El ministro de Desarrollo social de la Nación, Daniel Arroyo, reconoció que el gobierno está trabajando para implementar un ingreso básico destinado a sectores vulnerables en Argentina. El plan contempla el pago de una suma mensual y la generación de nuevos puestos de trabajo con anclaje al rubro construcción.
Desde el gobierno lo piensan como la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), implementado poco después del parate económico ocasionado por la pandemia. El beneficio visibilizó parte del nivel de informalidad laboral que existe en Argentina.
Con esa foto, de millones de personas que trabajan en la informalidad o que directamente se encuentran desempleadas y que se verán afectadas ante la continuidad de la crisis económica, el proyecto de Renta Básica Universal pretende ofrecer una contención.
“La idea es garantizar un ingreso de base y esto unirlo con planes para generar empleo, como el plan Potenciar Trabajo y con la urbanización de barrios populares”, explicó el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.
La continuidad del IFE
Si bien el próximo 10 de agosto comenzará el pago de la tercera cuota del IFE, y se baraja la posibilidad de una cuarta entrega, este nuevo plan pretende establecer un ingreso universal permanente.
El propio Arroyo reconoció: “Cuando empiece a pagarse el IFE 3 tenemos que hacer el empalme y empezar a pagar esta renta universal, y lo venimos conversando con actores políticos, sociales y sindicales”
Aún resta definir la cantidad de personas que lo percibirán, aunque ya adelantaron que no todos estarán en condiciones de acceder. El pago del IFE que comenzó en junio, alcanzó a 9 millones de beneficiarios.
Desde Desarrollo Social adelantaron que sobre ese total, serían unas 3 millones de personas, consideradas de alta vulnerabilidad, las que percibirían el nuevo beneficio.
De esta forma buscarán mantener la renta básica que proteja a los sectores más vulnerables de los efectos que la pandemia pueda generar en el corto plazo. Por otra parte estudian si se aplicará por persona o por familia.
En principio evalúan que el monto sea de 16.875 pesos, equivalente al salario mínimo vital y móvil. El proyecto puede implementarse vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), o pasar por el Congreso donde el borrador puede sufrir algunas modificaciones.
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