Por Lucía Sabini Fraga/ Puenteaereodigital
Si algo despertó el Coronavirus, además de la paranoia mundial, fueron ciertos debates de fondo dignos de quedarse en el tapete incluso cuando la epidemia ya se haya ido: el rol del Estado, la tensión entre la salud como un bien social o como una empresa de ganancias y pérdidas, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, y hasta la viabilidad de este sistema económico, entre otros felices tópicos.
Sin duda, aquellos países que tienen más desarrollada la presencia del Estado en áreas tan sensibles como ésta, han podido hacer frente de modo directo y con resultados más favorables a la pandemia del Covid-19. Quizás el caso de EEUU, cuyo sistema de salud es en gran porcentaje privado –y la parte pública tampoco es gratuita, de hecho es particularmente costoso– es el paradigma del darwinismo social, donde nadie que no tenga dinero podría afrontar un tratamiento o siquiera un test. Las propuestas de los sectores más progresistas insisten con coberturas universales de salud, y cuidados mínimos para todos los ciudadanos.
Dentro del foco europeo, dos de los países que más han sufrido en infectados y víctimas fatales, vienen siendo Italia y España. A pesar de ser países del primer mundo, con ciertos niveles de desarrollo y bienestar social, en ambos casos (particularmente Italia) se cuestionó el rol de la sanidad pública como un sistema colapsado y carente de estructura para enfrentar el descalabro.
SSN
Italia tiene un servicio de salud nacional, llamado SSN o Servizio Sanitario Nazionale, que brinda atención médica gratuita a sus residentes en las ramas más generales de atención y médicos de cabecera, aunque cobrando un co-seguro para prestaciones específicas como laboratorio, especialidades médicas, operaciones, etc. A su vez, el SSN se divide en servicios regionales, denominados Azienda Sanitaria Locale (ASL o Agencia Sanitaria Local), y su alto nivel de autonomía dictamina la cantidad de recursos que ostenta cada región: los famosos norte y sur italianos. Uno de los problemas mayores son las largas listas de espera de la atención sanitaria pública, realidad que empuja a muchos pacientes a “mudarse” a servicios privados, con el consiguiente costo que eso significa.
Pero existen efectos concretos que golpearon al sistema de salud nacional, tienen nombre y apellido y se llaman recortes presupuestarios. Según informa la italiana Ilaria Canale, para La izquierda a diario, “la financiación pública reservada para la atención sanitaria ha disminuido en unos 37.000 millones de euros en los últimos 10 años, la mayor parte de los cuales (unos 25.000 millones) se recortaron en el período 2010-2015”. En ese sentido, se ha optado por un retiro del sector público dejando lugar al privado en importantes proporciones: el número de laboratorios y clínicas locales privadas oscila el 60% en todo el país, aunque en algunas zonas del sur llega a más del 80%.
Durante los mandatos del multimillonario Silvio Berlusconi, presidente del Consejo de Ministros del 2001 al 2005 y del 2008 al 2011 (algo así como jefe de Gobierno o Primer Ministro aunque con menores poderes con respecto a otros Estados), los planes de austeridad incluyeron recortes salvajes en el Estado; marca de fuego continuada por su sucesor Mario Monti. En julio del 2011, el Gobierno italiano aprobó un plan de ajuste de 79.000 millones de euros para el lapso 2011-2014, de cara a la enorme recesión que afrontaba el país, con una caída del PBI del 2% y más del 120% del mismo como deuda en títulos públicos. En ese contexto, según la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), de 2009 a 2015 la sanidad pública italiana perdió 50.000 trabajadores.
Este recorte golpeó a los sectores de la población más vulnerables –como son los adultos mayores– que representan en Italia un 22% de su población, una de las tasas más altas de ancianidad de Europa. Si le sumamos que una enorme masa de esos jubilados cobra el mínimo (alrededor de 700 euros), entendemos porque tendrán que “caer” en el servicio público de salud, donde la falta de personal genera aún peores condiciones de atención. Se calcula que en Italia 4,5 millones de ancianos están por debajo de este ingreso mínimo, y otros cientos de miles directamente excluidos de ese derecho.
