La justicia Federal de Santa Fe indagó al sindicado jefe del clan Mustafá y lo acusó por el delito de lavado de activos. El pedido surgió tras una investigación que empezó el año pasado cuando el flamante titular de la Fiscalía Federal N°1, Gustavo Onel, ordenó el embargo de tres vehículos y siete inmuebles que estaban a nombre del líder y de su hermana. Si bien la indagatoria estaba pedida para los hermanos, la muchacha no fue acusada. Los investigadores sospechan que esos bienes fueron adquiridos con dinero por la venta de estupefacientes que ocurrió desde 2007 hasta 2016 en barrio Barranquitas y Villa del Parque, de la zona oeste de la capital provincial. Para el fiscal, el clan Mustafá es otro engranaje en la venta de drogas en la costa santafesina y tiene estrechos lazos con la banda de Héctor “Bam Bam” Maldonado, que quedó detenida y procesada en septiembre pasado no sólo por comercialización sino también por ser proveedores de cocaína y marihuana en el mismo barrio que Mustafá (ver recuadro).
El punto de partida
El pedido de indagatoria para los hermanos surgió luego de una investigación que empezó en 2016 que estaba a cargo del entonces titular de la Fiscalía Federal Nº 1, Claudio Kishimoto por presunta infracción a la ley de estupefacientes. Los sospechosos fueron identificados como Diego Martín Mustafá, de 36 años, y su hermana C.V. Mustafá. Por sus actividades relacionadas con la venta de drogas en el barrio Barranquitas, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, la familia se hizo conocida entre los pesquisas y en las crónicas policiales le quedó el apodo del Clan Mustafá.
Este año la Fiscalía Federal N°1 quedó a cargo de Gustavo Onel, quien continuó con la pesquisa y logró establecer que Diego había sido condenado a 8 años de prisión en 2007 por tráfico de estupefacientes y por un homicidio.
Primero el patrimonio
A lo largo de la investigación, el fiscal descubrió que Diego, de 36 años y de profesión chagarín, y algunos de sus familiares tenían una considerable cantidad de vehículos, de bienes inmuebles a su nombre y de cuentas corrientes con grandes cantidades de dinero que no podían justificar debido a que no desarrollaban actividades lícitas. Con esos datos, el fiscal Onel pidió el embargo preventivo de los bienes, los cuales de comprobarse que los sospechosos los adquirieron con dinero preveniente del narcotráfico, serán decomisados.
Con esa información, en la última semana de 2017 pesquisas llevaron a cabo las órdenes de allanamiento para embargar tres vehículos a nombre de Diego Mustafá (una moto, un cuatriciclo y automóvil Volkswagen Vento) como también siete propiedades (tres casas en Santa Fe y cuatro terrenos en Arroyo Leyes, todos de más de 500 metros cuadrados). Estos inmuebles estaban a nombre de su hermana: C.V. Mustafá. Para los investigadores, la muchacha –quien es dueña de un local de ropa y no cuenta con antecedentes– “cumplió el rol de testaferro para asegurar el provecho de las actividades ilícitas de su hermano”.
Como esta medida fue previa a la audiencia indagatoria, el fiscal ordenó la prohibición de la salida del país a los hermanos y a Diego le inhibió los bienes que posee a pesar de no contar con ningún ingreso lícito de dinero.
En su dictamen, el fiscal federal argumentó que como el delito de lavado de dinero adquirió en las últimas décadas una enorme envergadura y se convirtió en un peligro concreto de orden universal que provoca serios daños al sistema económico – financiero dictó las medidas del decomiso antes de indagatoria a los sospechosos. Además, Onel agregó que si a partir de la tramitación del proceso se ordena el decomiso definitivo de los bienes, los mismos serán destinados a “reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas o al Estado”, como lo prevé el artículo 305 del Código Penal.
El otro clan de la zona
En enero pasado, el anterior titular de la Fiscalía Federal N°1, Claudio Kishimoto, inició una investigación tras recibir una denuncia anónima donde señalada al Clan Maldonado como los encargados de proveer y vender estupefacientes en la zona oeste de Santa Fe. Fue así que siete meses más tarde, se realizaron operativos y allanamientos donde detuvieron al jefe, conocido como Bam Bam, y a su padre apodado Diablo junto a catorce miembros de la organización.
El 21 de septiembre pasado el magistrado Reinaldo Rodríguez a cargo del Juzgado Federal N°1 procesó a la banda y dispuso la prisión preventiva para 15 de los apresados. A dos le dio la falta de mérito.
Bam Bam, su pareja, Diablo –padre del líder–, Fabiana Ayala, Micaela Galván, Mario Sosa, Carlos Leguizamón y Agostina Eusebi fueron acusados y quedaron en prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido en forma organizada por tres o más personas.
Además quedaron involucrados en el proceso: Héctor Molinari, Tamara Gallay, Alejandra Cicuttini, Marcela Lanche, Nicolás Koop, Leonardo Aboli, y Claudio Eusebi.
Hasta el pedido de elevación a juicio, el caso quedará a cargo de Gustavo Onel, flamante titular de la Fiscalía Federal Nº 1.
