El 16 de abril pasado, cinco jóvenes murieron en un baile de música electrónica en Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente por estupefacientes. La droga Superman, su altísima toxicidad y su requerimiento de continua hidratación, más el hacinamiento en el lugar, ayudaron y mucho en dichas lamentables muertes.
En la fiesta Time Warp no hubo o fue escasa la cantidad de agua potable para las aproximadamente veinte mil personas que estaban en el lugar. Hay dramáticos relatos de asistentes que cuentan que no podían acceder al agua potable. La pequeña botella de agua privada comenzó a un precio de 30 pesos y llegó a 100 por persona. Luego, escasearon. Pero, no obstante lo injusto de lo antes dicho, lo más grave e indignante es que las personas no podían acceder al derecho de jarras de agua potable libre y gratuita en forma integral. No hubo de parte de los organizadores ni del Estado garantías de este derecho humano.
Estamos en pleno siglo XXI y no se asegura lo mínimo indispensable a la gente. Es grave, muy grave lo que ha sucedido. Esta es una grieta que lastima a los jóvenes y a todos nosotros.
Creemos que la inexistencia de agua potable en forma abundante, accesible e integral en nada ayudó en la situación.
Convengamos que lo ocurrido es de una complejidad enorme. Como todo fenómeno social, es el emergente de situaciones multidimensionales en las que entran a funcionalizar situaciones disruptivas de la sociedad. En primer lugar, la omisión o complicidad por la falta de cuidado a los ciudadanos por parte del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Y una visión mercantilizada de la vida hasta llegar a una cultura adictiva de drogas prohibidas complementarias de la música electrónica, para el caso.
El juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, en la resolución cautelar que prohibió otras fiestas de estos organizadores plantea lo siguiente: “…Los testigos afirmaron que la ventilación y refrigeración del lugar era manifiestamente insuficiente, al punto de sentirse ahogados, lo que provocó que tuvieran que dirigirse al exterior para recuperarse, lo que no resultaba una empresa sencilla pues debían hacerlo casi por la fuerza debido a la cantidad de personas que había en el lugar. Hubo otros que aseguraron no haber observado la existencia de puestos de asistencia médica ni de hidratación –los que conforme a la inspección ocular realizada ni siquiera se encontraban señalizados–. Los que sí los vieron, aseguraron que llegar desde un extremo de los pabellones hasta el puesto sanitario podría insumir alrededor de media hora. Se recabaron testimonios que dan cuenta de que el precio de las botellas de agua, que partió desde los cuarenta pesos, se llegó a pagar cien alrededor de las cuatro de las mañana y que incluso cerca de las cinco las barras dejaron de venderlas. También aseguraron los testigos que el personal de seguridad privada no les permitía recargar agua en los escasos baños con canillas existentes en el lugar…”.
En otra parte, el juez Casanello narra que la cantidad de gente excedía en demasía la capacidad del lugar.
Queda claro, según la investigación del magistrado, que no estaban dadas todas las condiciones para llevar a cabo el encuentro musical. Así, podemos observar que hubo venta de drogas prohibidas en forma pública y notoria, hacinamiento, insuficiente ventilación y refrigeración. Sumándole a todo ello la grave escasez de agua potable libre y gratuita.
El desprecio de Costa Salguero, entre otros, al derecho humano al agua, va a marcar lamentablemente, a partir de una tragedia, un punto de inflexión. La gente que va a un lugar bailable o de espectáculos públicos tiene el derecho a acceder gratis al agua segura.
El 27 de septiembre de 1993 se produjo una tragedia en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, cuando siete personas murieron por contaminación ambiental mediante cianuro que una empresa criminal vertió irresponsablemente en las cloacas. Esa fecha se instituyó como Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Toda una familia muerta junto a una médica, un enfermero y un camillero conmovieron al país.
Pareciera que no aprehendemos, que no asimilamos; vamos de tragedia en tragedia, ¿para generar conciencia?
Sería sustantivo que no tuviéramos que instituir fechas sino lograr actitudes de prevención y remoción de daños. El derecho de jarras debe ser garantizado en todos los lugares bailables o con amenización musical. Como así también en recitales y conciertos, entre otros.
Creemos saludable que sean la prevención, la reducción y la mitigación de daños los rectores de las conductas del Estado y la sociedad.
La comunidad que sólo construye conciencia a partir de tragedias nos está indicando lo poco sabia que es. No puede ver, no quiere ver lo que sucede más allá del presente.
Director de la Cátedra del Agua de la Facultad de Ciencia Política de la UNR
Comentarios