La causa que investiga el crimen de Gerardo “Pichón” Escobar seguirá por ahora en el fuero provincial y los cinco acusados de homicidio y encubrimiento continuarán con prisión preventiva. Así lo resolvió ayer la jueza Georgina Depetris en una audiencia de apelación en la que negó que se incorporen nuevos elementos y dio un plazo de 20 días para que los mismos sean presentados ante un magistrado de primera instancia, a los fines que analice nuevamente la competencia del caso, que quedó a un paso de la Justicia federal. Es que además de la insistente solicitud de la querella, ayer la Fiscalía adelantó que se sumará al pedido y se espera que en el transcurso de hoy ambas partes hagan su presentación por escrito. Luego de que el juez Luis María Caterina decidiera mantener en la órbita provincial la investigación por el crimen de Escobar, la camarista Depetris confirmó ayer la resolución apelada por la querella y manifestó su descontento con la decisión tras remarcar que entre ambas audiencias transcurrieron tres “largos” meses, lapso en el que se siguió produciendo prueba.
Depetris argumentó su decisión explicando que “no pueden debatirse otras cuestiones diferentes y nuevas” en la tramitación del recurso porque se estaría vulnerando “el derecho constitucional de la doble instancia”.
La querella, representada por Salvador Vera y Guillermo Campana, detalló que existen pruebas de la cercana relación que tenían tanto los uniformados del Comando Radioeléctrico como los de la comisaría 3ª con los patovicas y de las prácticas abusivas que llevaban adelante, no sólo en el interior del boliche sino también en zonas cercanas e incluso en la propia dependencia policial.
Además dijeron que de los cuatro móviles de la seccional 3ª, los GPS muestran que uno estuvo toda esa noche en la puerta de la comisaría y otro en la ciudad de Funes, pero que los dos restantes no aparecen. También resaltaron el testimonio de un interno de esa comisaría, quien recordó que la noche que desapareció Escobar ingresaron a un joven y lo golpearon y luego todos los detenidos fueron “engomados”, como en la jerga carcelaria se le dice a que ninguno pueda salir al patio, pasillos o baño. El caso tiene a un empleado de seguridad acusado como autor material del homicidio y a otros dos, junto con un par de policías, por encubrimiento.
Los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria expusieron los avances de la investigación, de los que surgieron nuevos elementos que dan cuenta de la forma de trabajo que tenían los patovicas del boliche La Tienda con la Policía y, por ende, de que pudo haber participación de efectivos de la fuerza provincial en el crimen.
Gerardo Escobar tenía 23 años y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos. El jueves 13 de agosto fue al Casino, ganó dinero, se compró ropa y salió con amigos. Estuvo en La Tienda, un after ubicado en Tucumán 1119. Su compañero lo perdió de vista y cuando salió el patovica Cristian V. le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal del celular de Pichón. Sin embargo, fue a finales de agosto cuando este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo. Sus compañeros de trabajo en el after, José Luis C., de 34 años, y César A., de 30, y los empleados policiales Maximiliano A. y Luis Alberto N., ambos de 32, fueron acusados de encubrir el asesinato.
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