Corresponsalía Santa Fe
El fiscal general de la provincia Jorge Baclini presentó su primer informe de gestión ante la Legislatura, del que se destaca el incremento de las audiencias realizadas ante los tribunales penales desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema procesal en febrero de 2014: la cantidad de juicios orales y públicos realizados en 2017 fue 146,1% superior a la de 2015. Además, Baclini adelantó los ejes del Plan de Desarrollo Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para los próximos cinco años, entre ellos la incorporación de los primeros 24 detectives que se encuentran en tareas de capacitación.
Este miércoles, Baclini presentó su primer informe de gestión en la Legislatura y expuso un resumen de los resultados obtenidos en su primer año al frente del MPA. Además dio detalles de los lineamientos para los próximos 7 años.
“A sólo cuatro años de la puesta en funcionamiento del sistema procesal penal, la cantidad de audiencias realizadas ante los tribunales penales se incrementó 319%”, indicó Baclini. “De 6.074 audiencias llevadas a cabo en toda la provincia en 2014, se pasó a 19.415 en 2017”.
Pero no solo aumentó la cantidad de audiencias, sino también los juicios orales y públicos, una de las principales innovaciones del nuevo sistema: “En 2014 se hicieron 9; en 2015 fueron 39; en 2016 se llevaron a cabo 74; mientras que en 2017 se hicieron 96. Es decir, vemos que hubo un incremento constante y sostenido”. Los juicios abreviados pasaron de 1.271 en 2015 a 2184 en 2017.
De acuerdo a los datos del MPA, dos de cada tres investigaciones se iniciaron en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario (65,4%). En la Fiscalía Regional de Santa Fe, por su parte, se crearon dos de cada diez (19,5%). En los otros territorios se generaron porcentajes menores: en la Fiscalía Regional de Rafaela el 6%; en la Fiscalía Regional de Reconquista el 4,8%; y en la Fiscalía Regional de Venado Tuerto el 4,2%.
Desde la puesta en marcha del nuevo sistema hasta el 31 de diciembre de 2017 los delitos más investigados fueron contra la propiedad (259 mil casos), seguidos por los delitos contra las personas (199 mil casos), contra la libertad (135 mil) y, en último lugar, contra la administración pública (32 mil).
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