Política

Disputa por los recursos

El gobierno revisa la deuda mientras da batalla por la Ley de Necesidad Pública

Por decreto de Perotti, el Ejecutivo convocará a proveedores y empresas de obra pública a renegociar sus acreencias para darles “certeza de cobro”. La decisión se toma en paralelo a las dificultosas negociaciones en la Legislatura


El gobierno provincial resolvió revisar la deuda heredada de la gestión anterior mientras continúa en una difícil negociación con la Legislatura por la sanción de la Ley de Necesidad Pública, que le otorgaría al Ejecutivo las “herramientas para atravesar la situación adversa de la provincia”, según definió el gobernador Omar Perotti.
En la “semana corta” post carnaval, el gobierno había depositado todas sus expectativas en el Senado provincial, donde se encuentra en estudio el proyecto de Ley de Necesidad Pública (llamado antes de emergencia). Había confianza en lograr la media sanción, con apoyo de los senadores radicales, y girar el texto a la Cámara de Diputados controlada por el Frente Progresista. Pero los cambios propuestos por la oposición respecto del texto original no fueron aceptados por la Casa Gris y las negociaciones se estancaron.

Días antes, el viernes 21 de febrero, el gobernador Perotti y el ministro de Economía Walter Agosto habían firmado un decreto –divulgado recién este fin de semana– por el cual el Ejecutivo “consolida” las deudas que mantiene con proveedores de servicios y empresas de obra pública con el objetivo de revisar, de manera unilateral, los montos de esas deudas y reprogramar los pagos en planes mensuales, anuales o plurianuales.

El decreto 135/2020, que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, es una herramienta que le permitirá al gobierno patear la pelota para adelante: la “consolidación de deudas” es un mecanismo para cancelar los pasivos a través un nuevo préstamo o crédito que le permite al deudor (en este caso el Estado) cubrir otros préstamos o deudas ya vencidas.

En el Frente Progresista el decreto cayó como un balde de agua helada y no pocos dirigentes y legisladores lo interpretaron como un ardid que le permitiría a Perotti decretar la “cesación de pagos”, una suerte de default del Estado provincial. En rigor, el decreto 135/2020 es un instrumento que surge de la autorización que hizo la propia Legislatura al sancionar, a fines del año pasado, el presupuesto 2020.

El artículo 54 del presupuesto dice textual: “Consolídase en el Estado Provincial, entes descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas, sociedades y otros entes del Estado, municipios y comunas, las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 31/12/2019, que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero”.

Y en un segundo párrafo agrega: “Autorízase al Poder Ejecutivo provincial y a los municipios y comunas a afectar los recursos fiscales, créditos, emitir títulos públicos o instrumentar otros medios sucedáneos de pago, que resulten necesarios para cancelar las obligaciones que se consoliden en jurisdicción provincial, municipal o comunal”.
En otros términos, el decreto firmado por Perotti y Agosto en los días más intensos de la negociación por la Ley de Necesidad Pública es la herramienta fáctica que se auto otorga el Ejecutivo para poder cancelar las deudas más importantes a través de los mecanismos que el propio gobernador ya había anunciado semanas atrás: pagarés y cheques diferidos.

Pero, previo a esa instancia, habrá una etapa de revisión a cargo del propio Poder Ejecutivo. De acuerdo al decreto, los acreedores de la provincia tendrán tiempo hasta el día 31 de marzo para gestionar sus cobros, informando al Estado cuánto se les debe para que esas acreencias sean sometidas a revisión. Luego, el gobierno les dirá a sus acreedores cuál es el monto de la deuda que reconoce y cómo se pagará.

“Transcurridos 30 días del término para la registración se procederá a la remisión de los trámites administrativos a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a los efectos de opinar sobre la admisibilidad y procedencia de la petición y controlar la liquidación de la acreencia invocada y, de corresponder, la compensación de deudas a favor de la provincia”, agrega el decreto. Con ese trámite el gobierno pretende reducir el monto de las deudas y sacarse de encima aquellas que considera irregulares o infundadas.

