Por Mariano Pedrosa – Tiempo Argentina
La sala de prensa del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se colmó de familiares de víctimas fatales de la represión estatal. Decenas de fotos de jóvenes asesinados mayormente por la espalda desde hace décadas hasta la actualidad le ponen rostro a estadísticas que muestran que “es el Estado el que mata, más allá de los gobiernos”, como sostienen los familiares que participan en la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
El viernes 13 de diciembre a las 17 en Plaza de Mayo, la organización dará a conocer el nuevo informe anual de la situación represiva. Pero ya en 2018, a partir de su archivo, la Correpi alertó que Cambiemos es el gobierno más represor desde el regreso de la democracia, con un caso fatal cada 21 horas. En la conferencia de prensa, se refirieron a la cadena nacional que realizó Mauricio Macri: “Sus logros, como con tanta humildad dicen, fueron la puesta en marcha de un Estado de Excepción”.
Micaela Corzo, hermana de la víctima de gatillo fácil Rodrigo, señaló que el gobierno de Macri “transformó lo que solapadamente otros gobiernos ocultaron, en política de Estado”. La Correpi acompaña y visibiliza a las víctimas de represión estatal, a tal punto devela atropellos y violaciones a los Derechos Humanos que Patricia Bullrich los puso en su mira e intentó amedrentarlos y desacreditarlos mediante un contrainforme que se atrevió a titular Ministerio de Seguridad de la Nación versus Correpi. Sin embargo, “no pudieron desmentir un solo caso”.
“No alcanzó con la resolución 956 que legalizó el gatillo fácil para las fuerzas federales, con el programa Restituir que premió la impunidad de los asesinos de uniforme, con la resolución 845 que promovió el Servicio Cívico Voluntario para adoctrinar a los pibes que no pudieron fusilar, con el programa Ofensores de Trenes para detenerlos arbitrariamente, con la promoción de la baja de edad de punibilidad para encerrarlos desde la cuna. Tenían que nombrarnos, para hacernos sentir amenazados ante la declaración de guerra de un Ministerio de Seguridad del Estado”. Y el 30 de septiembre el descaro se transformó en cinismo, señalan por la fecha en que Bullrich presentó su precario contrainforme.
El informe que presentará la Correpi se corresponde con el fin de mandato de Mauricio Macri, de modo que funciona como una suerte de balance de su gestión. Blanco sobre negro, el anuncio de Bullrich como futura presidenta del PRO indica que la aplicación de la doctrina Chocobar, lejos de ser vistas con bochorno son consideradas el punto más fuerte de la gestión de Macri y por una porción de sus votantes. Recibir a un uniformado el mismo día en que asesina de tres tiros por la espalda a un joven que escapa desarmado, como hizo la policía Carla Céspedes con Ariel Santos en 2016, fue la política estatal que reivindica Cambiemos y contra la que lucha la Correpi.
El archivo de Correpi incluye todos los casos que implican el empleo de una política represiva y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima. Sin embargo, su carácter es provisorio, ya que se enfrenta al encubrimiento de muchos episodios represivos “especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables” por lo que es probable que a pesar de todos los esfuerzos los números sean más altos.
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