Los diputados del Frente Progresista Juan Cruz Cándido y Lionella Cattalini presentaron una demanda en el Centro de Justicia Penal de Rosario, para que se investigue la licitación del Ministerio de Seguridad, finalmente suspendida, para la compra de 12.000 armas. El proceso licitatorio se suspendió unos días antes de la fecha prevista por la licitación y además hay un amparo presentado por una empresa que pretendía participar de la compulsa de precios. La medida cautelar fue resuelta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de Tribunales de Santa Fe e hizo lugar una serie de planteos que realizó la firma Bersa, que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional ya participó en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial.
“Hay fuertes sospechas de que con esta licitación se está intentando favorecer a una empresa determinada, por eso nos presentamos ante la Justicia en representación de los santafesinos y santafesinas perjudicados” señalaron los legisladores.
La presentación judicial la presentaron los integrantes de la Comisión de Seguridad de la cámara baja, junto a sus pares Rosana Bellatti y Esteban Lenci. “Las sospechas en la licitación no las tenemos solamente nosotros, el propio Ministerio de Economía pidió suspender la licitación y luego se sumó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo” explicaron los legisladores y advirtieron que piden que se investigue supuesto “fraude a la administración pública en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“El Ministerio de Seguridad en lugar de ocuparse de los reclamos de la gente, pareciera que está viendo cómo puede favorecer a determinada empresa. Estamos hablando de una licitación de 1400 millones de pesos aproximadamente. Además, de las 10 licitaciones que iban a llevar adelante, cumplieron con una, la segunda es ésta que queda suspendida, en un contexto de recrudecimiento del delito y de los índices de violencia, no entendemos las demoras en la gestión de un área que requiere agilidad”, agregaron.
“Hay fuertes sospechas de que con esta licitación se está intentando favorecer a una empresa determinada”, argumentaron. La licitación tenía prevista la adquisición de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotirador y 6 fusiles para francotirador de cerrojo manual. Sin embargo, la Justicia ordenó cambiar esa condición del pliego licitatorio, tras presentación de uno de los oferentes.
La apertura de sobres de licitación estaba previsto realizarse el pasado 5 de febrero. Pero todo se truncó cuando Bersa interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” y que “no sólo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.
El ministerio de Seguridad elaboró un dictamen, a través del secretario de la cartera Germán Montenegro, con el que desestima la impugnación de Bersa, que busca poder concursar en la compra de 12 mil pistolas semiautomáticas y sostiene que no puede hacerlo si también debe ofrecer 272 armas largas.
El texto del ministerio de Seguridad describe el parque de armas que “reviste características críticas”. Y detalla: “1) Excesiva diversidad de marcas, modelos, origen de fabricación y antigüedad en los diferentes tipos de armamentos provistos y en stock; 2) Serias deficiencias en el manejo de la información relativa al material disponible; 3) Imposibilidad determinar con exactitud la cantidad total de armas y realizar su correcta auditoría; 4) Ausencia de regularidad en los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo; 5) Escasa normatividad referida a la logística, administración, soporte y gestión del parque de armas”.
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