Por segunda vez en cinco meses el Frente Progresista sufrió una derrota en la Legislatura. El traspié de esta semana fue una de esas jugadas que se hacen al filo y sale mal, con discusiones entre legisladores oficialistas en plena sesión y una declaración de repudio desde el Concejo Municipal de Rosario. Un traspié sólo compensado por la media sanción a la autorización de endeudamiento externo por 1.000 millones de dólares para hacer obras públicas.
La primera vez que la Legislatura contrarió al Ejecutivo fue el mes pasado, cuando frustró la idea de que el jefe de Policía de la provincia fuese respaldado por las cámaras. Una comisión bicameral devolvió el pliego del comisario Luis Bruschi explicando lo que no hacía falta explicar: que no hay ley ni Constitución que fije que es función de ellos opinar sobre a quién elije el gobernador para dirigir la fuerza de seguridad. Algo así sólo sería posible como resultado de un diálogo previo en el que ambos poderes acuerden que uno somete su decisión al escrutinio del legislador y el otro asume responsabilidades voluntariamente. Ninguno de esos pasos se cumplió y el proyecto igual fue girado. Se podría decir que diputados y senadores fueron amables al devolver el pliego y no rechazarlo, lo que hubiera resultado un costo más alto para el flamante gobierno.
El segundo traspié sobrevino el jueves pasado, cuando de “manera solapada”, según la descripción de diputados de la oposición, se intentó aprobar un proyecto de la socialista Clara García que introducía una reforma transitoria a la ley orgánica de municipalidades, delegando en las intendencias la potestad que esa norma le asigna a los concejos municipales de fijar el precio del transporte urbano.
Ya lo dijo Tu Sam
Conscientes de que la idea parte aguas entre la dirigencia política, el oficialismo apostó por una aprobación exprés sustentada en una base mínima de acuerdo compuesta por el Ejecutivo, la UCR, un sector peronista y el PRO, que acompañó con sus firmas el dictamen obtenido la misma tarde del jueves.
Como decía Tu Sam, “a veces puede fallar”. Y esta vez falló cuando se conjugaron distintos factores. La ausencia de dos diputados radicales; Rubén Giustiniani, Silvia Ausburger y la diputada Alicia Gutiérrez no estaban de acuerdo y decidieron abstenerse, y el demócrata progresista Gabriel Real anunció el voto en contra, dijo haberse enterado del proyecto a último minuto y protagonizó un cruce verbal en plena sesión con el jefe del interbloque oficialista, Eduardo Di Pollina. Probablemente el motivo del enojo estuviera relacionado con que el guiño desde el PDP lo había dado el concejal rosarino Aldo Poy.
En el medio se produjo una rápida reacción opositora desde el Concejo Municipal de Rosario, que a esa hora estaba también reunido y le cortó el paso con un comunicado de repudio al intento que salió con los votos de toda la oposición a excepción de los concejales del Frente Progresista que, tal como la semana pasada, cuando debieron aprobar el aumento del boleto, actuó sin fisuras.
La repercusión pública de ese comunicado terminó por desbaratar la estrategia legislativa de los diputados oficialistas. Los peronistas que habían hecho un guiño al proyecto se echaron atrás. También el PRO, aunque en este caso resultó más estruendoso, porque dos de sus diputados habían aportado las firmas para sacar el dictamen de comisión en el mismo día.
Un tema controvertido
La discusión por el precio del boleto de transporte urbano es un clásico que anima la política local.
Leyes que tienen una pila de décadas le asignan esa potestad a los concejos municipales, haciendo que sea un caso único. El resto de las tarifas públicas se define en instancias administrativas, a lo sumo previa audiencia pública no vinculante como en la órbita nacional o el caso de Aguas Santafesinas.
El tema reparte opiniones y es controvertido. Los gobiernos municipales lo vivieron y lo viven como un verdadero problema de gobernabilidad.
En Rosario hubo épocas en que el Concejo delegó temporalmente la potestad en el Ejecutivo. En la ciudad de Santa Fe José Corral goza de esa posibilidad hoy en día.
En el caso de Rosario hay que reconocer que el Concejo aportó herramientas en los últimos años que ayudaron a amortiguar el impacto inflacionario de la última década. La contratara es cierto abuso del juego político que sólo responde a posicionamientos personales o sectoriales.
La práctica demuestra que 28 concejales discutiendo un precio resulta poco conducente.
Los concejales tranquilamente podrían impulsar la tarjeta laboral, el fondo compensador, el componente de subsidio de la tarifa, derivar nuevos recursos tributarios al transporte sin necesidad de estar en la definición de si la tarifa debe ser 10 centavos más o menos.
Por lo demás, el costo político de subir el boleto lo asume el intendente de turno, y no hay ningún impedimento para que fijen posición pública, disientan y critiquen la decisión que se toma desde el Ejecutivo.
El futuro no va en colectivo
El intento por archivar desde la Legislatura ese viejo debate fue motivado por la situación del Concejo de Rosario, donde el oficialismo está lejos de tener mayoría y la construcción de acuerdos se dificulta por la existencia de 18 bloques sobre 28 ediles.
Se buscó resolver en Santa Fe lo que no se puede hacer en Rosario, ya que con la actual composición del Palacio Vasallo es impensable una nueva cesión de facultades al Palacio de los Leones.
Es entendible que el oficialismo (en este caso todo el interbloque dio su acuerdo) quiera despejar un frente de conflicto como el del boleto, que además con la inflación es recurrente, pero no debería entenderlo como una cuestión por la que valga la pena quemar naves: la suerte de la gestión de Mónica Fein, y con ella del Frente Progresista en la intendencia, no depende de si el boleto aumenta más o menos, si no de que concrete el cambio que se comprometió con la ciudad en medio del tembladeral que fueron las elecciones del año pasado.
De hecho, en la misma sesión en que tropezó con el intento de sacarles a los concejos municipales la posibilidad de fijar tarifa, el oficialismo se anotó una victoria gigante con la media sanción para tomar 1.000 millones de dólares en el exterior para hacer obras de infraestructura.
Más que del precio del boleto, el futuro depende de la posibilidad de inversión pública directa, de recuperar terreno en el mantenimiento de la ciudad, de un mejor transporte como sistema y de profundizar la llegada en cada barrio y distrito de la ciudad.
El respaldo económico y político de Miguel Lifschitz alivió la situación de Mónica Fein. El objetivo de la intendenta en su segundo mandato es no dejar que se vuelva a caer la ciudad, para ella irse y dejar con posibilidades a otro dirigente del Frente Progresista para que la suceda.
Por lejos, 2016 es el año poselectoral con más obra pública en mucho tiempo, en especial la de escala barrial, dato que se puede observar con sólo recorrer la ciudad y comparar con otros años en los que apenas terminados los comicios las obras se paralizaban o en el mejor de los casos “reprogramaban” plazos.
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