Política

“El Estado tenía el poder y actuó fuera de la ley”

En la causa que investiga los crímenes cometidos en la Quinta de Fisherton, declaró este miércoles Ana Lina Klotzman que es hija de desaparecidos y su hermana fue la nieta recuperada 103, es el primer caso de apropiación que se investiga en la ciudad.


Quinta Operacional de Fisherton

Para Ana Lina Klotzman su mamá y su papá fueron héroes. El terrorismo de Estado le quitó la posibilidad de crecer con ellos, sin embargo pudo reconstruir quiénes fueron gracias a compañeros y compañeras de militancia, a quienes estuvieron con ellos en cautiverio y gracias a organismos de derechos humanos. En 1996 se enteró que tenía una hermana, a quien se le restituyó su identidad recién en 2011 y que conoció en 2016. Los genocidios rompen el entramado social y en Argentina, aún con una justicia ejemplar en delitos de lesa humanidad, reparar sus daños puede llevar décadas.

En Rosario desde septiembre se investigan los crímenes cometidos contra 29 víctimas en la Quinta de Fisherton. La mayoría eran militantes del PRT-ERP. Es la primera vez que se juzgan a miembros de la Policía Federal y un caso de apropiación de menor. Este miércoles declaró Ana Lina Klotzman, hija de Liliana Bojanich y Ricardo Klotzman que continúan desaparecidos. En agosto de 1976 su papá fue secuestrado junto a su compañera de entonces Cecilia Barral que estaba embarazada de nueve meses y sigue desaparecida. En 1996 Ana Lina tomó conocimiento de que ese embarazo había llegado a término. En 2011 después de una búsqueda encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo se restituyó la identidad de la nieta número 103. Sin embargo, acercarse fue difícil y recién 2016 se conocieron y vienen construyendo desde entonces su vínculo. Sobre esto habló Ana Lina frente al tribunal.

Ana Lina Klotzman es arquitecta y nació en Santa Fe en 1974. Su mamá Liliana Bojanich fue desaparecida en junio de 1976 en Buenos Aires y Ricardo Klotzman en agosto de ese año en Rosario junto a pareja de entonces, Cecilia Barral. Los dos fueron secuestrados en Necochea al 2000. Los llevaron a la Quinta Operacional de Fisherton (San José de Calazans al 9100) donde fueron torturados. Ana Lina fue criada por sus abuelos en Elortondo, Santa Fe. A partir del relato de compañeros, Ana Lina supo que era ambos militantes del PRT-ERP y que su papá tenía un mando alto.

Para Gabriela Durruty, que integra la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- su testimonio fue especialmente conmovedor. Es la primera vez que se escucha una historia como esta en la ciudad. Ana Lina prestó declaración por primera vez en 2006 pero esta fue la primera vez que lo hizo frente a un tribunal e interpeló directamente a los represores preguntando dónde están los cuerpos de sus familiares desaparecidos.

“Lo que ocurrió me afecta en lo personal. Es mi mamá, mi papá y también mi hermana, con la cual no pude compartir mi infancia”, planteó y agregó: “Nadie tiene derecho a haberme quitado eso, haberme quitado a mis padres. El Estado tenía el poder y actuó fuera de la ley. Mis padres, Cecilia Barral, mi hermana y todas las víctimas de esta causa no han tenido nunca la oportunidad de tener un juicio, que se los escuche y en todo caso de pagar una pena”.

Puntualizó que los represores presentes ni siquiera “pueden mantener la cámara encendida”: “Los familiares esperamos largos años de manera pacífica, esperamos llegar a este lugar por medios legales, dándoles los derechos que mis padres no tuvieron”.

En su testimonio, habló de la inteligencia, lucidez, idealismo y generosidad de sus padres y su generación. “No hay nada más poderoso que esas personas, eso da terror y el que tiene terror genera terrorismo”. Habló de la conciencia que tenían de que su militancia política les podía costar la vida. También indicó que lleva su apellido con orgullo.

“Si no se hace justicia, se pueden cometer de nuevo estos errores. La justicia tiene la oportunidad de darnos un descanso a quien buscamos eso, validar lo que ya sabemos que pasó aliviarnos esta carga, hacernos sentir que está con nosotros, que nos acompañan”, manifestó.

Entre las particularidades que tiene esta causa, se encuentra que solo hay dos sobrevivientes. Uno de ellos recién se acercó a la Justicia en 2016 -Daniel Guibes- y su caso no llegó a constituirse para esta elevación. Fernando Brarda fue quien reconoció la quinta y durante mucho tiempo era el único testimonio vivo de lo que había ocurrido allí.

Él conoció a Klotzman y Barral. Confirmó que ella seguía embarazada y contó que Klotzman era quien lo ayudaba a mantener la calma. Brarda no formaba parte de ningún partido ni organización política, todo lo tomó por sorpresa, no entendía qué estaba sucediendo. Ana Lina habló también de cómo se llevaban a la mayoría de sus casas en medio de la noche, de forma “sorpresiva, silenciosa, traicionera”.

“Mi papá sabía que Fernando no estaba preparado para eso y estaba convencido de ayudarlo. Le recitaba Lorca y le cantaba canciones”, declaró.

En 1996, Ana Lina se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad -CONADI- y ahí tomó conocimiento de que Cecilia Barral estaba embarazada a término cuando se produjo el secuestro. Narró lo doloroso y traumático que fue la noticia y su consiguiente búsqueda que llevó muchos años. En 2011 Abuelas restituyó la identidad de su hermana con quien entablaron vínculo desde 2016.

Contó que desde entonces tratan de acompañarse y tienen gestos de amor desde donde pueden, forman parte de sus vidas y tratan de desandar todo lo que terrorismo de Estado les dejó.

Causa Klotzman

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Emilce Rojas, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano. En la causa hay cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio por delitos de lesa humanidad.

Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria. Desde la elevación en 2015 hasta la fecha, fallecieron tres represores vinculados a la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib, quien murió esta semana. Los tres eran integrantes de la Policía Federal.

Los imputados están acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años.

Además de Cecilia Barral, se sabe que hubo otras tres mujeres embarazadas que fueron secuestradas. Se trata de Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Se desconoce si los embarazos llegaron a término o no. Esperan que durante el juicio se obtenga más información. Según testigos, a las tres se las llevaron con vida de sus domicilios.

Comentarios