Ciudad, Economía

El futuro de la agroexportadora

El caso Vicentin fue eje de un debate en el Concejo con amplio apoyo a la idea del rescate estatal

Por inciativa de la edila María Luz Olazagoitía, en el encuentro se trató la situación económica y financiera de la agroexportadora y sus consecuencias sobre la economía y la realidad social de Rosario, así como el de la provincia de Santa Fe. Compartieron la charla referentes de distintos ámbitos


El caso de  Vicentin fue eje de un debate en el Concejo de Rosario donde se trató la situación económica y financiera de la empresa agroexportadora y sobre las consecuencias que pueden tener para la economía y la realidad social de Rosario, así como para la provincia de Santa Fe.

La actividad, que fue propuesta por la edila María Luz Olazagoitía, de Ciudad Futura-FSP,  contó con la presencia de la titular del cuerpo legislativo, María Eugenia Schmuck.

El debate fue tuvo una amplia participación tanto de ediles de manera presencial, como de referentes de distintos ámbitos por videoconferencia.

María Luz Olazagoitía y sus pares del bloque Ciudad Futura-FSP, Caren Tepp, Pedro Salinas y Jesica Pellegrini, asitieron a la convocatoria junto a los concejalas Lorena Carbajal y Mónica Ferrero, del bloque Socialista;  Lisandro Zeno, de la Democracia Progresista; Susana Rueda, de Rosario Progresista; Norma López y María Alejandra Gómez Sáenz,  de Frente de Todos –PJ.

De la jornada participaron Claudio Lozano, del directorio del Banco de la Nación Argentina; el diputado provincial Luis Rubeo, quien se desempeña, además, como  presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. A ellos se sumaron el diputado provincial Carlos Del Frade, estudioso del tema Vicentín y propulsor de  una propuesta de estatización; Pedro Peretti: productor agropecuario, periodista e investigador, ex director de Federación Agraria Argentina; Sergio Arelovich, economista y docente universitario y representantes de pequeñas productoras agropecuarias de la provincia de Santa Fe, así como componentes del gremio de los trabajadores aceiteros.

El inicio de la convocatoria estuvo a cargo de Olazagoitía, quien expresó: “Es fundamental y crucial para todos los argentinos conocer todo lo referido a la extranjerización de ciertos bienes, espacios, maquinarias y territorios de los cuales es dueña la empresa Vicentin”.

A su turno, la titular del cuerpo legislativo, María Eugenia Schmuck, agradeció la amplia participación del debate por videoconferencia. “Espero que podamos tener un debate de este tipo por semana porque la ciudad se lo merece”, remarcó.

Lozano propicia la intervención

El presidente del Banco Nación, Claudio Lozano, inició su exposición señalando que “si uno escucha a los voceros económicos en algunos medios, nos encontraremos con el discurso de la necesidad de la reforma laboral y previsional; que tenemos que bajar  los salarios y que es necesaria la reforma del Estado, a la vez que nos dicen que los culpables de todo son los trabajadores”.

“De lo que no hablan es de los millonarios de nuestro país y de que la empresa Vicentín es la que esquivan el pago de impuestos, así como exponer sobre  la generación de endeudamiento y de pobreza. Pero ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Lozano hizo referencia al crecimiento exponencial, en su momento, por el crédito público “en base a profundas irregularidades” y destacó la labor del fiscal  que “pidió al juez  que avance en la investigación que puso en marcha  manejos sumamente oscuros en las empresas del grupo  que derivó en una estafa generalizada y una amenaza de extranjerización”.

“En ese contexto, se da la acertada iniciativa de posibilitar la intervención  de Vicentin”, remarcó Lozano.

Al referise a los créditos otorgados a la agroexportadora por parte del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Lozano indicó con énfasis que “el 43%  de los créditos  otorgados están ligados al Banco Nación, Había un límite de crédito en 8.300 millones de pesos pero la cifra fue superada hasta alcanzar, en primera instancia los 13.000 millones de pesos y en agosto de 2019 Vicentin ya debía 18.500 millones de pesos, lo que equivalía al 15% del patrimonio del banco, a pesar de lo cual no fue intimado, teniendo en cuenta que no puso un solo peso”.

El especialista en temas económicos recalcó: “Eso no fue todo. Entre agosto y diciembre de 2019 recibió  790 millones de pesos del Nación, esto es el doble de lo que debía y en esto la relación política tuvo que ver, ya que había Vicentin aportado a la campaña política de Macri. La empresa no sólo le debe a la banca pública nacional. También a la banca internacional”.

