Ciudad

Puntos de vista

“El Estado tiene que estar con nosotras, no perseguirnos”

Georgina Orellano, titular del gremio de Mujeres Meretrices, defendió a las trabajadoras sexuales de las políticas anti-trata.


“La dignidad no está en la vagina, está acá”, dice con firmeza Georgina Orellano, y se señala la cabeza. “Vemos ahora cómo los partidos políticos se prostituyen. Nosotras no lo hacemos nunca con nuestras ideas y convicciones”. La mujer, de mirada intensa, es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar) a nivel nacional, y en este caso habla representando a las trabajadoras sexuales organizadas. Orellano tiene 28 años y junto a sus compañeras lleva años levantando las banderas por una ley que regule el trabajo sexual. Afirma que, pese a no ser ilegal, la prostitución es cada vez más clandestina y precarizada, y que para que la situación cambie el país deberá despojarse de prejuicios y de una moral que nada tiene de genuina. Por eso se señala la cabeza y repite una y otra vez dónde está y qué es para ella la “dignidad”.

Georgina Orellano llegó a Rosario la semana pasada tras los allanamientos a dos locales de prostitutas que se realizaron en la zona de la Terminal de Ómnibus. Los operativos y la movilización de las mujeres que allí trabajaban instalaron en Rosario un debate que la ciudad de Sandra Cabrera –dirigente de Ammar asesinada en 2004 tras denunciar corrupción policial– se debe hace tiempo: quiénes son las trabajadoras sexuales, cuáles son sus condiciones, cómo le afectan la aplicación de las políticas anti-trata. “La única violencia que se sufre en este caso es la institucional. Hicimos la actividad para cortar con la hipocresía. Escuché a funcionarios decir que habían rescatado a víctimas de trata y eso nos dio mucha bronca. Se llenan la boca diciendo que hicieron un trabajo intenso, que rescataron a víctimas y en realidad exponen a compañeras a una mayor vulneración de sus derechos. Estamos en un contexto de campañas políticas, elecciones en todos los niveles del Estado, y no podemos permitir que levanten la bandera de la lucha contra la trata cuando en realidad estás empujando a mujeres a una mayor precarización”.

—¿Cuál es la postura de Ammar frente a las políticas anti–trata?

—Estamos totalmente en contra de la trata. Nuestra crítica es hacia cómo se realizan los operativos antitrata. Durante los allanamientos rompen todo, entran armados, ponen a las compañeras contra la pared, las desnudan. Estamos en contra de eso, de la humillación. Supuestamente buscan víctimas de trata y las prejuzgan como delincuentes.

—La semana pasada usted señaló a Rosario como una de las ciudades más inseguras y desprotegidas, ¿por qué?

—Rosario está reliberada, la venta de droga está donde están las compañeras, les roban y golpean, y nadie las protege. Los que deberían hacerlo son las fuerzas policiales y parece que están del otro lado. La Policía santafesina no puede llevar detenida a una mujer que está trabajando en la calle. Y no la detiene, pero sí la está amedrentando permanentemente. En Rosario hay muchas extranjeras que desconocen la ley y no saben en qué ampararse. La Policía les pide plata y les dice dónde trabajar, o no.

—¿Por qué, desde el asesinato de Sandra Cabrera, es tan difícil que en la ciudad se re-organice Ammar?

—Las compañeras tienen miedo, porque a Sandra la mataron por denunciar a la Policía. Siempre estuvo el intento, tenemos delegadas, pero es difícil volver a organizarnos. Estamos poniendo el énfasis en el empoderamiento de las mujeres: les enseñamos sus derechos, damos charlas. Tal vez con este conflicto podemos volver a organizarnos.

—¿Hay un cambio en la violencia que se ejerce sobre las trabajadoras sexuales?

—Con el paso de los años el trabajo sexual se criminaliza más. Hace tres años los cabarets y las whiskerías estaban habilitados. Eso implicaba inspecciones, que las chicas tuvieran libreta sanitaria, y condiciones laborales dignas. Las compañeras eran monotributistas, anotadas como alternadoras, y con eso podían hacer aportes jubilatorios, tener obra social, había un convenio colectivo dentro del lugar. A través de las políticas anti-trata se han implementado leyes provinciales y ordenanzas municipales que prohíben estos lugares. Y eso no significa que hayan dejado de existir. Están bajo otro rubro, y las compañeras más desprotegidas.

