Ensayo analiza los efectos de la reforma previsional de los 90

En noviembre de este año se produjo un gran paro con movilización en Chile donde se gestó el movimiento No+AFP, es decir, en oposición a las administradoras privadas de fondos de pensión que manejan miles de millones de dólares, mientras para los chilenos demostró ser una odisea poder jubilarse dignamente. El fracaso de ese mentado modelo se corresponde con el que ya había vivido la Argentina. En la década de 1990 se formaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que proponían que el afiliado tuviese una cuenta individual. La consigna fue contundente. Cada uno iba a tener la jubilación que surgiera de su esfuerzo, y el que ascendía a gerente, supuestamente se lo había ganado. Se tiró por tierra la solidaridad y se incentivó el sálvese quien pueda. La crisis de 2001 demostró que eso era una falacia porque la inmensa cantidad de desocupados no podía seguir aportando a ese sistema y las administradoras privadas simplemente no respondieron y dejaron caer en un limbo de inseguridad social a muchas personas.

Roberto Román, un profesor de historia y trabajador del Ansés formó el Centro de Estudios para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Cuyo, San Luis, (Cepid) junto a Cecilia Barón y María Cecilia Moreno. Ese equipo de trabajo escribió el libro Jubilarse en la Argentina. La reforma del Sistema Previsional de los años 90 (de la fascinación al desencanto), que cuenta la experiencia de las reformas durante el menemismo y sus catastróficos resultados. En una entrevista con El Ciudadano, Román analiza la historia posterior del sistema jubilatorio, propone un debate y enciende la alarma sobre los peligros de la denominada reparación histórica a los jubilados que, según sus palabras, puede llevar otra vez a miles de argentinos a la exclusión.

—¿En qué consistió la reforma del Sistema Previsional durante los 90 y qué resultados tuvo?

—Durante la década del 90, las reformas de los sistemas previsionales en América latina fueron las de mayor impacto en políticas sociales. La aparición de regímenes privados de capitalización individual, alentados por el capital concentrado y la valorización financiera, impuso un nuevo esquema en la administración de los recursos estatales destinados al pago de jubilaciones y pensiones. La Seguridad Social en nuestro país no quedó exenta de sufrir esas transformaciones. Fundamentalmente, a partir de la ley 24.241, que introdujo importantes modificaciones en la materia y significó un brutal cambio de paradigma. La aparición de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJ), de capitales e intereses privados irrumpió sorpresivamente en la vida de los ciudadanos. La mercantilización de las jubilaciones pretendió dar por tierra los viejos y nobles valores del Estado Social, tales como solidaridad, obligatoriedad, participación y equidad social. En este contexto, un conjunto de intelectuales, técnicos y especialistas representantes de los sectores dominantes fueron los encargados de seducir a la ciudadanía sobre las ventajas de sustituir el intervencionismo estatal por las leyes del libre mercado. A través de fuertes campañas publicitarias, apoyadas por los principales medios de comunicación que también fueron cómplices y parte del negocio, consiguieron el consenso suficiente para poder desmantelar todos aquellos organismos y empresas estatales que fueron acusados de viejos, burocráticos y deficitarios. Los personeros de la especulación financiera entendieron que su programa de políticas neoliberales sólo podía ser posible si lograban dominar al “elefante blanco”, lo que quedaba del Estado de bienestar nacido al calor del primer peronismo. Los resultados están a la vista: la crisis económica, política y social desatada hacia finales de 2001, al mismo tiempo que develaba una nueva gran estafa al pueblo argentino, logró despertar del espejismo neoliberal a nuestra sociedad. Las promesas de una vejez digna para todos los adultos mayores se transformaron en la peor pesadilla para nuestros ancianos.

—¿Qué cambios introdujo el kirchnerismo y a qué respondieron?

