Una vez más, la respuesta del gobierno nacional, que lidera Mauricio Macri, fue decir que se trató de un error y dar marcha atrás con una medida, en este caso, las bajas y suspensiones de pensiones no contributivas por discapacidad, vejez, o para madres de siete hijos. Una vez más, el reconocimiento del “equívoco”, se dio luego de una fuerte reacción por parte de la opinión pública que salió a manifestar su descontento, como sucedió con el perdón de la deuda millonaria otorgada al padre del presidente. Una vez más, tuvimos que escuchar a los funcionarios macristas intentar justificar, en los primeros momentos, una maniobra que va en contra de los derechos humanos, como otrora se hizo con el fallo de la Corte a favor de los genocidas. Una vez más, y eso parece que será la línea a seguir tras las elecciones, el ajuste propuesto por la Nación golpeó a los sectores más vulnerables, como hasta ahora ha pasado con los recortes de subsidios, aumentos de los servicios, crecimiento de la inflación y el desempleo, cierre de programas sociales, sólo por nombras algunos.
Pero, más allá de que la sociedad, o una buena parte de ella, crea en sus buenas intenciones y en su promesas de pobreza cero, o de que las evidencias demuestren que no existe un mínimo de sensibilidad dentro de este equipo de tecnócratas y ceos de empresas que conforman la alianza gobernante, lo concreto es que no vamos a permitir que sigan violando las leyes y castigando a los que menos tienen con el fin de acomodar sus cuentas en rojo. No importa si piensan que un joven o adulto con síndrome de Down tiene reales oportunidades de acceder a un trabajo o si un una persona cuadripléjica no tiene derecho a vivir con dignidad, lo que pretendemos es que las funcionarias y los funcionarios nacionales cumplan con los derechos humanos de las argentinas y los argentinos que tanto nos han costado conseguir en estas décadas de democracia.
Porque la otra cuestión que nos dejó en claro la última decisión tomada por el Ejecutivo fue que los “errores” solo se cometen contra los pobres, las organizaciones sociales, los trabajadores, las mujeres, y los sectores más vulnerables de la población. Desde que asumió, el Gobierno de Macri ha llevado adelante una política de transferencia sideral de recursos a los sectores más concentrados de la economía nacional. A este grupo reducido, pero inmensamente rico, no se le piden sacrificios, ni paciencia para recibir próximos beneficios, ni se osa reducir sus formidables ganancias en pos del bien común. La quita de los derechos a la exportación a la minería y la disminución de las retenciones a la soja, el pago multimillonario a los fondos buitres, la promoción de la especulación financiera y el consecuente aumento del endeudamiento externo, la desregulación del mercado laboral y la amenaza creciente del desempleo, pintan un escenario que tiene a claros ganadores y perdedores como en los noventa. No nos resignamos a ver como se pierden conquistas sociales día tras día, junto a la sociedad movilizada, seguiremos luchando contra este modelo de exclusión y hambre y trabajando para construir una alternativa progresista para nuestro país.
(*) Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el partido SI
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