Después de la movilización del jueves pasado el Frente Progresista necesita reordenar su agenda, sus prioridades y encontrar consensos internos para comenzar a dar respuestas.
Esas respuestas obedecen a distintos frentes y necesidades, pero no hay dudas de que una manifestación gigante, genuina, socialmente transversal y legitimada por las víctimas de delitos acelera cualquier plazo. Se habla de la necesidad de algo contundente, de fondo y drástico con respecto a la seguridad pública. Decirlo es más fácil que hacerlo, pero la realidad es que con nueve años de gobierno el crédito se va consumiendo por acumulación. Las medidas espasmódicas que periódicamente se anuncian desde la Casa Gris y el Palacio de los Leones en muchos casos transmiten la sensación de que siempre se está empezando de cero.
El internismo agitado desde el gobierno nacional se devoró la agenda del Frente y postergó debates cómo qué hacer en materia de seguridad pública.
El tema de la conducción de la Policía es uno de los principales. Sigue siendo el gran problema porque es parte del problema de seguridad y narcotráfico.
Además, el gobierno de Lifschitz introdujo posicionamientos diferentes en relación a los de Binner y Bonfatti.
Proyectos para endurecer circunstancias de prisión preventiva o declaraciones de los ministros de Seguridad y Justicia descalificando a jueces por “garantistas” expresan ese giro. Probablemente no conduzcan a cambios sustanciales pero se abrazan a la columna mercurial del termómetro público.
Hay otros planteos dando vuelta. Refuerzo del equipamiento y número de patrullajes en Rosario, incremento de fiscales, control de armas y municiones de las fuerzas policiales (buena parte abastece el mercado negro), cambiar el sistema de informes (altamente sospechado) de conducta que el Servicio Penitenciario eleva a los jueces.
Uno de los casos más discutidos en estos días es el de Soza Bernard, acusado de asesinar a Fabricio Zulatto.
La familia de la víctima cuestiona a una jueza que dejó salir al acusado de la cárcel, pero tanto la condena como la decisión de concederle libertad condicional no merecen reproches técnicos. El problema es que, como ocurriera con Blumberg y tantos otros, pareciera haber un consenso social en cuanto a que una persona que le pegó un tiro a su novia no puede estar en la calle en seis o siete años, por más buena conducta o nivel de instrucción.
Si a ese dilema hay que saldarlo con miles de personas reclamando en la plaza y ministros descalificando leyes y jueces por garantistas, es porque todo se desmadró. Habría más serenidad para el análisis y otra predisposición a escucharse entre las distintas partes, si la calle no estaría complicada como está en materia de seguridad.
El martes habrá novedades en cuanto a la llegada de fuerzas federales. La presencia de gendarmes ayuda como alivio social temporal y a bajar la fiebre.
El retiro de los efectivos fue un error de cálculo del gobierno provincial, que probablemente confiado en las promesas de sectores policiales a los que les molesta tener que compartir territorio, creyó que podría prescindir de ellos y que con el cambio de gobernador y ministro las cosas cambiaban. Exceso de confianza.
Si en los primeros meses del año pareció que hubo alguna señal de mayor tranquilidad sólo sirvió para que en el Ministerio de Seguridad se envalentonaran y cometieran el error de creer que la cosa estaba encaminada. Por eso el peso relativo de las estadísticas de homicidios: a esta altura del año incluso hay algunos casos menos que en el mismo período de los años anteriores y se ve algo más de presencia policial, pero nunca hubo una manifestación como la del otro día.
Se verá el martes cómo enfoca el problema la Nación y si hay un cambio con respecto al anterior gobierno nacional. Si la llegada de federales es en el marco de involucrarse en la seguridad pública porque el Gran Rosario lo necesita al igual que Capital, el Gran Buenos Aires, el Gran Mar del Plata y el Gran Córdoba, lo que requiere la pata de la Justicia federal, o de nuevo será parte del chicaneo político para sobreexponer las dificultades del gobierno provincial.
¿Vendrán en formato de aspirina o a trabajar y conseguir resultados?
Otra vez se pondrá sobre la mesa el tema de la Justicia federal. A ocho cuadras de los Tribunales donde se convocaron miles de personas el jueves hay otros jueces y fiscales que ganan los mismos sueldos que son motivo de discusión en Santa Fe. Su número es insignificante y las promesas del gobierno de Cambiemos quedaron sólo en eso.
Tampoco en ocho meses de la presidencia de Mauricio Macri aparecieron investigaciones sobre empresarios y bandas narco y sus vasos comunicantes con hinchadas de fútbol y otros negocios. Sus nombres son vox populi. Por estos pagos se esperan con ansias novedades de Afip, UIF, Ministerio de Seguridad, Policía Federal y demás organismos que tienen jurisdicción sobre delitos federales. Recién este martes la Casa Rosada presentará un plan anti narcotráfico para todo el país.
El Poder Judicial santafesino está a la defensiva. “Vienen por nosotros” se repite en pasillos y despachos de Tribunales, aunque no queda bien clara quiénes y cómo.
Todo el enojo está puesto en el gobierno provincial, al que achacan malpredisponer a la gente en su contra, tratando de blandos a los jueces penales, cuestionando los sueldos que ganan, el no pago de Ganancias y hacerse los distraídos.
El Poder Judicial no está acostumbrado a que lo interpelen, pero deben saber quienes lo integran que el cuestionamiento social excede largamente la opinión de un par de ministros.
Hay un Poder Judicial endógeno, diferenciado de la gente de a pie, opaco, cuyos asuntos sólo se reservan para quienes son parte de él, que no quiere rendir cuentas, pagar impuestos y publicitar los salarios que se les pagan con dinero público.
El sistema penal, oral y público, aún con nuevos problemas y desafíos, es un avance. También se viene dando un recambio generacional que debería empujar un cambio de paradigma.
¿Son blandos los jueces penales de Rosario? Un importante sector de la sociedad cree que sí y lo manifestó el jueves.
La Corte Suprema sostiene que es al revés: el seguimiento estadístico indica que hay más presos, más prisión preventiva y más condenas.
Como sea, los resultados no satisfacen. Y esto es lo que tiene que resolverse.
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