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Debate en el Palacio

El Concejo perdonó deudas de TGI adquiridas durante la pandemia y desató controversias

Los ediles aprobaron una normativa para eximir de forma excepcional el pago del impuesto entre abril y septiembre de 2020 por la crisis de la pandemia. Distrito 7, acusado de vinculación con el partido Ciudad Futura, y una tradicional agencia de turismo despertaron cuestionamientos


El Concejo municipal aprobó este jueves perdonar de forma excepcional la deuda de la tasa general de inmuebles (TGI) desde abril a septiembre del 2020 a propietarios de salones de eventos, teatros y espacios culturales ante la crisis originada por la pandemia de coronavirus.

Son 56 emprendimientos y comercios de diferentes rubros que habían hecho una presentación para obtener el beneficio que les permita afrontar la crítica situación y continuar con la actividad.

La presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Lorena Carbajal, del bloque Socialista, precisó que la normativa incluye a salones de fiesta, salones de fiesta infantiles, teatros independientes, agencias de viaje, peñas folclóricas y centros y espacios culturales, como por ejemplo la Facultad Libre.

Hubo una controversia por la inclusión en el listado de dos espacios. Uno de ellos, Distrito 7, una cooperativa a la que parte de la oposición vinculó con Ciudad Futura, desde donde apuntaron a los cuestionadores como quienes buscan “estigmatizar a trabajadores por su identidad política”.

Debate

El edil Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio, rechazó la exención para el espacio cultural Distrito 7 ya que, según indicó, pertenece a un espacio político. Tras la réplica del edil Pedro Salinas (de Ciudad Futura-FSP) y la exclusión del listado general de Distrito 7, el espacio fue votado de manera individual con el sufragio negativo de este bloque opositor.

En todos los casos, se abstuvo la bancada de Cambiemos, por la que hablaron Agapito Blanco y Roy López Molina.

También intervinieron en el debate Alejandro Rosselló y Germana Figueroa Casas, compañeros de Cardozo en Juntos por el Cambio. Figueroa Casas recordó que cuando el año anterior se votó similar exención para otros casos planteó la necesidad de una norma general. Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ, coincidió con la edila e hizo referencia a un proyecto presentado en tal sentido en 2020.

Por su parte, Renata Ghilotti, del bloque Propuesta Republicana que también se referencia en el PRO, votó negativamente en el caso de Distrito 7 y consideró que “perdonar deudas a Distrito 7 es una burla a la sociedad”. “Debemos terminar con la política al servicio de la política. Los rosarinos no tienen por qué pagar los impuestos de Ciudad Futura, demasiado tienen con los propios”, sostuvo.

“Distrito 7 es un emprendimiento comercial de la estructura política de Ciudad Futura. No importa la figura jurídica que le hayan elegido. Esperamos se revea la medida de forma urgente. Equiparar al sector privado con el negocio de un partido político es un error del cual deberán hacerse cargo desde el Frente Progresista, el peronismo y obvio los propios dueños de Distrito Siete, Ciudad Futura”, agregó.

En tanto, la edila de Ciudad Futura, Jesica Pellegrini, negó una vinculación entre el partido político y el bar, y aseguró que Distrito 7 es independiente. “Es un espacio que más allá de su indudable identidad política está conformado por una cooperativa de trabajo que, en medio de la pandemia y tras cuatro años de macrismo, debió reducir a la mitad la cantidad de trabajadores”, expresó, y acusó de “estigmatizar a trabajadores por su identidad política”.

“Es un acto de odio y discriminación del que Juntos por el Cambio nos tiene acostumbrados. Es un momento de clima de campaña (electoral) y usan como chivo expiatorio a un grupo de trabajadores. Juntos por el Cambio usa su fuerza natural para inocular odio y denostar a quienes tenemos una inclinación por la solidaridad, la diversidad y la construcción”, agregó.

Cuestionado

Otra de las exenciones que despertó cuestionamientos fue la solicitada por la agencia de turismo Free Way, cuyo socio gerente salió de garante de un familiar, Patricio Carey, para obtener la libertad luego de ser imputado por lavado de dinero y tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad en la financiera Cofyrco, sin habilitación. “No tenemos noticias de hasta dónde llegan las implicancias de la investigación penal sobre la financiera. Ante la duda, solicitamos permiso para abstenernos”, dijo López Molina.

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