El economista puntualizó que “los bancos extranjeros promovieron una investigación en el exterior y los resultados ya los tendrían en su poder donde se haría referencia al ocultamiento de 400 millones de dólares”.

Lozano no se privó de dar un detalle del número de acreedores de Vicentin (2.638) entre los que hay cooperativas que involucran directa e indirectamente a aproximadamente 130.000 personas. Además profundizó sobre el tema indicando que “la empresa núcleo está inscripta en Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá y hasta en Europa, y por supuesto en Santa Fe. Le dieron un crédito con el que hizo triangulaciones económicas  y transferencias  para poder pagar menos impuestos en Uruguay”.

“A la sociedad argentina Vicentin le debe 8.500 millones de pesos en impuestos”, avanzó Lozano e hizo referencia a “52 operaciones  con la empresa Renova, que reclama a Vicentin  300 millones de pesos y lo curioso es que son del mismo palo”.

“Vicentin va a concurso sin producir a pleno porque los productores no le quieren vender sin cobrar, mientras el juez no hace  gala de imparcialidad y se ha dado el lujo de no acatar la resolución  presidencial” subrayó Lozano.

Casi sin respirar, Lozano aprovechó para indicar que “tenemos ante nosotros un mercado sumamente oscuro con subfacturación de exportaciones, por lo que es necesario que el Estado  haga algo para contrarrestar esta estafa que a esta empresa le permite obtener dólares y utilizar en su defensa una estrategia de soberanía alimentaria”.

Rubeo y la investigación

El diputado Luis Rubeo, integrante de la Comisión Bicameral que investiga a Vicentín señaló: “Cuando constituimos la Comisión  entendimos que sería prudente que continuáramos con este proceso  por los manejos pocos claros y debo dejar dicho que la misma está integrada por todos los bloques y en ella actuamos  por consenso”.

El diputado dijo que se trabaja en el tema  en defensa irrestricta de los 7.000 trabajadores, haciendo lo posible para evitar el colapso y haciendo lo indispensable para que la empresa no se extranjerice en su totalidad.

Además el legislador dijo que “la Comisión busca determinar dónde está plata e indicó que el monto total de la deuda es de 1.350 millones de dólares”. Hizo hincapié en la pérdida de confianza de los productores, debido a que no les pagaban; las malas inversiones que deterioraron a la empresa y  la falta de refinanciación  por parte de los bancos acreedores, que dejaron a Vicentin en colapso.

“Gustavo Nardelli (directivo y referente de la empresa Vicentín) pretendía otro préstamos de 300 millones de dólares para poner en funcionamiento la operatoria. Este directivo es una muestra de incapacidad empresarial a pesar de los aportes que recibía del Banco Nación y el gerente local de la entidad crediticia  no quiso darnos información amparándose en el secreto del sumario. Mientras tanto a  los productores  no les pagaron ni un centavo y, obviamente, no les devolvieron los granos que ya habían comercializado”, resaltó Rubeo.

El legislador adelantó que se pidió una entrevista al gobernador Omar Perotti, y la solicitud para una reunión con el juez Fabián Lorenzini (a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial de  Reconquista).

Finalmente Rubeo señaló: “Hay que rediscutir la política agropecuaria para producir alimentos porque lo que está en juego es la soberanía alimentaria. Hay que perseguir las maniobras fraudulentas formando masa crítica para reconvertir  en una empresa pública  de alimentos lo existente”.

La posición de Pedro Peretti

Pedro Peretti, productor agropecuario y ex director titular de Federación Agraria Argentina (FAA) invitó a los asistentes a la reunión a reflexionar  la situación imperante desde otro lugar, esto es la constitución de una empresa testigo, que es lo que les molesta a los Vicentin.

“Vendemos toneladas de soja sin pensar porque el detalle es más importante que el pesaje. Entraron 3.000 barcos a Santa Fe y se van esquivando lo que deben pagar. La expropiación está empantanada y por dentro del concurso lo está más”, afirmó Peretti.

El productor aseguró que: “El juez interviniente debería tener a esta altura más de 20 pedidos de juicio político, De lo contrario, cuando nos hagamos cargo no encontraremos  nada”.

“Es obvio que la provincia de Santa Fe no va a poner los 300 millones de dólares. Los de la Sigen fueron maltratados y se llevaron 20 carillas de irregularidades. Hay que reconstituir la Flota Mercante Argentina, ya que se nos van 4.000 millones de dólares en fletes”, argumentó Peretti.

El ex dirigente de la FAA está convencido en que el debate debe pasar también por la preservación del objetivo estratégico en Santa Fe y para ello lo ejemplificó con el movimiento de la producción de la miel y de la incidencia del acopio directo, utilizando el ejemplo de ACA, “que concentra su operatoria en Pilar, pero su casa central está en Puerto Madero. Todo esto deriva en un proceso de migración rural que es indetenible”.

