País

Dos épocas, un modelo

El decreto de los inocentes: de la privatización de Menem a la era de Macri

El 28 de diciembre de 1995 el ex presidente Carlos Saúl Menem firmó el decreto 1022/95 para la privatización de LS82 TV Canal 7. Ya habían corrido igual suerte los canales 13 y 11 de Buenos Aires. Pero el intento fracasó


Trabajadores de la Televisión Pública Argentina

El 28 de diciembre de 1995 el ex presidente Carlos Saúl Menem firmó el decreto 1022/95 para la privatización de LS82 TV Canal 7. Ya habían sido privatizados los canales 13 y 11 de Buenos Aires. Pero el intento fracasó.

En medio de las fiestas navideñas, Menem firmó el decreto 1022/95 para la privatización y venta de la frecuencia 7, la más potente de la televisión Argentina, la única que garantizaba (y que en la actualidad sigue garantizando) el acceso gratuito a la TV para todos los habitantes. El plan menemista preveía su reemplazo por la frecuencia 4, de menor llegada y disputada entre la Argentina y Uruguay. Ya habían sido privatizados el resto de canales en los albores de ese gobierno. Una de las primeras leyes del menemismo, la llamada ley Dromi, de reforma del Estado, fue nefasta por su rol privatizador, pero paradójicamente exceptuó al canal estatal de ese proceso.

Pero vender la frecuencia era prácticamente lo mismo y abría las puertas para que luego se pusiera en venta el inmueble –un edificio construido íntegramente para producir contenidos de TV pero con el que todas las gestiones pretendieron y pretenden hacer negocios inmobiliarios– y que poco a poco el Estado deje de contar con la posibilidad de un medio de comunicación audiovisual que garantice el derecho a la información para toda la población.
El objetivo privatizador menemista fue acompañado de una política cotidiana de desgaste hacia los trabajadores y trabajadoras del canal mediante incumplimiento de convenios, atraso en el pago de salarios e incluso despidos, que en el caso del noticiero motivaron un paro total y una pequeña toma en marzo de 1996, con la que en un día se lograron las reincorporaciones, antesala de la lucha del año 2000.

La pelea de los trabajadores del canal incluyó paros, movilizaciones e incluso una presentación a partir de la cual cada trabajador puso su casa a modo de caución para sostener la medida cautelar presentada por el abogado del gremio de prensa Carlos Negri. Esa presentación dio lugar a una medida de no innovar por parte del Poder Judicial, que impidió la privatización de la frecuencia 7 y, en definitiva, del canal. Radio Nacional y la agencia Télam también sufrieron políticas similares durante el menemismo y luego con la Alianza que encabezó Fernando de La Rúa, de la que el actual titular del sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, fue funcionario. Esa vez, en el canal los despidos fueron 28 y la toma de las instalaciones se extendió por 17 días.

No es distinta a la situación de desgaste cotidiano que sufrimos en la actualidad los trabajadores y trabajadoras del canal estatal por parte de la gestión que encabezan Lombardi, Emilio Lafferriere y Marisa Piñeiro. Tampoco en los otros medios públicos: Télam, Radio Nacional y las señales digitales que tanto esfuerzo costó poner en pie. La pantalla es privatizada poco a poco, la mayoría de los contenidos son enlatados o producidos por estudios privados, cuyos dueños tienen buena relación con los funcionarios de turno. Además, cayeron drásticamente las audiencias, sentando las bases para que los trolls del propio gobierno siembren y propagandicen la duda sobre la utilidad de sostener una TV Pública, y son avasallados de manera ilegal los derechos laborales de sus trabajadores, a quienes nos rebajaron el salario en un 50 por ciento empujándonos a que tomemos retiros que poco tienen de voluntarios, y jubilaciones anticipadas que rechazamos de manera contundente. En pocas palabras, pretenden que el canal deje de funcionar.

Contra eso estamos peleando, en un contexto de fuerte concentración mediática y achicamiento de voces, donde los medios públicos siguen siendo los únicos garantes de informar y acercar contenidos artísticos a toda la población de manera totalmente gratuita, ya que, al contrario de lo que se cree, no sucede por ejemplo con internet, al no existir banda ancha gratis en nuestro país.

Nuestra lucha no empezó hace tres años. Tiene más de tres décadas de historia y esa trayectoria colectiva y coherencia nos da autoridad para seguir defendiendo hoy los mismos principios y el mismo valor: una TV Pública y medios públicos al servicio del conjunto de la sociedad y no de funcionarios de turno que utilizan sus cargos en la función pública para fines privados.

Seguiremos en la misma línea, con las mismas convicciones y la misma pelea.

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