El diputado Néstor Kirchner desembarcó con el Congreso con una cargada agenda económica para 2010. Reforma a la ley de entidades financieras, nacionalización de la mayoría accionaria de YPF y modificación de la ley de quiebras figuran al tope de las prioridades del ex presidente en su nuevo rol de legislador nacional.
La agenda económica de Kirchner tiene una justificación política ineludible. Con 82 diputados propios, el oficialismo estará obligado a tejer alianzas con los bloques de centroizquierda para alcanzar el quórum de 129, en manos de la oposición desde el 3 de diciembre pasado. Por eso el gobierno reflotará en el Congreso viejos reclamos del progresismo criollo impulsados históricamente por Fernando Pino Solanas y Carlos Heller.
La modificación a la ley 21.526 de bancos, sancionada en tiempos de José Martínez de Hoz, fue reflotada por Kirchner pese a la desmentida del ministro de Economía, Amado Boudou. El borrador de la nueva ley, que le da superpoderes al Banco Central para obligar a las entidades a otorgar un porcentaje mínimo de su cartera a créditos para las pymes, está en manos de Osvaldo Cornide, titular de la Came, quien acompañó a Cristina de Kirchner al Vaticano.
El proyecto, avalado por el bloque de Heller, enfoca la actividad financiera como un servicio público y obliga además a los bancos a ampliar su presencia territorial en todo el país. Actualmente el 81 por ciento del crédito al sector privado se concentra en cuatro provincias: Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En sus fundamentos, el nuevo proyecto critica “el predominio de la inversión especulativa sobre la inversión productiva, que opera en contra de la producción y el desarrollo, las dos razones que le dan sentido a la existencia del sistema bancario”.
Esta profundización del viraje del gobierno hacia medidas apoyadas por la centroizquierda tendrá su correlato en las gestiones que Boudou pretende acentuar con el FMI. El acercamiento a los organismos de crédito internacional quedaría congelado.
Pero los bancos no son el único objetivo del diputado Kirchner. Para seducir al combativo Pino Solanas y la CTA de Claudio Lozano, el ex presidente ya avisó a sus íntimos que 2010 será el año de la recuperación de YPF como compañía de capital nacional.
Eso no implica necesariamente una expropiación, pero sí un desembarco del Estado en la compañía para recuperar la simbología y eliminar vestigios de la española Repsol. El empresario Enrique Eskenazi ya tiene un 15 por ciento de YPF y una opción para comprarle a Repsol otro 10 por ciento antes de 2012. Ese potencial 25 por ciento de capitales nacionales podría ir acompañado por la compra de otro 26 por ciento por parte del Estado para recuperar el control societario.
El otro proyecto de índole económica que Kirchner prometió impulsar como propio en el Congreso es la modificación a la ley de quiebras. Para eso el ex presidente se asoció con el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, cuyo titular ya estuvo analizando la letra chica de la iniciativa con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El cambio central consistiría en permitir que los trabajadores puedan convertir a las empresas quebradas en cooperativas para autogestionarse.
No sólo Néstor Kirchner, sino también Cristina, afirmó que la continuidad de las compañías es prioridad del Gobierno y enarbolaron una teoría basada en lógica pura: “Los acreedores necesitan que la empresa funcione para cobrar la deuda y los trabajadores, sus salarios”.
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