El gobierno nacional se presentó ayer como querellante en la causa abierta por el corte de ruta en Gualeguaychú y denunció penal y civilmente a los asambleístas en forma individual. Así lo informó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, durante una exposición ante la prensa con el ministro de Justicia, Julio Alak, en la Casa Rosada. El argumento empleado para adoptar esa estrategia es que la decisión judicial de liberar el tránsito es “de cumplimiento imposible” por su carácter genérico.
La decisión replicó de inmediato entre los asambleístas que mantienen el corte del puente internacional desde hace tres años contra la pastera Botnia. Reaccionaron con bronca y expresaron su repudio contra la decisión del gobierno de denunciarlos.
“Ellos no han hecho lo que tienen que hacer como Estado. No sólo que no resuelven el problema, sino que lo agravan poniéndonos a nosotros como enemigos de la población hermana de Uruguay”, dijo una asambleísta en declaraciones a la prensa. En tanto, el movimiento “Ciudadanos Movilizados de Gualeguaychú”, que el mes pasado pidió al juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que libere la ruta nacional 136, se manifestó confiado en que la orden judicial “se cumplirá de la mejor manera y sin violencia”.
El jefe de Gabinete adujo en conferencia de prensa que el fallo de un tribunal entrerriano para desalojar el corte es de “cumplimiento imposible” y remarcó que “sería en vano” notificar a los asambleístas de un hecho que “no se van a notificar”, por lo que el gobierno decidió presentarse como querellante en la causa y denunciar civil y penalmente a los ambientalistas.
Por eso sostuvo que “en lugar de notificar vanamente a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad a presionar hasta que tener que reprimir cuando nuestra política es no reprimir” se decidió este camino.
La denuncia penal “con nombre y apellido” de asambleístas, según Fernández es por una serie de figuras que abarca la sedición, la intimidación pública, el encubrimiento, el atentado y la resistencia a la autoridad, entre otras.
También se iniciarán demandas civiles contra los asambleístas por los perjuicios que causa el corte a comerciantes, al turismo y al comercio exterior.
“Sensatez y cordura”
El movimiento “Ciudadanos Movilizados de Gualeguaychú” que se diferencia de los asambleístas, se manifestó confiado en que la decisión judicial “se cumplirá de la mejor manera y sin violencia”.
La dirigente del movimiento Cristina Garciarena dijo que “está convencida” que la orden de liberar la ruta que conduce al puente internacional General San Martín “se hará sin violencia”.
“Estamos en una situación delicada y tiene que primar la sensatez y la cordura”, advirtió Garciarena. Pidió también “no exacerbar los ánimos para impedir que la sociedad de Gualeguaychú se divida”. Y advirtió que como consecuencia del bloqueo “se está creando una xenofobia que no tiene razón de ser, cuando en realidad siempre fuimos hermanos con el Uruguay”.
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