Lucia Demarchi
En diciembre del año pasado el Congreso de la Nación sancionó la Ley Micaela, que establece que los funcionarios que se desempeñen en los tres poderes del Estado deben capacitarse en materia de género y violencia hacia las mujeres. La ley lleva el nombre de Micaela García, una militante del Movimiento Evita que en 2017 fue víctima de un femicidio que, una vez más, puso en la agenda de los medios la problemática de la violencia de género. Al ser nacional, la normativa debe ser reglamentada por las provincias. En Santa Fe, el proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores por el gobernador Miguel Lifschitz en marzo pasado, pero la poca actividad de ese cuerpo en año electoral hizo que la iniciativa aún esté en comisiones sin miras de pasar al recinto en el corto plazo. Desde el gobierno provincial destacan que, pese a eso, existe una demanda de formación y capacitación de los Ejecutivos locales y del Poder Judicial. “En los últimos dos años y medio se crearon 150 Áreas Mujer a través de convenios con la Subsecretaría de Políticas de Género”, dijo Gabriela Sosa, titular de esa cartera.
La ley Micaela es la denominación política que lleva la ley nacional N° 27.499, sancionada en diciembre de 2018, que prevé la creación de un “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”. La iniciativa establece la capacitación obligatoria en la temática de género para todos los funcionarios públicos que integran los tres poderes del Estado.
El nombre de la ley es el de una de las más de 250 víctimas de femicidio que hubo en la Argentina en 2017. Micaela García tenía 21 años, estudiaba Educación Física, vivía en Gualeguay, Entre Ríos, y era militante de Movimiento Evita. En abril de 2017, la joven fue sometida sexualmente y asesinada por Sebastián Wagner y Néstor Pavón, ambos condenados a perpetua por el femicidio.
En marzo pasado el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, envió a la Cámara de Senadores provincial la propuesta de adhesión a la Ley Micaela. Sin embargo, la iniciativa no está cerca de llegar al recinto para ser debatida por los legisladores. Aún se encuentra en comisiones y, según consideraron funcionarios de ese poder, es poco probable que sea abordada en los próximos meses.
“Más allá de que la Ley Micaela no tenga una adhesión formal a la Ley nacional, ya venimos trabajando en estas capacitaciones y le sumamos algunas iniciativas que contribuyen a la formación. Tenemos un equipo específico que se dedica a la promoción de derechos y a la capacitación de actores de municipios y comunas y áreas del Estado provincial”, dijo a El Ciudadano Gabriela Sosa, subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, quien destacó que, además, se han firmado convenios con el Poder Judicial y con las Fuerzas de Seguridad para trabajar en esa misma línea. “Desde que se creó la Dirección (hoy Subsecretaría) se pensó en dos equipos: uno de atención a situaciones de violencia y otro para promoción de derechos y capacitación. Lo que cambió en los últimos años es que el equipo que antes atendía situaciones de modo directo con las víctimas, ahora atiende a municipios y comunas que son los que reciben a las víctimas de manera directa”.
Sosa destacó que, por decisión política, la provincia de Santa Fe tiene la agenda de género como una de sus prioridades, y remarcó que en los últimos dos años y medio se crearon, en distintos municipio y comunas de la provincia, unas 150 Áreas de la Mujer a través de convenios con la Subsecretaría de Políticas de Género.
“En toda la provincia había 15 y hoy son alrededor de 170. Son aportes económicos para la contratación y formación de profesionales en aquellas localidades que tengan la decisión política de sumar en este sentido”, remarcó Sosa.
Para la funcionaria, si bien es fundamental que el Poder Legislativo provincial avance y promueva la adhesión formal a Ley Micaela, “el contexto de lucha del Movimiento de Mujeres genera un diálogo muy interesante que potencia las políticas públicas”, lo que hace que el requerimiento de capacitación y formación de los distintos poderes exista aún sin que esté reglamentado a nivel local por la normativa.
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