espionaje ilegal” tras pedir información sobre el tráfico de datos de una línea telefónica, denuncia que está pendiente de resolución, refirieron los fiscales.

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