El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró ayer que será “respondido debidamente” el informe solicitado por la jueza federal María Servini de Cubría respecto de los cruces de llamadas entre teléfonos de la Casa Rosada y narcotraficantes.
El viernes pasado, Servini de Cubría confirmó que en la causa que investiga el tráfico de efedrina hay “entrecruzamientos de algunos llamados entre teléfonos de la Casa Rosada con algunos narcos” y que le había solicitado informes al respecto al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
“Todo requerimiento judicial debe ser respondido debidamente. Pero obviamente no creemos que haya ningún vínculo. En la Casa Rosada hay un conmutador que puede hablar cualquier empleado de cualquier nivel, por lo cual hay que ver”, señaló
Capitanich a un matutino porteño.
El jefe de ministros se pronunció así durante una visita a Bariloche, donde se mostró junto al presidente del bloque de senadores del oficialismo y precandidato a gobernador de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, durante la despedida del satélite Arsat 1.
La jueza Servini de Cubría procesó al ex titular de la Sedronar José Granero y a funcionarios a su cargo, al acusarlos de haber habilitado el ingreso de más de 40 mil kilos de efedrina que se desviaron al narcotráfico.
Al dictar el procesamiento, la magistrada señaló que estaban registrados los contactos telefónicos entre los acusados de ingresar efedrina, funcionarios de la Sedronar, Casa Militar y Presidencia, uno de ellos el empresario Alfredo Abraham, dueño de Farmacéuticos Argentinos, condenado el viernes pasado a 11 años de prisión: las comunicaciones se realizaron el 23 de febrero, el 3 de abril y el 29 de mayo de 2007.
También se investigan llamados que realizó el ex secretario de Granero, Miguel Zacarías: por entonces en la Rosada trabajaban dos de sus hermanos, Rubén (ex jefe de Protocolo) y Luis Zacarías (empleado de la secretaría privada de Presidencia), mientras que Máximo Rito Zacarías es ex empleado del Pami. Todos ellos están en la mira de la jueza Servini de Cubría.
La magistrada firmó esta semana un oficio dirigido al secretario general Parrilli, para que informe qué funcionarios o empleados de la Rosada utilizaban las líneas que recibieron los llamados sospechosos y amenazó con allanar la sede de gobierno en caso de no recibir respuestas.
El funcionario dio instrucciones de que se conteste el oficio, algo que sin embargo requerirá dos o tres días hábiles: “Como siempre, contestaremos el oficio en el plazo legal correspondiente”, indicó Parrilli en declaraciones reproducidas por un matutino porteño.
“La cobertura del Sedronar”
La legisladora porteña por Confianza Pública, Graciela Ocaña, consideró ayer que la jueza federal María Servini de Cubría está “intentando poder esclarecer la protección política” a grupos narcos al solicitar datos de las líneas telefónicas de la Casa Rosada involucradas en el caso de la efedrina.
“Lo de los teléfonos es central, porque en el caso de los traficantes de efedrina se hizo con la cobertura y el permiso del Sedronar, así hay que ver quién más estaba en esto”, apuntó Ocaña. La ex ministra de Salud del kirchnerismo, quien hizo denuncias contra laboratorios por el tráfico de efedrina, sostuvo que sería “muy grave” si el gobierno no atiende el requerimiento de la jueza.
La legisladora porteña remarcó que “Servini de Cubría intenta esclarecer en su investigación la protección política”.
“Es 100 veces más grave”
El consejero de la Magistratura del Poder Judicial Alejandro Fargosi sostuvo ayer que si la jueza federal María Servini de Cubría dijo que hay “entrecruzamientos de algunas llamadas de la Casa Rosada con grupos narcos”, es porque lo que está “pasando es 100 veces más grave”. “Hay que sacarse el sombrero por la valentía de la jueza Servini”, destacó.
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