El gobierno nacional está evaluando todas las concesiones de las rutas, autovías y autopistas nacionales y tomó la decisión de no renovar los contratos para que la administración esté en manos de Vialidad en los casos en los que se detecten incumplimientos en el mantenimiento e inversiones.
Así lo confirmaron a NA calificadas fuentes de la administración de Alberto Fernández, las que precisaron que se está realizando una auditoria de cada de una de las concesiones y hablando con las empresas concesionarias ante cada una de las falencias halladas.
Cuando finalice la auditoría, los voceros del gobierno darán a conocer cuáles serán las rutas, autovías y autopistas que volverán a manos del Estado, para ser administradas en adelante por Vialidad Nacional y sin que por ahora estén previstas licitaciones para volver a concesionarlas.
Según pudo averiguar NA, la primera ruta en volver a manos del Estado para ser administrada por Vialidad Nacional será la 34 General Martín-Miguel de Güemes, que nace en Santa Fe y atraviesa Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, terminando luego nuevamente en Salta, con un trayecto de 1.488 kilómetros.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, confirmó que el gobierno nacional tiene la decisión de tomar la administración de cinco corredores viales a medida que comiencen a vencer los contratos de concesión que se encuentran vigentes.
“Vamos a ir revisando todas las concesiones. Hay concesiones que están en manos privadas y hemos tomado la decisión que pasen a administración del Estado; hay cinco corredores que hemos decidido que a medida que venzan los contratos se van a pasar al Estado”, señaló en diálogo con radio El Destape.
En ese sentido, el ex intendente bonaerense detalló que “la ruta 188 en la provincia de Buenos Aires, las rutas 9 y 134 en Santiago del Estero, la 8 y 36 en San Luis, van a ir transfiriéndose a manos del Estado”.
“Va a ser el Estado el que administre esas rutas y el lucro que quedaba en el sector privado, ahora en manos del Estado se va a poder reinvertir para el mejoramiento de esas rutas”, aseguró el ministro.
Katopodis, criticó la política vial del macrismo y anunció que el gobierno se dispuso a revisar las concesiones también de los accesos Norte y Oeste, “que ya están judicializadas”.
En julio de 2018, la gestión de Mauricio Macri había renovado esas concesiones hasta 2030 con Autopistas del Sol (Ausol) con un plan de inversiones por más de 7.300 millones de pesos. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, llevó las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. No del ex presidente.
Macri se había excusado de intervenir en esta renegociación para evitar un eventual conflicto de intereses: Ausol es propiedad de la española Abertis (con el 31,59% del capital accionario) y la italiana Impregilo (19,82%). Pero el Grupo Macri, a través de Sideco, llegó a tener el 23% de las acciones de la concesionaria, que vendió en mayo de 2017.
Por otro lado, el gobierno ha decidido no continuar con las políticas de Participación Público Privadas (PPP) que el macrismo intentó impulsar en su gestión.
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