Más adelante Peretti señaló: “El 11% de los productores vienen de Salta para traer soja, representando 375.000 viajes de camiones y en el medio están los grandes terratenientes que insisten en el mantenimiento del mismo modelo de comercialización. Vicentin compraba cereal en negro y robado con tarjeta de porte”, enunció.

Ante lo expuesto, el productor agropecuario se inclinó por defender “la compra pública en materia de alimentos en base a una Ley de Compra Pública, con el 30% destinado a la agricultura familiar, ya que hay una formidable cartelización en Argentina”.

La opinión del diputado Carlos Del Frade

“Hoy vengo ardido por el fiscal  que nos muestra un robo descarado a través del Banco Nación por lo que inhibe los bienes, entre ellos de Carlos Castellani (ex director del Banco Nación), que marca una depredación de los bienes del pueblo argentino”, inició su exposición Del frade.

“Les dijimos en la cara que lavaban dinero y en noviembre de 2019 le otorgaron 28 créditos del Banco Nación por 6.000 millones de dólares y ya, en agosto del mismo año estaban fuera de línea para recibir créditos. Sin embargo entre agosto y noviembre  le transfirieron a Vicentín 795 millones de dólares a cuentas off shore, a lo que se deben agregar 1.418 transferencias de dinero  con la complicidad  de ladrones de guante blanco. Vicentin tiene ladrones dentro con un nivel de depravación para robar la Argentina que asombra. Pedían y se les daba lo que querían del Banco Nación”. Sentenció el diputado.

Del Frade expuso sin rodeos: “Pasaba todo esto y a nosotros se nos acusaba de violar los secretos bancarios (UIF), y nos decían que era una crisis simulada. A pesar de lo que dicen la policía, anoche –por el martes-, apretó a los trabajadores”.

“Estamos ante un robo planificado como en la década infame”, relató Del Frade y se aprestó a indicar que “en una empresa relacionada con Vicentin, desde 2004 no hay ninguna actividad y nos dicen que “hay movimientos de barcazas, vinculado a la cocaína y a la prostitución infantil”.

Del Frade remarcó que hay puntos de importancia a discutir: Que pasa con los puertos; el tema de la riqueza de la tierra y los bancos y la Ley  de Entidades Financieras de la dictadura.

“Estamos a favor de la expropiación  que no es confiscación”. concluyó Del Frade.

La visión de Sergio Arelovich

El economista Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) realizó un análisis del monitoreo llevado a cabo sobre un conjunto de empresas extranjeras. Puntualizó que lo más notorio fue el vaciamiento de Vicentin “y con toda la entrega de la información por parte de la propia empresa, se prueba el vaciamiento”.

“La última información fue la del balance al 32 de octubre de 2018 y luego hubo una asamblea ordinaria en 2020 (sin balance). Al 31/7/2019 se presentó una acreedora financiera en dólares y de la comparación de datos al 9 de febrero de 2020, se ve como se llega a la cesación de pago y virtual quiebra por lo que el patrimonio está perdido y la indemnización será cero, esto es un patrimonio negativo…y el juez no hizo nada, ni siquiera pidió datos sobre el entramado societario.”, fue el panorama planteado por Arelovich.

El economista dijo al resto de la audiencia que “el interventor quiso hacer una auditoría y el juez ni pidió data sobre recursos y solo habló de diferencias en los balances.

“El expediente  del proceso de vaciamiento tiene casi 3.000 fojas, por lo que transformar todo en una veeduría es un acto que roza la mala fe”, detalló Arelovich.

“La investigación deberá descubrir el velo de lo que ha sido el vaciamiento de la empresa y su conducta. Espero que no se permita la construcción de la quiebra para que los responsables queden libres de culpa y cargo”, concluyó el especialista en economía.

El cierre a cargo de Mónica Polidoro

El encuentro finalizó con las palabras de Mónica Polidoro, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal (Amraf), quien aportó la visión de la soberanía alimentaria a partir del origen y celebró la decisión política de una Argentina sin hambre.

“Esa situación tiene un profundo sentido ideológico, ya que cuando se quiere avanzar en ese objetivo, surgen engranajes que benefician a los grandes empresarios, quizás porque no llegamos a convencer al ciudadano con suficiente información sobre la necesidad de propender hacia una agricultura familiar, acceso a la tierra y agregar valor en origen, temas que casi nadie conoce porque no hay suficiente información y sí de la derecha  y del neoliberalismo”, puntaulizó la dirigente.

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