La causa que investiga el homicidio de Silvia Suppo pasará a manos de la Justicia Federal de Santa Fe. La Corte Suprema de la Nación tomó hoy la decisión. Suppo declaró como testigo en juicios contra represores de la última dictadura.
La resolución de la Corte implica que el asesinato de Suppo, perpetrado hace un año en la ciudad santafesina de Rafaela, sea investigado como un homicidio dentro del contexto de delitos de lesa humanidad por sus declaraciones en juicios por hechos aberrantes durante la última dictadura.
La Corte consideró que “en tanto no puede descartarse que la muerte de Silvia Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal”.
Suppo, secuestrada en mayo de 1977 junto a su entonces compañero Reinaldo Hammeter, tenía 51 años el 29 de marzo de 2010, cuando fue hallada muerta en su talabartería, en el centro de Rafaela.
La mujer, cuyo marido falleció el año pasado debido a una enfermedad incurable, había pasado por varios centros clandestinos de detención, y fue objeto de torturas y violaciones, hasta que, tras estar encarcelada también en el penal de Coronda, recuperó su libertad durante la dictadura.
Suppo, testigo en el caso en el que fue condenado el ex juez federal Víctor Brusa y propuesta para declarar en el que se sigue por hechos que la habían tenido como víctima, había recibido casi una decena de puñaladas y de su local se sustrajeron 200 pesos.
“Es un hecho muy grave la muerte de un testigo que va a declarar en un juicio”, dijo una fuente vinculada al máximo tribunal.
El trámite de la causa estuvo hasta ahora a cargo del juez de instrucción local Alejandro Mognaschi, quien procesó por homicidio calificado por ensañamiento a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, dos “lava autos”, de 22 y 19 años respectivamente.
Sin embargo, luego de los procesamientos, apareció un “testigo de identidad reservada”, que aseguró haber escuchado “conversaciones” en las cuales se decía que a Suppo “había que matarla”.
Por esos dichos los hijos de Suppo pidieron que la causa pasara a la justicia federal, tomando también como argumento el caso del desaparecido testigo Julio López, quien declaró en el juicio en el que fue condenado Miguel Angel Etchecolatz.
El homicidio de Suppo “puede tener otras implicaciones”, porque “no hay una relación entre el móvil del robo y la violencia del hecho”, evaluó un allegado a la Corte, quien recordó que el episodio se registró la mañana de un lunes, en el local donde la víctima vendía artesanías.
El fallo de la Corte, que desestimó el dictamen del Procurador Fiscal Luis González Warcalde, quien opinó a favor de la competencia de la justicia provincial, fue firmado por el presidente Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.
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