Desde el bloque político insisten en que ambas crisis, la de violencia y la ambiental, tienen un carácter interjurisdiccional que obliga a que el Gobierno Nacional articule con los poderes ejecutivos y legislativos medidas contundentes y formas de abordaje que sean operativas en su ejecución. Por eso, se leé en el proyecto, tanto el presidente como sus ministros “formarán parte de una Mesa de Propuestas y Ejecución, a través de la cual receptarán y evaluarán las propuestas de abordaje que eleven los miembros de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de los distintos niveles del Estado”, para que la implementación de las medidas que se adopten sea inteligente y tengan un impacto real en el territorio.
Además, el proyecto prevé la constitución de la Mesa de Articulación y Seguimiento con el Poder Judicial, con el fin de disponer los recursos que se requieren para el avance ágil de las investigaciones, y para ejercer un seguimiento de las mismas, tanto en la justicia federal como provincial.
“Esto es algo con lo que venimos insistiendo: esta conjunción de conflictos, que prácticamente tornan invivible a nuestra ciudad, que generan además una legítima irritación en las y los rosarinos, requiere de un involucramiento urgente y decidido por parte de las máximas autoridades de gobierno de nuestro país. Rosario es la segunda ciudad del país. Merecemos y necesitamos más que gestos simbólicos. Hay que coordinar políticas desde todos los niveles del Estado para frenar las crisis que atravesamos hace ya demasiado tiempo”, concluyó Monteverde.
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