La crisis económica, la corrida del dólar y el fuerte endeudamiento externo desplazaron de la centralidad de la agenda política uno de los objetivos del gobierno de Cambiemos: la reforma laboral. La relativa calma, por lo menos financiera, que se vivió en el último tiempo motivó que algunos sectores vuelvan a poner en el tapete la necesidad de flexibilizar los derechos laborales. Es el caso del campo, un sector que apoyó la llegada de Mauricio Macri a la presidencia y que se vio beneficiada con la devaluación del peso. Desde CRA, una de las entidades agropecuarias que conforman la mesa de enlace, le pidió al Ejecutivo nacional que avance con la reforma laboral.
El latiguillo que utilizó Confederaciones Rurales Argentina, entidad patronal que agrupa a federaciones de ruralistas, fue que pretenden una reforma laboral que dé “el marco legal a las nuevas relaciones comerciales y de empleo” para mejorar así “la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo”.
Es cuanto menos curioso que el reclamo surja de un sector que posee el mayor grado de informalidad en sus empleados, amén de que se trata de uno de los sectores de mayor dinamismo. Es decir, que a pesar de la alta rentabilidad del agro, el 60% de los trabajadores rurales está en negro.
Los datos del Indec sobre el primer trimestre de 2018 reflejan que en el apartado “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” los empleos en negro son mayores a los registrados, 487.000 sobre 347.000: un 58,39% de trabajo irregular.
Un dato revelador es que quien preside el organismo que debería controlar el empleo informal en el agro, el Renatre, es el ex vocal general de la Sociedad Rural: Abel Guerrieri.
El ajuste de la política
Descontentos con la restauración de las retenciones, y el freno a la baja en el caso de la soja, el ruralismo reclama el “ajuste de la política y del Estado”, según indicó el presidente de CRA Dardo Chiesa.
A pesar de que la rentabilidad aumentó con la devaluación del peso, en el agro están descontentos con que el gobierno que apoyaron, y que incluso les otorgó la conducción de un ministerio devenido en secretaría, haga recaer el ajuste sobre sus hombros: “El camino del déficit fiscal cero es el correcto para la Argentina, ahora, desde la sociedad se ha colmado la capacidad contributiva y para terminar de alcanzarlo, el ajuste debe venir de la política y el Estado”, indicó el dirigente en un documento.
Chiesa sostuvo que en relación a la aprobación del proyecto de Presupuesto 2019 y ante la iniciativa de aumentar la alícuota que grava el impuesto a los Bienes Personales, “el sector agropecuario actuó con firmeza y en legítimo reclamo haciendo llegar el mismo a los legisladores”.
“Acción organizada, firme y dentro de la institucionalidad del marco que otorga la democracia”, definió sobre el lobby que el sector ejerció sobre los diputados nacionales y que logró que el campo esté exento del pago de Bienes Personales. Parece que la clase media no correrá con la misma suerte.
Reforma impositiva
El presidente de CRA consideró que “el sector sigue reclamando una reforma impositiva integral de los tres estamentos, Nación, provincia, municipio”.
“En la vereda opuesta, sectores de la izquierda y el kirchnerismo con acciones planificadas y programadas volvieron a intentar frenar la sesión en Diputados, hecho que tiene gravísimas consecuencias institucionales”, dijo Chiesa.
Consignó que la Argentina soporta la peor de las violencias institucionales que se han vivido en los últimos tiempos.
“Si atentar contra el funcionamiento de la Cámara legislativa con hechos de violencia, no es un daño a toda la democracia, entonces Argentina no ha aprendido nada”, manifestó Chiesa.
“CRA insta a transitar el camino de la institucionalidad, del debate genuino y enriquecedor, con el respeto de las distintas ideologías, como lo establece nuestra Constitución Nacional que otorga el derecho de huelga y habilita otros mecanismos para realizar los reclamos”, finalizó.
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