Candela Ramírez
Los escraches contra hombres en redes sociales por ejercer violencia hacia las mujeres se masificaron. Una costumbre que sirve para visibilizar situaciones que no siempre son judicializables, pero que también determina riesgos para la persona que escracha. Es que si la denuncia pública no va acompañada por una judicial y ese contenido puede dañar el buen nombre de una persona, la misma también podría sentirse injuriada o calumniada, figuras que constituyen delitos.
María Noel Severo es abogada especialista en derecho penal, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en la Oficina de Atención en Violencia contra la Mujer del Centro de Asistencia Judicial Rosario. Fue querellante en representación de la madre de la víctima en el femicidio de Marlene Franco, ocurrido en Oliveros en 2016; y con sus colegas Ingrid Plessen y Juliana Tagliatti lograron la absolución de Yamila S. acusada y condenada por abandono de persona y homicidio. Severo considera que, a diferencia de los hombres, las mujeres están expuestas en la vía pública a peligros por el sólo hecho de ser mujeres: ya sea acoso callejero, expresiones con contenido sexual, abusos o violaciones. Este contexto lleva a que haya un mayor nivel de alerta y más temores. Severo recuerda la movida digital del #Cuentalo que se hizo a principio de año, el que mujeres relataron situaciones de violencia –algunas que configuraban delitos y otras no-, y el creciente descreimiento que hay hacia la Justicia.
La abogada concibe que en Argentina todos los avances que hubo en la Justicia, en las legislaciones y cualquier aspecto de la sociedad, se lograron por la lucha de los movimientos de derechos humanos y actualmente también por el colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Sin embargo, plantea algunas diferencias y recaudos que considera importante tener en cuenta antes de proceder a ciertas prácticas. En relación a los escraches, recuerda aquellos que empezaron a realizar la organización HIJOS en los noventa. “En esos casos hay configurados delitos de lesa humanidad, hay una investigación en curso y otro tipo de dimensión de la situación”. Los organismos de derechos humanos nunca dejaron de acudir a las instituciones en su búsqueda por la Memoria, Verdad y Justicia, aún cuando las mismas no daban las respuestas que esperaban.
“Estoy de acuerdo con la visibilización, el tema es permitirnos repensar cuáles son los modos con los que llevamos a cabo esas acciones. En los casos más puntuales donde se ventilan situaciones que fueron padecidas por una persona y tenemos una identidad de una víctima concreta, es un poco más delicada la situación porque hay que pensar si los escraches son la mejor manera de acompañar a la persona. A lo mejor lo más prudente en un primer momento sea poder contener a esa persona, darle algún círculo de red, poder acompañarla y permitirle transitar su proceso. Cualquier situación de este tipo provoca angustia y desorientación en algunos casos. Contener, brindar información sobre qué se puede hacer, respetar los momentos y los procesos es la mejor práctica”. Para Severo no es lo mismo realizar una acción de visibilización apenas sucede un hecho que cuando ya se está transitando alguna instancia judicial. No solo por la exposición que se puede dar de las víctimas, sino porque puede entorpecer la causa si se toma el camino judicial.
“Me parece que lo mejor ya sea como persona que esté en una organización, en un ámbito estatal o como profesional en el ejercicio liberal de su profesión, la persona que acompañe a quien padeció una situación pueda priorizar y poner en el centro la contención y atención, y avance en la medida que esa persona pueda. Proceder a un acto de escrache de forma inmediata sin respetar estos tiempos y procesos de las mujeres sin duda puede ser avasallante no solo de sus derechos sino también de su intimidad, individualidad e identidad”, planteó.
La abogada destacó las dificultades que pueden significar la difusión de la información. “Si luego de los escraches en redes no se realiza la denuncia o no se comprueba lo expresado en una causa judicial, si ese contenido puede dañar el buen nombre de una persona, la misma también podría sentirse injuriada o calumniada, figuras que constituyen delitos. Hay que contemplar todo esto, al margen de que una vez radicada la denuncia hay que tener ciertos cuidados cuando hablamos, como usar los verbos en potencial. Porque hasta que no haya sentencia condenatoria las personas están amparadas por el principio de inocencia que es un principio constitucional que tiene la misma magnitud que todos los derechos que amparan a las víctimas pertenezcan al colectivo que pertenezcan”.
Otro dato a tener en cuenta para la especialista es la necesidad de preservar la imagen del denunciado, no sólo por sus derechos, sino por la posibilidad de que luego el fiscal ordene una medida de prueba como una rueda de reconocimiento para establecer la identidad de la persona denunciada. “Si en este caso se difundió su imagen por toda la ciudad antes de radicar formalmente la denuncia, la defensa puede decir que esa imagen o ese recuerdo que tenga la víctima puede estar contaminada por toda esa difusión masiva”, profundizó.
Severo insistió en que “no es porque sí que se nos disparan estos temores”, sino que es por la sociedad patriarcal en la que vivimos pero se detiene a pensar qué trabas o peligros pueden suponer el uso de prácticas como los escraches digitales. “Hay un gran descreimiento de las instituciones y creo que a veces tiene que ver con esto de hacer un escrache en redes, porque sienten una reparación en lo inmediato, se sienten escuchadas. Quienes integramos las instituciones tenemos que hacernos eco y cuestionarnos por qué hay un descreimiento. Y en todo caso si es que las víctimas o las personas que atraviesan un proceso no se sienten escuchadas, las instituciones y la Justicia tendrán que replantearse qué métodos utilizan. Ver si los operadores no son tan receptivos, revisar las prácticas cotidianas y los tiempos. Eso se escucha mucho, que el desgaste y descreimiento tienen que ver con el tiempo y es cierto y nos obliga a replantearnos y a reflexionar cosas como sociedad”.
Desoídas en la Justicia
La abogada María Noel Severo coincide con la lectura de las organizaciones feministas y de colectivos de mujeres que plantean que no suelen ser tan escuchadas en los procesos judiciales. Y que las mujeres aparte de víctimas también pueden ser imputadas y que en estos casos también son desoídas. “¿Por qué la Justicia no las oye? Si bien la reforma del Código Penal prevé un montón de instancias donde los imputados y las víctimas pueden participar, en el caso de las mujeres cuando están denunciadas lo que encontramos es que si la Justicia tiene una mirada patriarcal la va a juzgar porque es una mujer que violó doblemente una norma social. Un hombre que cometió un delito violó el código penal, pero la mujer además desobedeció el mandato de ser sumisa, de ser buena madre y cuidar a sus hijos, ser buena esposa. Cometió un delito y no es lo que se espera de ella”.
En este sentido, ahondó su análisis sobre el proceder de la Justicia y especificó que “lamentablemente no sólo tiene sesgo patriarcal sino también un sesgo clasista”. “Hay una selectividad del sistema que hace que se persigan siempre los mismos delitos y siempre aprisionan a las mismas personas: las pobres. En el caso de que sean hombres que son juzgados, también son desoídos, son personas con una vulnerabilidad socioeconómica y no de género, pero es una vulnerabilidad en sí. Ni hablar si además pertenecen a una etnia o al colectivo LGBTIQ”.
Por eso, considera que no hay una respuesta estandarizada ante los hechos de violencia que pueden vivir las mujeres, pero sí entiende como fundamental tomar estos cuidados antes de accionar, para proteger a las víctimas y poder sostener una defensa irrestricta de los derechos humanos.
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