El Congreso de la Nación sancionó el 11 de septiembre la Ley de Pago Soberano. La norma fue impulsada por el gobierno para modificar el lugar de pago de la deuda soberana reestructurada y revocar el mandato del Bank of New York Mellon (Bony) como agente fiduciario.
La ley, promulgada al día siguiente, procura ofrecer a los acreedores reestructurados (holdins) una alternativa de pago ante las restricciones a los cobros impuestas por los fallos del juez estadounidense Thomas Griesa.
Sobre esta base, el Ieral, instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea, se preguntó si la aprobación del proyecto soluciona el problema central para Argentina relacionado con su deuda externa.
El informe elaborado por el investigador Marcelo Capello advirtió que si el gobierno no logra aliviar su restricción de reservas en el Banco Central a través de la vía política –aportes de países políticamente cercanos o acuerdos con China–, la economía argentina tendría alta probabilidad de sufrir un proceso de estrangulamiento de balanza de pagos.
Esto obligaría a tomar decisiones importantes en materia cambiaria y fiscal.
El documento recordó que desde febrero de 2011 el Banco Central dejó de acumular reservas. Cayeron desde los 52.427 millones de dólares en ese momento a 28.780 millones de fines de agosto de 2014 (casi 55 por ciento).
Las reservas en moneda extranjera representaban 64 por ciento del activo del Banco Central en 2007, pero en agosto de 2014 esa relación cayó a 27 por ciento. “De otra manera, la relación entre la base monetaria y las reservas pasó de 2,15 en 2007 a 13,78 en agosto de 2014”, completó el instituto.
Vencimientos
El Ieral amplió que los vencimientos de deuda externa con agentes privados entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015 suman cerca de 11.000 millones de dólares.
Esta cifra equivale a casi 40 por ciento de las actuales reservas netas del Banco Central.
“Si se tienen en cuenta, además, los vencimientos con organismos internacionales, la carga asciende 50 por ciento de las reservas”, completó.
La economía global, donde el precio de las materias primas ha sufrido un brusco descenso, no ayuda. El Ieral agregó que las perspectivas para la Argentina empeoraron debido a la caída del precio de la soja –cotiza a 385 dólares a mayo 2015, versus 528 dólares que cotizaba en junio 2014–, las crecientes dificultades de la economía de Brasil y los persistentes problemas de competitividad local.
El documento económico apuntó que también debe considerarse que, sólo por el efecto de los pagos de la deuda con privados y organismos internacionales, la relación Reservas/PIB podría bajar a 3,40 por ciento en 2015, cuando fue del 14 por ciento en 2007 y de 6,20 por ciento en 2001.
“El regreso a los mercados voluntarios de crédito es una necesidad real, lo cual implica resolver definitivamente el problema de los holdouts”, recomendó el Ieral. Y aconsejó reconsiderarse la posibilidad de llegar a un acuerdo en el juzgado de Griesa. Este acuerdo debería ser aceptado por los acreedores, y no resultar fiscalmente imposible de asumir para Argentina (no dispare cláusula Rufo).
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