Para poder llegar a ese punto, el decreto 135 sostiene que “la autoridad de aplicación podrá determinar la emisión de medidas para mejor proveer o solicitar la presentación de pruebas demostrativas de los hechos que sustenten la procedencia del reclamo, tanto al particular como a los órganos del Estado que correspondan”.

Por último, se establece que una vez reconocida la deuda y establecido el mecanismo de pago, el Ministerio de Economía notificará a los acreedores la aceptación del monto y la forma de pago y, dentro de los 30 días corridos de recibida esa notificación, el beneficiario deberá aceptarla y renunciar “en forma expresa a ejercer cualquier vía de reclamo o recurso por cobro de la misma”.

Perotti pide “herramientas para atravesar la situación adversa de la provincia”

El capítulo legislativo

En la semana corta post carnaval el oficialismo buscó darle media sanción a la Ley de Necesidad Pública pero se topó con el “contra proyecto” de los senadores radicales, que tiene como característica central una serie de limitaciones a las herramientas que pide Perotti para renegociar las deudas y, además, propone asistencia directa a los municipios y comunas.

Los negociadores de la Casa Gris –el ministro de Gobierno Borgonovo y su colega de Gestión Pública Rubén Michlig– buscaron llegar a una síntesis con los senadores de la oposición, pero no fue posible. El bloque radical comandado por Felipe Michlig sostiene que el gobierno debe ceder en sus aspiraciones para que el proyecto no naufrague luego en la Cámara de Diputados, como ocurrió en diciembre con la declaración de emergencia. Pero en la Casa Gris entienden que el borrador sugerido por la oposición está muy lejos de lo que el gobierno necesita.

Las diferencias son muchas. El Ejecutivo quiere que la Ley de Necesidad tenga vigencia hasta el 30 de junio de 2021; el Frente Progresista acepta votarla pero hasta el 31 de diciembre de 2020. Perotti pide autorización para tomar deuda por 27 mil millones de pesos con el objetivo de afrontar gastos corrientes; la oposición está dispuesta a concederle 18 mil millones siempre y cuando una parte se destine a municipios y comunas.

Además, el Frente Progresista quiere incorporar dentro del paquete de las seis emergencias (social, alimentaria, sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad) la inclusión de Rosario y Santa Fe dentro del reparto del Fondo de Obras Menores, algo que el peronismo resiste desde siempre con el argumento de que las dos principales ciudades ya reciben recursos nacionales correspondientes al Fondo del Conurbano.

Pese al fracaso de la sesión prevista para el jueves 27, el líder del bloque de senadores del Frente Progresista, Felipe Michlig, dijo que sigue siendo “optimista” de lograr un punto de equilibrio que satisfaga al gobierno y a la oposición “en tanto y en cuanto cada una de las partes entendamos que tenemos que ceder un poco para llegar a un acuerdo”.

Los motivos de Perotti

En la semana que pasó, en paralelo a la suspensión de la sesión en la cual el Senado debía tratar la Ley de Necesidad, el gobernador se refirió a la obra pública paralizada: “Estamos con todas las expectativas de poder arrancar y de poder contar con una Ley de Necesidad Pública que nos permita sentarnos con los constructores a los que se les debe entre seis y ocho meses para que ese empresario pueda tener, con una deuda negociada, un documento de cobro; será un año o dos, pero que la empresa sepa que tiene una certeza de cobro y no una acreencia incierta con el Estado”.

Según el mandatario, a partir de esa normativa se podrá retomar la obra pública “en base a recursos que nos pueden dar un financiamiento y empezar a retomar un ritmo de obra. Sobre todo en aquellas obras que tienen un grado de avance importante, aquellos proyectos que son prioritarios y aquellas obras que la no continuidad puede poner en riesgo la calidad y el mantenimiento de la misma. Esas son las prioridades”.

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