El Concejo Municipal definió con mayoría calificada el endurecimiento de las multas para quienes conduzcan vehículos para las aplicaciones no reguladas como Uber, Cabify y Maxim, que tienen sus propios preceptos internos pero están fuera de la legislación local. “Para la prestación del servicio de transporte de personas realizado en forma habitual y onerosa, con vehículos sin habilitación municipal y cuyo despacho de viajes se practique a través o sirviéndose de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo, la multa será de 1.300 a 3.800 UF”, dice un párrafo del texto sancionado. UF es la abreviatura de unidades fijas, en las que se expresan las sanciones de tránsito y equivalen al menor precio venta al público de un litro de nafta especial en una estación de servicio YPF del Automóvil Club Argentino, por lo que la sanción máxima supera con creces los 300 mil pesos. Para abril la UF ascendió a 88,40 pesos.
El proyecto para endurecer las sanciones se trató sobre tablas y quedó aprobado por la concurrencia de casi todos los bloques a excepción del macrismo, cuyas tres bancadas, Cambiemos, Juntos por el Cambio y Propuesta Republicana, votaron en contra junto al bloque unipersonal de la Unión Cívica Radical. Hubo dos abstenciones.
“De esta manera el municipio desalienta a estas empresas a trabajar en la ciudad, porque están acostumbrados a abonarles la multa cuando son sancionados y llevados al corralón, acostumbrados que son multas de bajo costo”, había explicado la concejala opositora Marina Magnani, en sintonía con el propio intendente Pablo Javkin, quien esta semana repudió mensajes anónimos para presionar a ediles para que legitimen el trabajo de las aplicaciones en la ciudad.
Sin embargo la iniciativa, que este lunes había recibido despacho favorable en la comisión de Servicios Públicos y el martes en la comisión de Gobierno, generó un extenso debate en el plenario.
Uno de los puntos esgrimidos por la oposición es que se endurecen las sanciones cuando están en tratamiento iniciativas para que desembarquen en forma legítima, esto es con regulación. Y otro fue la distancia entre las multas por correr una picada, de 56 mil pesos, seis veces menos que la sanción por transportar a personas.
Empero el eje del debate se centró en la potestad del Estado para regular los servicios. El concejal Eduardo Toniolli, el primero que mencionó concretamente a Uber, sostuvo que la aplicación “destruyó” el sistema de taxis y remises de las ciudad de Mendoza y de la capital de Uruguay, Montevideo. “Se trata de multinacionales con una enorme capacidad de generar demanda y cuyo objetivo claramente es organizar detrás suyo a todo el transporte ilegal, ya existente con la posibilidad cierta, como ha sucedido en algunos lugares del mundo, de destruir el transporte público y destruir la regulación estatal municipal”, marcó el edil kirchnerista.
De hecho el aumento de las sanciones venía siendo empujado por todos los sectores ligados al sistema de taxis y remises, desde las cámaras patronales hasta el Sindicato de Peones.
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