En un hecho calificado como histórico, el Estado suscribió el primer acuerdo de solución amistosa con una víctima de violencia de género ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de un acto público en el que además reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron, hace casi 20 años, la neuquina Ivana Rosales y sus hijas Maika y Abril.
El acuerdo incluye garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, entre ellas el compromiso de realizar acciones concretas para fortalecer el acceso a la justicia, asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento a las víctimas, robustecer los dispositivos territoriales de atención, y capacitar, entre otras.
Falta de respuesta estatal sistémica
“Estamos dando un paso institucional histórico en Argentina, nos estamos comprometiendo ante la CIDH a profundizar la labor del Estado nacional para prevenir y erradicar la violencia de género a partir de un caso sumamente emblemático”, dijo el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti. El funcionario explicó que el hecho que llegó a la CIDH en 2005 es paradigmático “no solo por la violencia brutal padecida por Ivana y sus hijas, sino por la respuesta de las autoridades judiciales provinciales, que tuvieron una intervención carente de perspectiva de género y absolutamente machista”.
“La violencia institucional y de género perpetradas contra Ivana y sus hijas no es aislada, sino que se inscribe en prácticas generalizadas que son acompañadas y habilitadas por una falta de respuesta estatal sistémica”, dijo a su turno la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Esta situación “exige respuestas urgentes y contundentes que permitan desmantelar las bases materiales y simbólicas que producen, reproducen y legitiman estas violencias”, transformación que “es uno de los objetivos fundamentales de nuestra gestión”.
Del acto, realizado en la Ex Esma, participaron también la peticionante Abril Rosales, los ministros Martín Soria y Elizabeth Gómez Alcorta, el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, el titular de la Senaf Gabriel Lerner, la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén María Soledad Gennari, la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y la primera vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón, entre otros.
Negación de acceso a la Justicia y revictimización
Ivana Rosales, quien no llegó a ver los resultados de su lucha porque falleció en 2017, fue víctima de un triple intento de femicidio por parte de su ex pareja, Mario Garoglio, en la noche del 18 de abril de 2002 y cuando las hijas de ambos tenían apenas 8 y 4 años. Ese día, Garoglio intentó ahorcarla con un alambre. Como no lo consiguió, la golpeó con una piedra en la cabeza y, creyéndola muerta, la encerró en el baúl del auto con intenciones de enterrarla.
El agresor no llegó a cumplir su cometido porque lo interceptó la policía, alertada por un vecino. Pero ahí no terminaría el calvario para Ivana, porque el mismo Estado que colaboró a último momento para salvarle la vida, posteriormente le negaría el acceso a la justicia, la revictimizaría y, lo que es peor, permitiría que el agresor violara a Maika y Abril en 2004 cuando tenían 10 y 6, respectivamente, en una visita de revinculación forzada.
Para cuando quedó firme la condena a solo 5 años por intento de femicidio, Garoglio se había fugado y sólo reapareció cuando la causa primera prescribió, momento en el que fue sentenciado a cuatro años por el abuso sexual de sus dos hijas. Como el tratamiento judicial del caso fue deficiente y violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos, Ivana presentó en 2005 una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS.
En ese marco, se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén que concluyó con la firma de este acuerdo cuyo cumplimiento supervisará la CIDH.
Pero en 2017 Ivana falleció por un ataque epiléptico –consecuencia de la violencia perpetrada por su ex pareja– y Maika había terminado con su vida unos años antes. En ese momento su hija Abril –que desde hace 4 años no lleva más el apellido de su progenitor– tomó como propio el proceso ante la CIDH.
Un punto de partida y no de llegada
“Este caso es un decálogo de desaciertos, vejaciones, de maltratos, de uso de estereotipos. Ella fue juzgada y prejuzgada por quien debía defenderla, el fiscal Velazco Copello, quien hizo un trabajo denodado por ponerse en los zapatos del agresor mientras que a Ivana la trató de «ofensora»”, dijo durante su intervención en el acto la jueza María Soledad Gennari.
Pero también los jueces Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano “la trataron con una profunda injusticia, juzgando su eventual pasado”, siendo que “era una excelente persona, una gran madre y una luchadora que logró que hoy en el Poder Judicial se hable de la perspectiva de género como una necesidad, no como una opción”.
Gennari destacó que la mala actuación de jueces y fiscales hizo que “la única sobreviviente de violencia en este caso, sea Abril”. “En nombre del pueblo y del gobierno de la provincia de Neuquén quiero pedir disculpas públicas a Abril Rosales y a la memoria de Ivana y su hija Maika por las violaciones de derechos que sufrieron como consecuencia del accionar de un sistema de administración de justicia que demostró ser ineficaz para dar respuestas adecuadas y oportunas a los casos de violencia contra las mujeres”, dijo el gobernador Gutiérrez.
“Cuando Ivana hizo la denuncia contra el Estado argentino, Abril tenía 7 años, hoy está cumpliendo 23 años: lleva toda la vida con esto”, apuntó Virginia Trifogli, periodista y amiga de Abril que habló en su nombre.
La joven destacó que lo realmente extraordinario en el caso de Ivana fue la propia Ivana, “una mujer del interior del país a la que habían golpeado hasta creerla muerta y llegó a demandar al Estado argentino”, con la “claridad de saber que lo estaba haciendo no solo por ella o sus hijas, sino por cientos de mujeres”.
A su turno la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, apuntó que la solución amistosa “no es un punto de llegada sino de partida” y que la exigencia de no repetición alude “a la no repetición de violencias que puedan prevenirse, de la violencia institucional por motivos de género, pero sobre todo del tiempo que le lleva a un Estado de reconocer su responsabilidad y reconocer lo que les pasa a las víctimas”.
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