Un subsidio es una transferencia de ingreso desde el Estado a las personas y/o a las empresas para que los usuarios puedan acceder a los mismos. Cuando lo reciben directamente los usuarios o beneficiarios (quienes pagan el servicio a precio de mercado) se trata de un subsidio a la demanda y, cuando son recibidos por el productor, se trata de un subsidio a la oferta, lo cual obliga al productor a venderlo por debajo de su precio de mercado (costo de producción más margen de ganancia). Es en este último caso cuando aparecen las tarifas o precio políticamente determinado que debe pagar el usuario.
El gobierno nacional cometió diversos errores en el ajuste de las tarifas, disminuyendo los subsidios a la energía (gas y electricidad): lo pensó como un “sinceramiento”, pero su aplicación se entendió como un shock; no utilizó el instrumento de las audiencias públicas (legalmente establecidas) para darle legitimidad social; las tarifas sociales fueron de difícil acceso por sus tramitación engorrosa; las quitas fueron inequitativamente aplicadas en las provincias y golpeó negativamente a las economías familiares y a los costos de producción, en particular de las pymes. Desde el punto de vista político, tampoco encontró apoyos ni en la oposición legislativa ni en los gobiernos provinciales.
La impericia de los funcionarios del gobierno nacional para resolver un problema que ellos mismos ocasionaron derivó en presentaciones ante la Justicia, dando lugar a que se expidiera la CSJN, dejando sin efecto los aumentos de las tarifas o, su equivalente, la disminución de los subsidios a la oferta y recomendando una mayor gradualidad en la implementación de las medidas. La Corte no hizo más que hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes y la jurisprudencia, recordando que los servicios públicos no son una mercancía más, cuyo precio se rige por las reglas del mercado, sino que su precio debe responder a criterios de razonabilidad, en suma, de responsabilidad, equidad y protección social. Y todo por el error táctico del gobierno de no llamar a audiencias públicas por considerarlas inconvenientes políticamente.
¿Y el plan a mediano y largo plazo en el sector energético?
Hay otra cuestión más que relevante, que no ha sido mencionada ni tratada por el gobierno en su justa dimensión y oportunidad: se trata del bajo nivel de inversiones en el sector, que ha llevado a un déficit energético y ha impactado en la balanza de pagos al tener que cubrir ese notable déficit con importaciones, problema que debiera ser analizado conjuntamente con el de los subsidios tarifarios ya que, en definitiva, son las dos caras de la misma moneda del problema energético de nuestro país.
Hoy por hoy, el asunto se reduce al impacto fiscal, –particularmente sobre el déficit presupuestario– que tendrá el hecho de mantener las tarifas del gas en su nivel previo al aumento, estimado en 20.000 millones en 2016 y su repercusión en el proceso inflacionario. En otras palabras, sólo se ve el monto de recursos que el Estado tendrá que seguir entregando a las empresas productoras, fondos de origen tributario, por un monto equivalente a la diferencia entre el precio y la tarifa que paga el usuario. Esto significa que las empresas, antes y ahora, estaban cubriendo sus costos de producción más el margen de ganancia, con más o menos tarifa y menos o más subsidio. Lo que entonces se omite y/o se tergiversa es si este “tarifazo” resuelve o no el problema del déficit energético por falta de inversiones, en otras palabras, lo que hay que preguntarse es por qué las empresas no invirtieron si sus ingresos cubrían sus precios de producción. ¿O no era y es así?
Esta es la cuestión clave, más allá de la coyuntura, para el futuro económico del país. De ella dependen los precios y la producción futura. Si los precios relativos de la energía siguen sin reconfigurarse, si la oferta de energía es incierta en el mediano plazo, las expectativas de inversión, tanto en el sector como en la economía real en general, no son favorables.
Es también un tema de alta complejidad, dada la estructuración del proceso de producción, transporte y distribución, sus instituciones propias y los elementos endógenos y exógenos que determinan la demanda de inversión en el sector.
Nadie pregunta y nadie pone el foco en el plan de inversiones en el sector, que debiera resolver el problema energético en el mediano o largo plazo. Tampoco si la formación de los precios contenía el fondo de acumulación; de no ser así, las tarifas tendrán que aumentar mucho más que la quita de los subsidios o el Estado tendrá que seguir subsidiando el faltante. Este debe ser, seguramente, la situación actual si nos atenemos a las pérdidas que en el primer semestre muestran las distribuidoras de gas. Pero el tema tabú, de lo que no se habla, es quién se apropia, en caso de existir, de la renta minera (petróleo y gas), esto es, la diferencia entre el precio de venta y los costos de producción más la tasa de ganancia sobre el capital y, lo más importante, cuál ha sido su destino.
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