Ezequiel Nieva
El bloque justicialista del Senado impuso su propio proyecto de fondo salarial –con el cual la provincia se hará de 1.400 millones de pesos para otorgar aumentos a estatales y docentes– y, al menos hasta mitad de año, la industria, la producción agropecuaria y la construcción seguirán exentas del impuesto a los Ingresos Brutos. El fondo se conformará con recursos de diversos orígenes: los 500 millones incluidos en el presupuesto 2010 para incrementos en la política salarial, un ahorro en todos los gastos de funcionamiento del gobierno –a excepción de la partida de personal–, 250 millones del endeudamiento autorizado por la Legislatura, 100 millones de la moratoria avalada por el oficialismo y 450 millones de ingresos –tanto propios como de coparticipación– por encima de lo presupuestado.
Las dos votaciones en el Senado fueron por unanimidad. El representante del departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, fue el encargado de fundamentar el proyecto. Apoyado con la proyección de un power point en pantalla gigante –algo que irritó sobremanera a los diputados del Frente Progresista y por esa razón se desmoronó un acuerdo previo–, el senador reutemista hizo una larga disertación en la que señaló la forma en que el gobierno de Hermes Binner debería manejar las cuentas de la provincia. Después, todos los senadores votaron el proyecto, según lo acordado antes de la sesión. También el socialista Juan Carlos Zabalza, quien incluso agradeció el gesto de la oposición de dar el debate por el fondo salarial como paso necesario para destrabar los paros que en las últimas tres semanas mantuvieron paralizada a la administración pública.
Las votaciones en el Senado aparecen como una nueva derrota política del Frente Progresista, que terminó cediendo tres de sus posiciones iniciales: se aceptó utilizar crédito para pagar sueldos, se aceptó la moratoria propuesta inicialmente por el PJ y vetada por el Ejecutivo en enero –ambas herramientas descartadas en su momento, de palabra, por el ministro de Economía Ángel Sciara– y, por último, se acabó aceptando la determinación de la oposición sobre la reforma tributaria. Por tercera vez en menos de dos años el gobierno fracasó en su intento de gravar con Ingresos Brutos a las actividades exentas. Si bien después la Cámara de Diputados insistió –aunque con mayoría simple– con el proyecto sancionado el martes –que sí incluía la aplicación de nuevos impuestos–, más tarde la Cámara alta recibió ese dictamen y volvió a modificarlo, aprovechando que allí el PJ tiene mayoría especial.
La moratoria ocupa la mayor parte del proyecto y alcanza a todos los impuestos provinciales vencidos al 31 de diciembre de 2009. Entre los 450 millones de ingresos extra se incluyen los fondos que puedan llegar a la provincia en caso de que se modifique el reparto del impuesto al cheque o de que se reconozca alguna de las deudas que la Nación mantiene con la provincia. La ley sancionada ayer también autoriza al Ejecutivo a usar el 100 por ciento del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco) para gastos corrientes: unos 200 millones de pesos que la provincia se presta a sí misma a tasa cero. Los municipios y comunas podrán usar la mitad del Fondo de Obras Menores para salarios y también serán beneficiados en caso de que los ingresos del Fondo Sojero superen los 557.396.000 pesos. El destino de ese excedente queda en manos de la comisión que se creará para monitorear el fondo salarial.
Esa comisión tendrá varias atribuciones: la primera y más importante, hacer el seguimiento de los ingresos del fondo salarial; en caso de que no resultaren según lo estipulado en la ley, la comisión emitirá un dictamen en el que podrá sugerir la necesidad de discutir una reforma tributaria. El compromiso del jefe del PJ Ricardo Spinozzi, de dar el debate después del 30 de junio, quedó en un anuncio verbal y no fue plasmado por escrito en el dictamen que se iba a sancionar anoche, pasadas las 23. La conformación de la comisión de seguimiento estará en manos del Ejecutivo; en la ley se establece que se integrará con representantes de las dos cámaras legislativas, del gobierno y de los gremios que participan de las paritarias.
Respecto del proyecto que el martes había recibido media sanción de Diputados, el cambio más significativo es la eliminación de la aplicación de Ingresos Brutos para la construcción, la industria y la producción oleaginosa. Pero también se eliminó otra modificación: la que reducía el descuento del Drei sobre Ingresos Brutos del 10 al 5 por ciento.
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