“La protesta ya dejó de ser un reclamo o una lucha popular para ser un capricho”, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en un nuevo intento por meterle presión a la Justicia y a los asambleístas por el corte de ruta en Gualeguaychú. Del otro lado, el abogado Luis Leissa, integrante de la asamblea de la ciudad entrerriana, calificó de “amedrentamiento” y de una “forma sutil de represión” la decisión del gobierno de querellar penalmente con nombre y apellido a quienes protestan en el corte del puente José de San Martín, que une a la ciudad entrerriana con Fray Bentos.
Leissa se mostró “sorprendido” por la actitud del Ejecutivo y el “sorpresivo giro” de la postura oficial en las últimas horas, y condenó esta actitud de judicializar la protesta.
Hasta el intendente K, Juan José Bahillo, se sumó a las críticas en defensa de sus vecinos señalando que está en contra de “judicializar” el conflicto por el funcionamiento de la papelera Botnia, luego de que los ambientalistas se movilizaron hasta la Municipalidad para pedir “explicaciones sobre la actuación del gobierno” (ver aparte).
En tanto, el dirigente Luis D’Elía se refirió al conflicto que lleva más de tres años y dijo que “la gente está harta” del corte y reclamó que se desaloje el puente. El líder de la Federación Tierra y Vivienda agregó que “hubo un tratamiento semántico distinto” sobre la protesta en Gualeguaychú porque “durante años se llamó asambleístas a quienes claramente llevaban adelante piquetes, igual que nosotros”.
El jefe de Gabinete consideró que la Justicia va a tener que tomar “cartas en el asunto” y actuar sobre cada uno de los asambleístas que mantienen el piquete en la localidad entrerriana contra la pastera Botnia, luego de que el gobierno los denunciara penal y civilmente por la continuidad del bloqueo de la ruta 136.
“El juez (de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel) va a tener que actuar, en algún momento los va a procesar y si insisten va a ordenar detenerlos”, sostuvo Fernández sobre los ambientalistas.
También el ministro del Interior, Florencio Randazzo, hizo declaraciones sobre el tema en nombre del gobierno, y consideró que los asambleístas “deben recapacitar” porque la medida “obstruye la posibilidad de que Argentina controle la contaminación del río Uruguay”.
“Los asambleístas tienen que recapacitar y llevar adelante otro tipo de acciones y no ésta, porque perjudica además las relaciones entre Argentina y Uruguay, perjudica a los ciudadanos, al comercio”, sostuvo Randazzo en un acto por el Día de la Seguridad Vial.
El ministro explicó que el cambio de actitud del gobierno se debe a que “la situación se ha modificado sustancialmente después del fallo del tribunal internacional de La Haya”.
“En estos últimos tres años los hemos acompañado de la mejor manera, siempre dijimos que no había que reprimir pero ahora hay que respetar el fallo internacional”, remarcó.
“Sutil forma de represión”
En tanto, el abogado Luis Leissa, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú, calificó de una “forma sutil de represión” la decisión del gobierno de querellar penalmente con nombre y apellido a quienes protestan.
“Es una actitud disparatada del gobierno y nos sorprende el giro que realizó en menos de 24 horas, que busca amedrentar un reclamo pacífico y lógico. Esto se transforma en una medida sutil de represión”, señaló Leissa.
En declaraciones radiales, el integrante de la asamblea sostuvo que se analizan las medidas a seguir y condenó con firmeza la actitud del gobierno.
“Vamos a ver los pasos a seguir. Daremos la disputa en la Justicia y haremos una fuerte defensa de la causa penal que impulsa el Ejecutivo”, adelantó.
Señaló, además, que son respetuosos de la vida constitucional y por estas horas no pretenden tomar ninguna decisión en caliente.
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