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El colectivo LGTBI consolidó sus derechos pero sumó una muerte

Son 300 las víctimas trans en todo el país que buscan una pensión a modo de reparación histórica no sólo por crímenes en la última dictadura sino durante la vuelta a la democracia.


Las mujeres no fueron las únicas que sumaron logros en 2017. El colectivo LGTBI logró el cupo laboral trans en Rosario y un acompañamiento a familias con hijos trans en la provincia. Hubo protestas con besos contra la homofobia y lesbofobia más la habitual marcha del orgullo gay. También presentaron un proyecto de reparación histórica para trans.

Entre el 23 de enero y el 10 de marzo de 2017 el Área de Diversidad Sexual municipal inscribió a 46 mujeres y 16 hombres trans en el Registro Único de Aspirantes para personas travestis, transexuales y transgénero. Habían ganado el lugar después de una ordenanza votada en 2016 a la que los concejales de Cambiemos decidieron abstenerse. La preselección y selección duró tres meses. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, la intendenta Mónica Fein puso la firma en el decreto por el cual cinco mujeres y un varón trans accedieron a un trabajo formal.

La herida

Pamela Tabares fue encontrada el 26 de julio asesinada al menos cinco balazos en la zona rural de la vecina localidad de Pérez. Tenía 36 años, el promedio de vida de la comunidad travesti, y era trabajadora sexual. A lo largo de su vida no pudo acceder a un trabajo fijo ni consiguió ayuda del Estado. El crimen puso en evidencia la vulnerabilidad social del colectivo en Argentina con nulas posibilidades de entrada al mercado del trabajo formal y que es blanco de discriminación y violencias constantes. Apenas trascendió la noticia, el trasvesticidio se convirtió en una bandera de las organizaciones de diversidad sexual que aún reclaman esporádicamente por el esclarecimiento.

Besazo

En junio una pareja de lesbianas se besaba en el bar Athipyko II de Salta y Balcarce cuando un empleado de seguridad privada les dijo que no podían hacerlo. ““Acá eso no”, les dijo. “¿Qué es eso?”, respondieron ellas; “Eso, besarse entre mujeres”, contestó el seguridad. Días después desde la Mesa de las Tortas, una organización de lesbianas, convocaron a un besazo frente al bar. “Las lesbianas y bisexuales estamos hartas de tener miedo, y lo que queremos responder es que estamos orgullosas de esos deseos y afectos”, dijeron desde la organización.

De la mano

En julio el gobierno de Santa Fe oficializó el acompañamiento de Infancia Trans, un programa de contención para niños, niñas, adolescentes y familias. El servicio, coordinado por el psicólogo Javier Panziera, propone acompañar el tránsito de las infancias trans desde la perspectiva del derecho a la libre expresión de su orientación sexual e identidad de género.

La iniciativa surgió como alternativa a tratamientos de conversión que “enderezan” el género. Desde el gobierno provincial hace un año acompañan a 10 familias y buscan denunciar a comunidades terapéuticas, retiros espirituales y profesionales de salud que intenten “corregir” con pastillas o torturas. “Las consultas van a aumentar. No porque esto sea un incentivo sino que se va a empezar a relevar algo que está pasando. En la provincia nacen 20 niños intersex por año. Y uno de cada 10 mil niños experimenta incongruencia con la identidad de género con la que nacieron”, explicó el consultor del gobierno.

Con orgullo

El 7 de octubre la plaza de la Libertad le hizo honor a su nombre y congregó alrededor de mil personas en una nueva marcha por el orgullo gay. Con el lema Orgullo es Lucha marcharon desde la plaza de Mitre y Pasco hasta San Martín y el río. Después leyeron un documento colectivo para alertar por los travesticidios y la vulnerabilidad que sufre el colectivo LGBTI.

A mediados de noviembre organizaciones de diversidad sexual presentaron un proyecto de reparación histórica en el Senado de la Nación para crear una pensión para víctimas trans de las fuerzas de seguridad. Fue la segunda vez que una iniciativa de este tipo llegó al Congreso. La anterior entró en octubre de 2016 y está frenada en la comisión de Seguridad Interior. Días antes, un grupo de 22 trans santafesinas pidieron a la Justicia tener la pensión que la ley provincial 13.298 garantiza a todos los detenidos durante la última dictadura cívico militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles. Es el mismo trámite que hace cualquier preso político. Son 14 de Rosario y 8 de Santa Fe.

El proyecto presentado en el Senado de la Nación va más allá de la dictadura militar y apunta a reparar cualquier otro acto violento por parte de las fuerzas de seguridad. Fue pensado por las referentes travestis Marlene Wayar, Lohana Berkins y Diana Sacayán (activista asesinada en 2015) y redactado entre Abosex, Alitt, Futuro Transgenérico, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAT) y Conurbanos por la Diversidad. Adhirieron 30 organizaciones de la diversidad sexual. De ser aprobado, estiman que unas 300 personas trans de todo el país recibirán la pensión.