El Ciudadano
Marcelo Sain y otros ex siete funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe fueron imputados este martes en Tribunales de Santa Fe. Al ex ministro en los primeros 15 meses de gestión del gobernador Omar Perotti le atribuyeron una veintena de delitos, entre ellos el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada a realizar tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos, empresarios, dirigentes sindicales, militantes opositores y funcionarios judiciales, entre otros. Las audiencias fueron en libertad, con lo cual no hubo imputación ante un juez, y se desarrollaron en la oficina de la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA de la primera circunscripción.
En la acusación, la Fiscalía les atribuyó a los imputados formar parte en una asociación ilícita, de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y del Organismo de Investigaciones (Sain fue primero jefe del OI, donde pidió licencia para asumir como ministro y a donde volvió tras su eyección del gabinete de Perotti), con el objeto de cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
De acuerdo con la investigación, la asociación funcionó entre el 20 de diciembre de 2019 y el 27 de noviembre de 2021 (el ex ministro dejó de ser titular de la cartera de seguridad en marzo de 2021) y estuvo integrada al menos por Sain, Esteban Germán Montenegro (secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica del Ministerio de Seguridad con funciones en la secretaría de Control Institucional), Diego Rodríguez (subsecretario de Control Institucional), Pablo Álvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Débora Cotichini (jefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones), Milagros Bernard (contratada por la subsecretaría de Control Institucional) y María Agustina Moulins (contratada dentro de la órbita de la secretaría de Seguridad Pública, subsecretaría de Investigación Criminal).
Según la acusación formulada por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, dicha organización delictiva poseía estructura piramidal y era encabezada por Sain en carácter de jefe, seguido por Schujman en rol de organizadora en el Ministerio de Seguridad, y por Cotichini como organizadora en el Organismo de Investigaciones.
En el marco de dicha asociación ilícita, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados, refiere la investigación de la Fiscalía Regional Santa Fe.
En el marco de dicha asociación ilícita, Sain dispuso en uso de su potestad jerárquica, tanto como ministro de Seguridad como de director del OI, de los medios por los cuales la asociación ilícita se valió para ejecutar sus planes criminosos (atento a la disposición funcional que poseía sobre los demás miembros de la asociación ilícita y las personas a las que se solicitaban tareas ilegales de inteligencia y recopilación de datos, disposición de los recursos, instalaciones y herramientas de trabajo del Ministerio de Seguridad y OI, claves que fueron solicitadas a distintos organismos públicos y privados.
Refiere la investigación que Sain también utilizó para fines ajenos a la prevención en seguridad y la investigación penal (ya sea para fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente), la información personal cuya obtención ilegal ordenó.
Además, según los fiscales de la ciudad de Santa Fe, utilizó información obtenida en el marco de investigaciones penales violando el deber de reserva. Asimismo coordinó acciones con los organizadores y demás miembros de la asociación ilícita (mediante conversaciones cotidianas, reuniones periódicas, comunicaciones telefónicas y por aplicaciones de mensajería) para el montaje y funcionamiento de la estructura destinada a recopilar ilegalmente información de personas físicas y jurídicas.
Por otra parte, siempre según la acusación, omitió deliberadamente el debido control sobre el personal directamente a su cargo en el Ministerio de Seguridad y el OI a los fines de favorecer la realización de actividades de inteligencia prohibidas por parte de los organizadores y miembros de la asociación ilícita, precisaron los fiscales.
El ex ministro de Seguridad dispuso de los medios económicos necesarios para sustentar el funcionamiento de la organización delictiva mediante la utilización de las partidas de gastos reservados de la Secretaría de Control, la contratación de servicios a nombre del Ministerio de Seguridad (Sudamericadata, Veraz y NOSIS, entre otros), la contratación de Agustina Moulins y Milagros Bernard por parte del mismo Ministerio, la disposición de las oficinas públicas, su mobiliario, recursos e insumos, describe Fiscalía.
Dictó órdenes abusivas y contrarias a la legislación, sigue el MPA, a integrantes de la asociación ilícita y miembros de fuerza de seguridad para que apliquen violencia contra personas privadas de su libertad (a fin de obtener información o por el sólo hecho de causarles sufrimiento) y omitió deliberadamente (y ordenó a funcionarios a su cargo hacerlo) el debido control del accionar policial abusivo y violento cuando este era dirigido contra determinadas personas, añadieron.
A las ex funcionarias Nadia Schujman y Débora Cotichini, los fiscales Hernández y Grimberg le atribuyeron el rol de organizadoras de dicha asociación ilícita liderada por el ex ministro Sain. A Esteban Germán Montenegro, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard y Agustina Moulins, en tanto, le endilgaron haber sido miembros de dicha organización.
Además de la acusación por conformar una asociación ilícita, a Sain y sus ex funcionarios le atribuyeron realizar acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas.
Con ello, dice la Fiscalía Regional Primera, procuraron además influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones de la provincia de Santa Fe.
Ello fue realizado además sin respetar los principios de necesidad y pertinencia, utilidad, proporcionalidad y legalidad de la inteligencia criminal, acusaron, y describieron que, a su vez, divulgaron información reservada adquirida en ejercicio de sus funciones sin que medie orden o dispensa judicial.
Tales actividades eran desarrolladas accediendo a bases de datos públicas y privadas (tanto abiertas como de acceso restringido), a información de medios de comunicación y redes sociales, datos brindados por personas que actuaban como informantes y se desempeñan en ámbitos públicos y privados (policías, empresarios, periodistas), acceso a legajos y expedientes penales, a evidencias obtenidas en investigaciones penales, “tareas de calle”, entre otras.
De esta manera recababan información personal, patrimonial, de contacto, de actividades y relaciones personales de personas humanas y jurídicas. A tal fin, las bases de datos más utilizadas por los imputados fueron: Sudamericadata, Nosis, Veraz, Migraciones, DNRPA, Registro Civil, sistema de legajos del MPA, EPE, Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTyS), Migraciones, Ministerio de Salud, Municipalidad de Rosario, multas de Rosario y Santa Fe, bases de datos del Ministerio de Seguridad, CUITOnline, AFIP, Renper, Dateas, Tribunal Electoral de la Provincia, denuncias efectuadas ante el CTD, Banco Central, Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro de la Municipalidad de Rosario, Datacels, Sistema de Consultas Penales Unificadas, Superintendencia de Riesgos
de Trabajo, Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario, Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Boletín Oficial de Santa Fe, Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, Superintendencia de Servicios de Salud, Tribunal Municipal de Faltas de Rosario, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ansés, entre otras.
Con los datos así recabados se confeccionaban informes de inteligencia que documentaban, reunían, sistematizaban y valoraban toda la información obtenida de una persona o grupo de personas determinadas, los cuales eran llamados por los propios imputados “informes”, “perfiles” o “dossier”. Los mismos contenían también información e imágenes de la persona humana obtenidas de la base del Renaper, de sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) y medios de comunicación.
Los fiscales Hernández y Grimberg señalaron que al menos a partir del 30 de diciembre de 2019, la asociación ilícita -que incluso se prolongó luego de la renuncia de Sain como ministro- se dedicó a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre el antecesor de Sain en el cargo Maximiliano Pullaro -uno de los querellantes en la causa- y su entorno familiar y político, por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria.
En este marco se obtuvo y produjo información respecto del ex ministro de Seguridad y actual diputado de Juntos por el Cambio, sus hermanos, su ex secretario privado Daniel Roberto Di Lena, su secretario de Seguridad Pablo Cococcioni, y personas definidas como “íntimos” de Pullaro.
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