—Usted dijo que se puede clausurar, prohibir, pero el trabajo sexual va a seguir existiendo…

— Cada prohibición genera un negocio. Se prohibió el “rubro 59” y se abrieron otros nuevos: “Solos y solas”, “Masajes”. Antes, publicar salía 60 pesos por día; ahora, 200. En las páginas web antes publicábamos gratis, ahora nos cobran entre 800 y 1.000 pesos. Cada prohibición desprotege más a los sectores vulnerables. Sucede lo mismo con el aborto: está prohibido, pero existe. Sucede también con la marihuana: se llevan preso al pibe que fuma porro en la esquina, nunca al que se la vende. Siempre se corta el hilo en lo más delgado.

—¿Qué sienten ustedes cuando las tildan de mujeres que cosifican el cuerpo?

—El gran problema acá es nuestra herramienta de trabajo. Hay una mirada impuesta sobre la mujer y nosotras nos corremos: hablamos de autonomía de los cuerpos, de ser trabajadoras autónomas. Nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo y si el Estado está presente con derechos y garantías no debería por qué haber una tercera parte intermedia que nos proteja. Pero frente a un Estado ausente vamos a buscar a un tercero que nos cuide y que se quedará con un porcentaje de nuestra ganancia. Mientras sigamos discutiendo si esto es trabajo o no, se sigue haciendo caldo gordo a la violencia institucional que sufrimos y al proxenetismo.

—El Estado, sin embargo, propone alternativas laborales a trabajadoras sexuales que no quieran serlo. ¿Cómo las ven?

—Nos dejan en el rol de mujer sumisa y funcional al patriarcado. Es como que la mujer de los planes sociales sólo puede aspirar a ser peluquera, costurera o tener un emprendimiento para hacer aritos. Se dice que nuestro trabajo es funcional al patriarcado, estamos en contra, no lo somos.

—¿Por qué dicen que no son funcionales al patriarcado?

—Porque nosotras tenemos el poder de decisión sobre nuestro cuerpo y en la relación con el cliente. Esto es un contrato entre las dos partes y las reglas las ponemos nosotras. Nosotras decidimos qué servicio sexual dar y cuál no, decidimos a qué hoteles vamos a ir, cuánto vamos a cobrar. El cliente acepta, no tiene poder sobre nosotras a través del dinero. No es que por 300 pesos nos va a pegar y a humillar o a hacer lo que quiera en una habitación. Muchas veces se piensa eso porque se habla de afuera, no en primera persona. Se escandalizan con las trabajadoras sexuales, nos victimizan todo el tiempo y no pueden vernos como mujeres de derecho que tienen decisión sobre su cuerpo. Sí vemos al patriarcado en mujeres que nos señalan y dicen que está mal lo que hacemos, trabajándonos mucho más el estigma para que nos vea como las putas, las víctimas, las pobrecitas. Se escandalizan por nuestro sector, pero no por las compañeras explotadas laboralmente en el campo o las fábricas. Se escandalizan porque nosotras explotamos la vagina y no nuestras manos.

Trabajadoras sexuales por un debate y una ley

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina presentó en julio de 2013 un proyecto de ley de Regulación del Trabajo Sexual. Esta legislación daría lugar a una serie de exigencias del sindicato: ser monotributistas en la categoría de trabajadora sexual, tener obra social y aportes jubilatorios, incluso contempla la creación un carnet habilitante. “La prostitución en Argentina no es ilegal pero tampoco es legal, hay un vacío y eso hace que la mayor cantidad de veces trabajemos de forma más bien clandestina. Por eso necesitamos que el Estado esté presente a través de derechos y garantías y no de la persecución policial”, explicó la secretaria general de Ammar.

Como el proyecto de ley pierde estado parlamentario en octubre, comenzó a trabajarse en las legislaturas provinciales. Mendoza, Capital Federal, Neuquén y Santiago del Estero abrieron las puertas del Parlamento a la discusión. “Buscamos instalar el debate.

Para que Argentina legisle sobre el trabajo sexual tiene que dejar de lado cuestiones moralistas, hipocresías, desconocimiento, prejuicios e intereses. Estamos dispuestas a un debate abierto y político”.

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