“La gente del juzgado que trabaja en el juzgado del doctor Eduardo Carbone dice que el juez tuvo una presión altísima del Grupo Clarín”, denunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Al responder a una pregunta sobre la resolución del magistrado que hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Grupo para derogar dos artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el jefe de ministros acusó al multimedios radial, televisivo y editorial de hacer lobby para obtener una resolución judicial favorable, y de “falta de ética” al juez que la emitió: “Es llamativa la falta de ética del doctor Carbone que a 15 días de haber presentado su renuncia al cargo se aboca a un tema para el cual no es competente. Es llamativo y preocupante”, sostuvo Fernández.
El jefe de ministros confirmó que el juez Carbone renunció el 6 de noviembre pasado para jubilarse; que el retiro le fue concedido por el decreto 1.654 del pasado 6 de noviembre, y que desde el 31 de este mes estará jubilado.
“Nadie en sus cabales, no teniendo competencia y faltando 15 días para que su retire hubiese firmado una medida cautelar”, se exaltó Aníbal. Por ello sostuvo que en las cercanías de Carbone señalan que “la presión por parte del monopolio fue altísima”.
“Yo no puedo constatarlo, pero lo dice su propia gente y estamos en presencia de una situación que no nos agrada”, remató Fernández.
Según el jefe de ministros, las empresas de televisión por cable Multicanal y Cablevisión, que están en proceso de fusión, “no cumplieron con las condiciones que oportunamente había aconsejado la Comisión de Defensa de la Competencia a la Secretaría de Comunicaciones, en 2007, sobre su situación específica a la hora de ser una fusión” y que “tras revisar las condiciones ninguna se habían cumplido”. Ante ello sostuvo que la Comisión aconsejó “dar de baja esa fusión”, ya que “se verificaba un monopolio y eso en la Argentina está garantizado, o que no lo quieren más”.
Finalmente, el jefe de ministros relacionó ambas cosas: “El magistrado Carbone levantó su licencia, se sentó en su sillón, firmó que se le traslade por diez días al grupo Clarín para dilatar la situación específica de lo propuesto por la Comisión de Defensa de la Competencia”, acusó.
En ese marco defendió en su totalidad la resistida y finalmente aprobada legislación: “Está garantizado con la mayoría de los votos en el Congreso, con la opinión de la mayoría de las universidades, y otras entidades que han decidido que la Argentina tenía que tener una nueva ley de Medios Audiovisuales”.
También recordó que Carbone fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior durante los gobiernos de facto de Juan Onganía, Roberto Levingston y Ricardo Lanusse y entre 1978 y 1980 se desempeñó como vocal de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales y a partir de 1980 fue designado juez en el Juzgado Nacional Nº1 en lo Civil y Comercial y ratificado por el gobierno de Raúl Alfonsín.
Precisamente desde ese lugar, según trascendió ayer, el magistrado prohibió en 1996 la exhibición del filme “La última tentación de Cristo”, de Martin Scorsese, por lo cual en aquel entonces había recibido un severo reproche de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y un pedido de juicio político por parte del entonces diputado socialista Alfredo Bravo –ya fallecido–firmado por sus compañero de bloque Héctor Polino y por los entonces diputados de la UCR Carlos Raimundi, Elisa Carca y Elisa Carrió.
“Ya resulta inadmisible que, a trece años de recuperada la democracia en la Argentina, un integrante del Poder Judicial prohíba la proyección de una película al aplicar la autoritaria figura de la censura previa, expresamente vedada por la Constitución Nacional”, había remarcado por entonces Adepa. “Así, nuestra Carta Magna ha sido violada por quien debe ser su principal custodio, en un sistema democrático y republicano de gobierno”, concluía.
Comentarios