El 11 de octubre del 2013, dos motociclistas y sus acompañantes atacaron a balazos la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti en Gallo y Darragueira. La mayoría de los proyectiles hizo blanco en las paredes, pero tres de ellos traspasaron las ventanas y llegaron al interior de la vivienda donde se encontraban el mandatario, su esposa y una empleada. Por el hecho, del cual el móvil nunca quedó claro, hubo cinco detenidos y luego una larga investigación la jueza Alejandra Rodenas procesó a Emanuel Sandoval por amenazas agravadas por el uso de arma y anonimato, abuso de arma y daño calificado. Mientras que el policía Pablo Espíndola fue encausado por encubrimiento agravado. Otras tres personas fueron desvinculadas de la causa.
En diciembre de 2014 ambos procesados obtuvieron una morigeración de prisión y accedieron a un arresto domiciliario, aunque el abogado querellante de Bonfatti, Héctor Superti, apeló y, en segunda instancia, la Cámara Penal revocó el beneficio al policía y mantuvo la medida de atenuación respecto de Sandoval. En noviembre de ese año, la querella decidió no presentar acusación contra Ema Pimpi al entender que no había elementos para llevarlo a juicio, aunque sí lo hizo con el uniformado Espíndola, quien fue penado a 6 años de cárcel en un abreviado celebrado en junio de 2017 que incluyó encubrimiento por el atentado a Bonfatti, debido a que le encontraron la pistola que usaron los atacantes. A esto se le sumaron los delitos de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación de arma de guerra y uso de documento público falso.
En febrero de 2016, Ema Pimpi admitió su participación como instigador en el ataque a la casa del entonces gobernador y acordó una sanción de 3 años y 6 meses de cárcel. Esos años incluyeron otras tres causas: por el atentado al ex gobernador, abuso de armas y lesiones graves ocurrida en octubre de 2011, cuando baleó en una rodilla a Gustavo I. Y esa condena fue unificada con una anterior a 3 años por abuso de armas y portación.
Esa pena la cumplió y el 6 de marzo de 2018 fue imputado por el fiscal Adrián Spelta por la balacera ocurrida el 27 de junio de 2017 en Cavia y Gallardo cuando lo acusaron junto con su hermano Lucas y otras personas de disparar contra las víctimas Juan M., Marcos M. y Ricardo N. causándole heridas de gravedad en un brazo y tórax a los dos primeros y lesiones leves al último. En mayo del año pasado, un juez resolvió que se le colocara una tobillera electrónica y por eso se encontraba en arresto domiciliario.
Oscuros episodios
A principios de febrero de 2016, un grupo de gendarmes ingresó sin orden de allanamiento a la casa de Ema Pimpi donde cumplía con la domiciliaria, y dijo haberle incautado un arma de fuego, por lo cual se lo llevó detenido. Sin embargo, la tarde del día siguiente ya había recuperado la libertad por orden de la Fiscalía. A su abogado le pareció sugestivo que el procedimiento se hiciera horas antes de que Ema Pimpi concurriera a Tribunales a la audiencia de homologación del abreviado por el atentado, lo que se frustró.
Dos meses atrás, el 18 de diciembre de 2015, Ema Pimpi fue herido con 14 postas de goma cuando un grupo de policías se presentó en su casa al final de una supuesta persecución. Este hecho ocurrió seis días antes de la fecha donde se firmó el abreviado por el atentado y 25 días después de otro oscuro episodio: una mujer se había presentado en la comisaría 30ª para denunciar que Ema y su hermano Lucas habían baleado el frente de su vivienda. Allanaron la casa de los Sandoval y no encontraron nada. Entretanto, el 3 de diciembre, un primo hermano de Ema Pimpi, Darío Fernández, de 22 años y apodado Oreja, fue hallado asesinado en barrio Rucci, cinco días después de haber salido “a dar una vuelta” desde la casa de un familiar.
Comentarios