El 2017 será recordado como el año en que el gobierno nacional aceleró a fondo y dejó claro a los más distraídos sus métodos, pensamientos e intenciones. Lo hizo apoyado sobre los votos que logró el 22 de octubre pasado y gracias a la dispersión del peronismo opositor. Pero el sinceramiento no le salió gratis: el gobierno de Macri perdió en diciembre un 20% del pico de respaldo que logró tras las elecciones y el rechazo a sus políticas más impopulares ganó la calle, tanto sea por la acción de organizaciones sociales y mandos medios o regionales de los gremios, como por la presencia de simples ciudadanos que se convocaron en un masivo cacerolazo contra la reforma previsional.
La calle explotó este año por la decisión de la aplicación del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, para pedir por la aparición de Santiago Maldonado y contra el ajuste previsional que les quitó a los jubilados y beneficiarios de AUH 100 mil millones de pesos. Y la calle volverá a explotar cuando el gobierno trate en febrero próximo la reforma laboral; 2018 seguramente será el año de las movilizaciones contra las transferencias de ingresos de los sectores populares a los espacios más concentrados de la economía (que empezó en el primer minuto del gobierno de Macri pero se consolidó este año). Y será el año de la defensa del trabajo, no sólo contra una nueva reforma liberal que intenta maximizar las ganancias a costa del trabajador, con la excusa conocida de generar más empleo, sino contra la avalancha de importaciones que destruye el empleo local y contra la segunda ola de ajuste que se viene en el Estado nacional.
En el 2017 también quedó claro que frente a la movilización y el rechazo al ajuste el gobierno emplea tres estrategias: reprime, oculta y distrae. Con tres aliados diferentes: las fuerzas de seguridad, los medios concentrados y la Justicia. La represión ya se cobró dos víctimas fatales en el sur, además de periodistas, fotógrafos y manifestantes heridos en las marchas de Capital. Los grandes medios capitalinos, que todavía están en la parte donde sacan del gobierno todo lo que pueden como contraparte de una mirada indulgente, ignoran, confunden y siguen la agenda judicial que provoca golpes de efecto con detenciones a funcionarios del gobierno anterior y procesamientos y pedidos de prisión preventiva como el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 2017 fue el año de la detención a Amado Boudou, Julio De Vido y Cristóbal López, entre otros funcionarios y empresarios kirchneristas. Fue el año donde aparecieron como por arte de magia pericias nuevas de Gendarmería sobre la muerte de Alberto Nisman y donde el juez federal Claudio Bonadio insistió con el pedido de levantamiento de las alertas rojas a los acusados iraníes por el atentado a la Amia, pese a que el encargado de levantarlas lo desmentía a los gritos. Con la misma celeridad, la Justicia le permitió al represor Miguel Etchecolatz cumplir su condena en prisión domiciliaria, pese a la oposición de todos los organismos de derechos humanos.
El 2017 fue el año donde Macri logró fuerte apoyo en el Congreso gracias a los votos de las elecciones de octubre, a la presión sobre gobernadores y al “republicano” Miguel Ángel Pichetto, un peronista al que sólo parece interesarle la gobernabilidad, incluso por encima de los intereses populares que dice defender. Con ese esquema, el gobierno terminó el año legislativo aprobando en tratamiento exprés una reforma tributaria que le quita presión a los grandes contribuyentes y desfinancia a la Ansés, y cambios en la seguridad social que perjudican a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH.
Sin embargo, el fin de año envía señales negativas a la economía. Es difícil ver el crecimiento que dice haber logrado el gobierno cuando el arbolito que tapa el bosque grita “¡vendo, vendo!”, a 20 pesos por dólar. La devaluación de fin de año, al menos no muy resistida desde el gobierno, también impactará en los bolsillos de los sectores populares por su traslado a inflación. Este 2017 también va a terminar consagrando el déficit comercial más grande de la historia, que casi triplica al peor de la década del 90. Y con récord de endeudamiento, a razón de 100 millones de dólares por día.
En la micro, en estos días se conoció que el 60 por ciento de los asalariados no llega a pagar con su sueldo la canasta básica. La inflación cerró el año en niveles similares a los que encontró el gobierno en 2015. Las tarifas seguirán subiendo este año. La reforma tributaria incluyó rebajas en Ganancias para empresas, pero no para asalariados. En síntesis, el bolsillo del trabajador no tendrá respiro, en un marco de contracción laboral.
El 2018 será un año de profundización del ajuste. Frente al terreno fértil, el poder económico intentará sacar la máxima tajada. La oposición ha demostrado poca eficacia para resistir en defensa del más débil. La calle es el lugar que el gobierno no quiere entregar, donde se juega la resistencia –cuanto más pacífica más efectiva- a este nuevo y sincerado modelo económico y político.
