El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó este mediodía en duros términos al juez federal Edmundo Carbone, por haber dictado un fallo que suspende la aplicación de dos artículos de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, y denunció “una presión altísima” por parte del Grupo Clarín.
“Nadie en sus cabales, no teniendo competencia y faltando 15 días para que se retire, hubiese firmado una medida cautelar. Lo que dicen en las cercanías de este señor, es que la presión por parte del monopolio ha sido altísima, yo no puedo constatarlo, pero lo dice su propia gente”, advirtió el jefe de Gabinete.
Fernández recordó que el juez “llamativamente no tiene competencia para hacer estas acciones y está renunciado desde el 6 de noviembre, y termina su función el 31 de diciembre”.
El Gobierno apelará la resolución judicial contra dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, considerando que es “sumamente llamativo” que la medida fuera adoptada poco antes de que el juez Edmundo Carbone concrete la renuncia a su cargo.
El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó que apelará la resolución del juez que suspendió dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y restan 6 días hábiles para que abandone definitivamente su cargo”, dijo el ministro.
La acción judicial fue anunciada oficialmente a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia.
“La resolución dictada por el juez Edmundo Carbone, haciendo lugar a una presentación judicial de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es sorprendentemente extraña y seguramente será revocada por una instancia judicial superior”, dijo Alak.
En ese sentido, consideró que “resulta sumamente llamativo que el magistrado haya adoptado esta medida cuando su renuncia al cargo fue aceptada el 6 de noviembre y el 31 abandona definitivamente su cargo”.
Y agregó: “Si bien la medida es totalmente provisoria, pretende descalificar la plena vigencia jurídica de la ley sancionada recientemente por amplia mayoría en el Congreso de la Nación”.
El ministro consideró “extraño que el juez, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Capital Federal desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el Estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo”.
“Por lo tanto, queda claro –agregó- que esta medida no es una declaración de inconstitucionalidad. Es una medida absolutamente provisoria, un examen superficial de la cuestión y, además, no está firme porque no ha sido confirmada en una instancia superior”.
Por lo tanto, concluyó Alak, “la resolución judicial no ha vulnerado el derecho del Estado, el que continúa resguardado; será impugnada judicialmente por el organismo competente y, seguramente revocada, porque no se ajusta a derecho”.
Comentarios