El Ciudadano
El gobierno nacional intervino este jueves un sindicato portuario que actúa en Santa Fe y Corrientes por “irregularidades” y designó allí a un ex apoderado legal del Somu en tiempos de la gestión de Omar “Caballo” Suárez. Se trata del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, liderado por Jorge Vargas.
La intervención del Supa avalada por la Justicia, fue oficializada a través de la Resolución 1174/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La cartera conducida por Dante Sica había solicitado la intervención del sindicato para designar a un funcionario «con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades», tal como señala el escrito judicial.
El Supa era controlado desde hace décadas por Herme Juárez, alias Vino Caliente, el sindicalista y empresario más importante relacionado con el complejo portuario del Cordón Industrial, quien fue detenido en agosto bajo la acusación por presunta asociación ilícita, lavado de activos y extorsión.
Juárez fue durante décadas el hombre clave del mayor puerto de exportación de cereales de la Argentina, a instancias no sólo del Supa sino, sobre todo, del control sobre la Cooperativa de Trabajos Portuarios. Bajo el paraguas de esa entidad organizó, de manera monopólica hasta el año pasado, todo el entramado de actividades de logística y estiba de las embarcaciones con tarifas que había fijado en dólares.
Asimismo, Juárez fue por años rival del propio Caballo Suárez con quien tenía en común la condición de protagonizar ambos lados del mostrador.
El Ministerio de Producción y Trabajo designó como interventor al abogado especializado en gremios Marcelo Esteban Urban, que había sido apoderado legal del Sindicato de Obreros Martítimos Unidos (Somu) durante la gestión del ahora detenido Caballo Suárez.
En abril de 2016, en el marco de la causa que investigaba una presunta defraudación al Somu, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había ordenado la separación total y el desapoderamiento del letrado, así como también lo había instado a que entregara todos los poderes originales que tuviese.
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