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El debate que se viene por el nuevo Código Penal

El gobierno nacional dejó trascender que la presentación del proyecto (que estaba prevista para el 21 de agosto) se postergará hasta fin de año debido a diferencias entre un sector del Gabinete y la comisión redactora del nuevo Código


El proyecto de reforma del Código Penal se encuentra hasta el momento en estado de borrador y ya comenzaron a asomar desacuerdos sobre algunos puntos como el aborto no punible, mientras que otras cuestiones menos publicitadas, como la tenencia de estupefacientes, amenazan con nuevos conflictos que podrían darse en el debate parlamentario.

El gobierno nacional dejó trascender que la presentación del proyecto (que estaba prevista para el 21 de agosto) se postergará hasta fin de año debido a diferencias entre un sector del Gabinete y la comisión redactora del nuevo Código respecto de la eventual despenalización del aborto.

Según trascendió, un sector del gobierno impulsa la eliminación total del artículo 88 del Código, que establece la pena de prisión para las mujeres que accedan a un aborto, mientras que el proyecto de la comisión redactora que preside el juez Mariano Borinsky lo deja a criterio del juez.

El borrador del proyecto al que tuvo acceso NA incluye la jurisprudencia del “fallo FAL” sobre aborto no punible cuando el embarazo provenga de un abuso sexual y reemplaza la referencia actual a la “violación o atentado al pudor cometido sobre mujer idiota o demente” por “abuso sexual”.

Además, establece que cuando no existieran esas causales (que se suman a la del riesgo para la salud física o mental de la mujer) la pena de prisión será de 1 a 3 años (es decir que será excarcelable) y el juez podrá disponer que sea dejada en suspenso o directamente eximir a la mujer.

Otro punto de la reforma que podría generar controversias es la inclusión del “fallo Arriola” de la Corte Suprema sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En este sentido, habrá una pena de 1 mes a 2 años de prisión (excarcelable) cuando, “por su escasa cantidad” se determine que el estupefaciente en cuestión es “para uso personal” y se establece que no será punible “si la tenencia no hubiere trascendido el ámbito de la privacidad”.

La controversia, en este caso, podría darse dentro del Congreso, dado que días atrás, cuando trascendió que en el nuevo Código se despenalizaría la tenencia para consumo personal, el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, advirtió en una entrevista televisiva que no estaba de acuerdo con este punto.

Por otra parte, en momentos en que el kirchnerismo cuestiona el uso de la figura jurídica del “arrepentido” en el marco de la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública, el proyecto contempla esta herramienta, bajo el nombre de “colaborador eficaz”.

Esa figura, que fue incorporada al actual Código Penal por la ley en 2016, rige para los delitos graves (como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, asociación ilícita y corrupción, entre otros) pero en el proyecto “se amplía a delitos cuya pena máxima sea igual o superior a 15 años de prisión” y que por su complejidad el tribunal considera necesaria esta técnica.

Respecto de la corrupción, el nuevo Código aumentará las escalas penales para los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno transnacional y enriquecimiento ilícito, de modo tal que las penas “sólo podrán ser de cumplimiento efectivo”.
Esto es así porque las nuevas escalas van de 4 a 12 años de prisión, mientras que hoy son de 1 a 6 años para todos los delitos enumerados y 2 a 6 años para el enriquecimiento ilícito.

Además, actualmente el único agravante es que el funcionario involucrado sea juez de la Nación o funcionario del Ministerio Público, pero en el nuevo Código se ampliará a los cargos de presidente, gobernador y jefe de gobierno porteño, así como a los respectivos vice, además de intendente y legisladores provinciales y nacionales.
Se incorpora, además, el delito de soborno entre privados, con posibilidad de que las personas jurídicas puedan responder por este delito.

En tanto que en delitos de violencia de género se prevé la intervención de la víctima en los procesos de suspensión del juicio a prueba y se establece a la violencia de género como una circunstancia agravante de la pena que obliga al juez a imponer una penalidad un tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.

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