Luego de que la Justicia ordenara el allanamiento del gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, el Gobierno nacional le pidió la renuncia al funcionario sospechado de estar involucrado en el caso de la contratación de seguros de la Ansés.
El funcionario está sospechado de ser el nexo con la firma productora de seguros San Ignacio, una de las que intermedió en la millonaria póliza del organismo de seguridad social. Durante la administración de Alberto Fernández, Tanos se había desempeñado como gerente comercial del sector público en Nación Seguros y luego, con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, fue ascendido a gerente general de la compañía.
También quedó imputado el actual gerente de compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio.
La documentación que obra en el expediente judicial muestra que Tanos ofició como contacto con la firma San Ignacio, una empresa que cobró millonarias comisiones por la contratación de la póliza de la Ansés.
En la serie de allanamientos ordenados por la Justicia también se incluyeron los domicilios de Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi, presidente y director suplente de San Ignacio.
Días atrás, Alberto Fernández había salido a referirse al escándalo a través de sus redes sociales y en algunos reportajes. Para eso, además de desmentir las versiones públicamente, levantó el teléfono y se comunicó con Milei, quien -aseguran- lo escuchó y aceptó los argumentos técnicos que ofreció ante cada una de las acciones que lo llevaron a la firma y la instrumentación del cuestionado decreto 823/21.
Según una auditoría de Nación Seguros, a pedido de la Justicia, la firma San Ignacio cobró 231.918.674 pesos por comisiones, sin contar las que habrían cobrado los intermediarios de las cuatro coaseguradoras de ese contrato: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.
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