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El Concejo pide saber si desde el puerto ya se contaminó a los barrios que están al lado

El cuerpo legislativo encomendó al Palacio de los Leones que gestione un estudio ambiental sobre Terminal Puerto Rosario y las zonas linderas: República de la Sexta, San Martín, Villa Manuelita, Las Heras y Esteban Echeverría. Un peritaje ordenado por la Justicia ya detectó residuos peligrosos


El Concejo Municipal aprobó un proyecto de decreto de María Luz Olazagoitía que encomienda al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia un informe ambiental de las instalaciones de Terminal Puerto Rosario (TPR) y los barrios aledaños de las terminales de la zona sur: República de la Sexta, General José de San Martín, Villa Manuelita, General Las Heras y Esteban Echeverría. La iniciativa se monta sobre un pronunciamiento de la Justicia federal, que pocos meses atrás advirtió que TPR realizaba movimientos de cargas generales, como es lógico, pero “algunas de ellas muy contaminantes”, entre ellas carbón de coque, y que lo hace “sin el certificado de aptitud ambiental que es obligatorio para manipularlas”. Y ordenó un estudio que determinó que la contaminación existe.

“El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque ordenó a Terminal Puerto Rosario, del grupo Vicentin, y concesionaria de los muelles 1 y 2 del puerto local que se abstenga de utilizar una playa de maniobras hasta que no cumpla con las inversiones requeridas y obtenga los certificados correspondientes del Ministerio de Ambiente”, marcó la concejala en los fundamentos del ahora decreto aprobado que fue acompañado en la presentación por Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Pedro Salinas, sus compañeros de la bancada de Ciudad Futura-Frente Social y Popular.

Además del decreto, el bloque presentó un proyecto de declaración, también aprobado. En el texto, el cuerpo legislativo local expresa “preocupación” por “las prácticas de la empresa Terminal Puerto Rosario, que opera sin los certificados correspondientes” lo que da cuenta “de la gravedad del daño ambiental y la violación de las normas vigentes”.

El pedido de informes, explicó Olazagoitía, apunta a que TPR “nunca obtuvo el obligatorio Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la ley 25.675 artículo 11”. Se trata de la ley General de Ambiente, norma que rige a nivel nacional y que en en el punto mencionado establece explícitamente que toda actividad que pueda afectar al ambiente o la calidad de vida de la población “estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Pero además, el decreto del Concejo se apoya en la ley provincial 11.717, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que establece las regulaciones y sanciones para, por ejemplo, el caso de TPR.

Terminal Puerto Rosario, otra empresa de Vicentin floja de papeles, esta vez en el plano ambiental

“Faltan obras de contención y se encontraron residuos de petcoke, circunstancia que genera una enorme dispersión de polvo proveniente de dicho material que los camiones luego arrastran y esparcen por las calles de nuestra ciudad poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud pública”, explicó la concejala Olazagoitia. La sustancia a la que se refiere es el coque de petróleo, un derivado sólido que, según su tipo, se utiliza desde combustible de calderas hasta como insumo para otras industrias, como fabricación de pilas, electrodos, fundición de metales y más. Y también, según su tipo, es el riesgo que representa por contaminación.

En ese marco, además del peligro latente o la acción consumada que pide que se determine, Olazagoitía también dio cuenta de una asimetría de otro orden: “Hay una doble vara en Rosario –sostuvo–. Mientras a estas empresas les permiten toda la ilegalidad, a otras que son pymes o comercios no les brindan un beneficio dentro de la ley para que sigan sus con sus puertas abiertas. El ejemplo más claro es que la TPR debe el Drei desde 2014. Son más de 40 millones de pesos, y amenaza con no pagarlos”.

En tanto, en paralelo al abordaje del tema el Concejo Municipal, en la Cámara de Diputados de la provincia se presentó un proyecto que expresa “preocupación” por la misma situación y otro que declara el “beneplácito” por la actuación del juez federal Bailaque sobre el tema, de autoría de Carlos del Frade.

Es que en su última acción, el magistrado dispuso un peritaje científico que comprobó la contaminación. El estudio se encomendó a la Policía Federal, cuyos peritos detectaron “residuos peligrosos ecotóxicos derivados del petróleo”. Las conclusiones se difundieron pocas semanas atrás, en febrero. Y entre las sustancias existentes en el lugar se encontraron hidrocarburos “contemplados en la ley de Residuos Peligrosos”, y también “cadmio, plomo y cromo en concentraciones superiores a las permitidas en el uso industrial que son consideradas residuos peligrosos por tratarse de sustancias ecotóxicas”.

El informe lleva la rúbrica del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, y se concretó en el marco de una denuncia penal contra esa empresa interpuesta por la ONG Cuenca del Río Paraná. El abogado querellante, Fabián Maggi, remarcó que el peritaje “confirma que las muestras tomadas en el predio de la empresa tienen presencia de metales pesados por encima de los niveles permitidos en la normativa y en todas ellas encontraron alto porcentaje de un derivado del petróleo muy nocivo”.

Terminal Puerto Rosario contamina el ambiente con residuos peligrosos, según detectó un peritaje

El reclamo original, al que el juez Bailaque hizo lugar en octubre del año pasado era que la empresa del grupo Vicentin se abstuviera de manipular carbón de coque, un elemento altamente contaminante, como también de utilizar un sector del predio portuario conocido como playón Ayolas, “hasta tanto obtenga el certificado ambiental para poder operar”. Según la denuncia, TPR “manipulaba y acopiaba al aire libre y sin los recaudos necesarios residuos de refinación de petróleo que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud pública”.

De igual modo, más allá del tema del carbón de coque, Terminal Puerto Rosario viene desarrollando sus actividades en un marco de “irregularidad absoluta”, determinó el fallo entonces, que dispuso que se paralizara toda actividad relacionada al carbón de coque, y que se cerrara la planta donde está almacenado, hasta que se tomen las medidas correspondientes de protección y que el Estado compruebe que todo está en regla y conceda la certificación correspondiente. Por entonces, la abogada Melisa Martiñena, que también representa a Cauce Río Paraná, consideró “muy importante” la decisión del juez Bailaque: “Se reniega mucho, no sólo con las empresas que son muy fuertes, sino con una Justicia que está poco ávida de tomar decisiones, un poco por desconocimiento pero también están las componendas y un Ministerio de Medio Ambiente que no actúa como corresponde”, distinguió.

La firma Terminal Puerto Rosario obtuvo la concesión por 30 años de la terminal multipropósito que se encuentra bajo jurisdicción del Enapro, y consta de dos áreas de trabajo, la Terminal 1 y la Terminal 2, donde se atienden cargas a granel, cargas generales y contenedores. La empresa presta servicios básicos de carga, descarga, manipuleo y almacenaje de mercadería sobre playa o plazoleta fiscal y está catalogada como empresa que genera residuos peligrosos.

La empresa es controlada por Vicentin, con un socio chileno, Ultramar, que posee el 30% de las acciones.

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