Juan Cruz Campagna
Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que aplica un régimen impositivo preferencial a ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilian a efectos legales en ese país. Principalmente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy importante en el pago de impuestos. Funcionan con leyes de secreto bancario y de protección de datos personales, de modo que accionistas y directores no figuran en registros públicos.
En definitiva, los paraísos fiscales trabajan como protectores de un capital que no quiere tributar lo que la ley exige. Protegen dinero que huye de un país al que no quiere pagar los impuestos correspondientes.
Al mantener en secreto el origen del dinero y sus verdaderos dueños, estos escondites son los preferidos para todo tipo de actividades ilícitas: evasión fiscal, lavado de dinero y fuga de capitales, corrupción, tráfico de drogas, armas y personas, actividades terroristas y cualquier otra por fuera de la ley.
Se estima en unos 32 billones de dólares la cantidad total de dinero que las élites globales han escondido en banca offshore y guaridas fiscales, lo que equivale a un 45% de todo el PBI mundial. Todo esto ocurre mientras el 50% de la población mundial está por debajo de la línea de pobreza.
La filtración masiva de documentos dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en los denominados “Panamá Papers” y “Paradise Papers”, demostró la existencia de una red de evasión fiscal global en la que están implicados políticos, empresarios y famosos de todo el mundo.
El problema es particularmente alarmante en América latina, la región más desigual del mundo. Una parte importante de los beneficios del crecimiento de la región está en manos de un pequeño número de personas muy ricas, a expensas de los pobres y la clase media. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó la evasión fiscal de parte de personas y empresas en la región en más de 340.000 millones de dólares en el año 2015.
Se estima que América latina deja de percibir en cobro de impuestos de flujos financieros ilícitos más de 10 mil millones de dólares al año. Los países latinoamericanos pierden ingresos que necesitan con urgencia para su desarrollo económico.
Se mueven a nivel mundial, en ese mundo oculto, entre 500 y 600 mil millones de dólares por actividades vinculadas al comercio internacional, y cerca de 200 mil millones de dólares en activos financieros que provienen de la riqueza privada personal. Las empresas transnacionales y las élites políticas y económicas ocultan sus ganancias y patrimonios por medio de estos mecanismos.
En nuestro país, y a pesar de haber llegado a la Casa Rosada con un discurso de combate a la corrupción, el gobierno de Cambiemos acumula denuncias contra funcionarios que tienen dinero oculto en paraísos fiscales. Los Panamá Papers demostraron que el presidente argentino Mauricio Macri figura en dos offshore en Panamá y las islas Bahamas, mientras la impresentable Oficina Anticorrupción se dedicó a defenderlo sin siquiera investigar.
Las filtraciones e investigaciones también incluyen al ministro de Finanzas, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales que manejó cientos de millones de dólares. Fue denunciado por omitir declarar sus acciones en sociedades offshore y el presunto delito de evasión agravada. Además, se sostiene que algunas de esas sociedades suscribieron bonos de deuda en cuya emisión participó el propio Caputo.
El último caso que trascendió fue el del subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, acusado de haber ocultado 1,2 millón de dólares en un banco privado de Andorra.
Además de los ya mencionados, figuran en distintas filtraciones e investigaciones el ministro de Energía, Juan José Aranguren; el intendente de Cambiemos en Lanús, Néstor Grindetti; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el intendente de Vicente López y presidente del Grupo Bapro, Jorge Macri.
El presidente y sus funcionarios no parecen estar dando ejemplo de transparencia y lucha contra la corrupción. Su vocación no parece estar en el bienestar del país, sino en hacer dinero, llevárselo al exterior, evadir impuestos y después exigir al resto de los argentinos que hagamos sacrificios, que aceptemos que se deteriore nuestro nivel de vida, nuestros salarios, que soportemos la inflación y los tarifazos que ellos generan, que paguemos las desquiciadas deudas que ellos contraen.
Las enormes riquezas que circulan en sistemas financieros secretos están empobreciendo al mundo y acrecentando la desigualdad, ya que evaden el pago de impuestos en los países donde hacen negocios y desde los cuales fugan el dinero. Eso priva a las naciones de recursos que necesitan para financiar salud, educación, políticas sociales, jubilaciones o mejoras laborales. Todo tan recortado y “sincerado” en estos tiempos.
Curro: Argentina/coloquial
1- Trabajo ocasional que permite ganar dinero sin mucho esfuerzo.
2- Engaño que se realiza a una persona para estafarla.
(*) Juan Cruz Campagna es licenciado en ciencia política y administración pública. Docente e investigador universitario
