El caso Chocobar, emblema en la política de Seguridad de Bullrich

Alejandro Marinelli / @Marinelli1972 / eldiarioAR

A mediados de diciembre de 2017, mientras Luis Chocobar ensayaba la primera defensa por su accionar en el barrio de La Boca, recibió un enorme abrazo del Gobierno y se dio cuenta de que ya no iba a estar solo. Mientras la Justicia lo procesaba y lo embargaba, desde la Casa Rosada lo encumbraron como el héroe que había defendido la vida del turista estadounidense robado y apuñalado. Se transformó en el emblema del combate oficial contra el garantismo, que supuestamente conducía a la impunidad de los delincuentes. La reducción de matices imponía un discurso en el cual los policías tenían permitida una discrecionalidad que los alejaba de las leyes.

En infinidad de casos de violencia institucional, la convalidación llega desde las propias fuerzas de seguridad, cerrando filas, complicando investigaciones, ocultando pruebas y otras prácticas necesarias para que sus integrantes tengan una mejor suerte en las instancias judiciales. Las primeras líneas del Poder Ejecutivo no suelen exponerse al lado del policía acusado, los casos con gatilladores fáciles no son confiables y, con el avance de las causas, los políticos pueden ver como su capital político se derrite por haber metido las manos en el fuego. Pero ésa no fue la elección de Macri, Bullrich, Peña y cuanto alto funcionario le preguntaran en aquellos días en los que el segundo semestre no llegaba. Ante la falta de respuesta económica, siempre fue buena opción refugiarse en otra de las grandes preocupaciones de los argentinos: la inseguridad.

El policía Luis Chocobar recibido por el ex presidente Mauricio Macri en Casa Rosada.

La defensa de los integrantes de las fuerzas, con Patricia Bullrich como primera voz, se expuso con los episodios de la Patagonia. Primero con el caso Maldonado y luego con el de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en el Lago Mascardi. En solo cinco meses sucedieron esos hechos y el de Chocobar. En todos, el discurso no tuvo fisuras. Ese amparo fue el paso previo de un cambio drástico sobre los criterios de los comportamientos de las fuerzas de seguridad.

“El caso Chocobar fue utilizado por la gestión de Macri y Bullrich para poder dar mensajes de mayor respuesta punitiva a las fuerzas y a la sociedad. En todo el 2018 en los medios se repetía que estaba bien que la Policía respondiera con un mayor uso de la fuerza, anunciando que querían cambiar normas y protocolos. Pero no la llevaron a la discusión parlamentaria, para que se debatiera, sino que lo hicieron en resoluciones del Ministerio de Seguridad, lo cual provocó serios problemas constitucionales”, analiza la coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Victoria Darraidou.

La precaución que hasta ese momento debían tener los miembros de las fuerzas de seguridad al utilizar sus pistolas reglamentarias comenzó a borronearse. Un año después de los disparos de Chocobar, el gobierno nacional estableció un nuevo reglamento del uso de armas de fuego, que rompió el paradigma la utilización excepcional de la fuerza letal de los estándares internacionales y la propia Ley de Seguridad Interior. Con esas nuevas reglas los controles de tránsito, las persecuciones o intentos de robos en las calles se convirtieron en situaciones en las que disparar podía justificarse de manera bastante simple. La resolución firmada por Bullrich habilitó que el policía determinara cuando había “peligro inminente”, que actuara contra personas si suponía que cometían delitos, lo cual se salteaba garantías básicas como el principio de inocencia. A esa serie de modificaciones se las bautizó “Doctrina Chocobar”, porque parecían hechas a medida de la defensa del policía que disparó y mató cerca de Caminito. 

La idea de que los operativos exitosos sean esos en los que mueren personas que delinquen no es novedosa, estuvieron en el centro de la escena en gestiones regresivas en términos de seguridad, como las de Carlos Ruckauf o Daniel Scioli en la Provincia. “En las policías más profesionales es un indicador de eficacia que la policía mate menos y controle sus niveles de violencia para bajar los índices de delito. La buena Policía no es la que aumenta esos niveles de violencia”, sostiene Darraidou.

A ese reglamento de uso de armas se les sumaron otras normas ministeriales como otro reglamento para armas no letales, como las pistolas eléctricas Taser; el Programa Ofensores en Trenes, por el cual se les podía exigir identificación a los pasajeros sin necesidad de que se justifique la detención policial, y el Servicio Cívico Voluntario, que le otorgaba a la Gendarmería roles en áreas como la educación, sobre las que no debería tener ninguna competencia.

Para María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, “la irrupción de la Doctrina Chocobar completó un escenario en materia represiva que sólo pudimos definir como ‘estado de excepción’”. “Era evidente la suspensión extraordinaria del orden jurídico, con la restricción de derechos fundamentales de la población. El resultado de esa política fue un record absoluto de muertes por el gatillo fácil y la tortura en democracia y el mayor índice de la historia en detenciones arbitrarias”, agregó.

Por todo lo señalado, la decisión de los jueces sobre Chocobar tiene a los sectores más duros de la oposición expectantes. Nunca le soltaron la mano y reciben el fallo en términos políticos. También en el Gobierno miran desde sectores distintos lo que sucede con el policía. La visión de la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, quien a su llegada derogó todos los reglamentos de Bullrich, no es la misma que la del ministro de Provincia, Sergio Berni, quien dirige a la Bonaerense con otros tonos. Su discurso se emparenta en muchos pasajes con el de Bullrich, por ejemplo, cuando dice: “Chocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención”.

No hay manera de pensar al caso Chocobar fuera del contexto político en el que se produjo y se mantuvo. De la misma manera se debe observar el fallo del tribunal, que impacta en la manera en que las fuerzas se manejarán de aquí en adelante. Es una causa que comenzó con una gestión y que termina con otra, una discusión profunda que se inscribió en la enorme grieta nacional y que difícilmente se pueda saldar con la resolución de tres jueces.