—La implementación de una batería de medidas sociales durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) en 2008, vinieron a reparar los daños ocasionados por la rapiña de los hombres de las finanzas durante más de una década. A partir de 2003 y en adelante, las autoridades nacionales se ocuparon de encarar una serie de reformas tendientes a corregir las desviaciones negativas del sistema. Fue así como se pusieron en marcha la ley de “jubilación anticipada”, que permitió acceder a un beneficio previsional a todos aquellos trabajadores que cumplían con los años de servicios y aún no habían alcanzado la edad, y las “moratorias”, que favorecieron especialmente a las mujeres que contaban con los años requeridos pero que carecían de los aportes suficientes como para poder jubilarse. Asimismo, se reconocieron y ampliaron derechos a todos los ex soldados combatientes de la Guerra de Malvinas. Así se fue materializando un plan de inclusión jubilatoria que permitió elevar considerablemente el nivel de cobertura previsional pasando del 52 hasta alcanzar el 98 por ciento, el más elevado en toda América latina e incluso uno de los más altos a nivel mundial. La nacionalización de los fondos que administraban las AFJP permitió también extender la ampliación de derechos a unos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad: los cientos de miles de niños y niñas, hijos de trabajadores de la economía informal. La Asignación Universal por Hijo (AUH) vino a reparar una de las mayores injusticias ejercidas contra los sectores más desprotegidos. En síntesis, el kirchnerismo tuvo la voluntad política de hacer que las políticas públicas del Estado nacional llegaran en cada rincón del país a los dos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños y los ancianos. En perspectiva histórica, quizás dentro de algunos pocos años y al calor de las políticas neoliberales de la Alianza Cambiemos, la sociedad argentina en su conjunto no podrá negar que todas estas medidas fueron las de mayor inclusión social desde la Revolución Libertadora, en 1955, a nuestros días.

—¿Qué piensan de la “reparación” a los jubilados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri?

—Ante el nuevo panorama que se abre con la llamada Ley de Reparación Histórica para Jubilados, nosotros queremos dar el debate de cara a la sociedad sobre lo que sospechamos se trata de una maniobra para debilitar el sistema público, solidario y de reparto. Asimismo consideramos que en el fondo de la cuestión se apunta a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y eventualmente retornar a un esquema de capitalización que como todos sabemos fracasó y sumió en la exclusión a millones de argentinos mayores. Nuestra publicación tiene como principal fuente de inspiración brindar algunas herramientas que permitan comprender con más detalles los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que llevaron a la destrucción de la previsión social en nuestro país durante los años 90. Es nuestra intención impulsar la reflexión política, para que juntos podamos pensar una resistencia coherente y organizada ante los posibles nuevos embates de la banca privada y la “especulación financiera.

—¿Por qué es importante conocer todo lo posible sobre el sistema jubilatorio?

—Sin dejar de reconocer la importancia de los aspectos jurídicos y el funcionamiento técnico-administrativo de la burocracia institucional implementada por las políticas públicas dirigidas por el Estado, nos parece que es necesario pensar la seguridad social desde una perspectiva humana y entender el problema como una cuestión de carácter civilizatorio. Lo que nos proponemos discutir son valores culturales, y trabajar sobre estas cuestiones requiere siempre de grandes desafíos éticos y morales. Los sistemas jubilatorios están en crisis en todo el mundo y los debates en torno de  la decisión de financiar solidariamente a la vejez están a la orden del día. Sin embargo, hay quienes pretenden hacer de esta cuestión un gran negocio y para ello utilizan el lenguaje técnico y la publicidad como principales herramientas. En contraposición a estos argumentos, nosotros somos de los que piensan que es responsabilidad indelegable del Estado garantizar el bienestar al conjunto de la sociedad, de manera tal que nadie quede sometido a la marginalidad, el hambre y la exclusión. Ése es el debate que hay que dar y el cual estamos dispuestos a llevar adelante con responsabilidad ciudadana, amplitud de criterio y, sobre todas las cosas, comprometidos con los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran nuestros abuelos.