Y los problemas no están tan lejos como parecen: a fines de enero del 2019 (poco más de un año atrás) la economía italiana entró en recesión por tercera vez desde la gran crisis del 2008, contrayendo la actividad y volviendo a llevar al PBI al campo de los números negativos. Es decir, una crisis que parece nunca terminar de irse.
España
Quizás el primer obstáculo para pensar el sistema de Salud en España es que ha sido un modelo descentralizado debido a la fuerza de las comunidades autónomas, quienes han intentado elabora sus propios planes de salud y sanidad. Se podría decir, que hay muchas Españas: en 2002 se disolvió el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), tras la conformación del proceso de descentralización promulgado por la Constitución, las competencias y servicios sanitarios fueron transferidos a cada una de ellas. Las diferencias podrían surgir en torno a la gestión de los ingresos, puesto que la ley nacional establece una distribución basada en el principio de equidad de recursos.
El ámbito que manejaba la salud pública en el país ibérico se había creado por primera vez en 1977 bajo la denominación de Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria, una gama de cuestiones demasiado amplia que con los años fue separándose en direcciones y sub direcciones. En 1989 la asistencia sanitaria en España pasó a ser universal y gratuita, con la excepción del llamado turismo sanitario. Actualmente, luego de la modificación del 2002, el gobierno central tan solo presta el servicio a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en las localidades Ceuta y Melilla (continente africano, frente a Gibraltar y pertenecientes a España), al mismo tiempo que sólo coordina ciertas cuestiones generales y básicas entre las distintas comunidades.
Como posible hipótesis, puede que la descentralización y la autonomía de las regiones, hayan –de algún modo– frenado decisiones unívocos del gobierno español para con todo su territorio, respecto a la pandemia del Coronaviru; medidas que más de uno juzga como tardías y desacompasadas.
“La respuesta del sistema de salud no ha sido buena; una respuesta muy incrédula y muy lenta”, explica la pediatra residente en Málaga, Mara Cerqueiro Bybrant. La especialista, que estudió en la Universidad Karolinska Institutet de Suecia, relata cómo es el escenario de las clínicas en la región de Andalucía, donde trabaja, de cara al nuevo virus Covid 19 que acecha al viejo continente.
En su relato, Mara explica que hace poco más de una semana, al levantarse y ver sus primeros correos electrónicos, encontró una muy buena guía de la Asociación Española de Pediatría acerca de cómo tratar a la gente que asiste a una consulta externa. Las secretarias debían guardar una distancia mínima de 2 metros con los pacientes, y preguntar en primer lugar si el paciente presentaba tos y fiebre; que en caso afirmativo debían ser separados y darles mascarillas. Pero la realidad fue otra: “Cuando llego a las 9.30 de la mañana a mi trabajo había gente en la sala de espera como siempre sin distinguir los espacios. Esto fue el jueves pasado cuando el virus de se estaba empezando a propagar muy rápidamente en Madrid, o sea que sabíamos que esto venía a tope. Y toda esa mañana no hicieron ningún tipo de restricciones”.
Ese día, Mara atendió a niños con tos y fiebre; niños que difícilmente tosan en el codo en vez de la mano o al aire. Que estaban sentados al lado de gente mayor que necesitaba asientos. Sin mascarillas, recorriendo y pasando por las zonas comunes, sin desinfecciones ni controles.
“Una vez que el virus ya está en la sociedad, no tenés forma de pararlo, ya está”, concluye Mara, dándole la razón a las medidas de aislamientos social que permiten cortar con la cadena de contagios masivos. Porque en definitiva, hoy en día, la preocupación radica no tanto en el aumento de casos (que estadísticamente es una realidad, porque aún no se llegó al punto máximo de la curva), sino en que el sistema español pueda atender al mayor número de personas posibles, con la infraestructura existente (colapsada y con grandes faltas de materiales) e intentar evitar más muertes.
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