Arlen Buchara
Rubí del Mar se mudó a un departamento en el barrio Abasto de Rosario 11 días antes de que empezara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Había ahorrado durante dos meses para pagar la mudanza y el nuevo contrato. Rubí es una mujer trans de 31 años, estudia periodismo y el trabajo sexual es su principal sostén económico. Con la cuarentena, se quedó sin ingresos porque no podía seguir trabajando. Tuvo usar los pocos ahorros que le quedaban y pidió ayuda a amigas, amigos y clientes para seguir pagando el alquiler, las expensas, los impuestos y la comida de todos los días. Si bien el DNU 320 la habilita a no pagar el alquiler hasta septiembre no quiso acumular deudas cuando recién empieza un contrato nuevo. Como ella, el 85% de las personas travestis y trans del país tuvo problemas para pagar el alquiler, según la última Encuesta Nacional de Alquileres de la Federación Nacional de Inquilinos, que también relevó que el 57% se quedó sin ningún ingreso económico desde que empezó la cuarentena. A eso que se suma que casi la mitad vive en condiciones precarias o de contrato irregular, lo que hace que sea más vulnerable a maltratos y amenazas.
“Sobrevivir estos dos meses está siendo muy difícil. Hay días que he hecho una sola comida. Da bronca porque hace 5 años que trabajo, pero pasa algo así y quedo completamente desprotegida y excluida de todo. Y eso pasa porque soy trabajadora sexual y no está reconocido mi trabajo. Por eso hablo de lo que hago sin tabú y sin pelos en la lengua”, explica en diálogo con El Ciudadano.
El trabajo sexual es el principal ingreso de Rubí desde hace 5 años. Antes, desde los 19 a los 22 también había ejercido la prostitución, pero dejó por una situación violenta con un cliente. A los 27 volvió a través de las redes sociales y empezó a decir de manera abierta a qué se dedicaba. El año pasado fue noticia a nivel nacional cuando se convirtió en la primera mujer trans del país en presidir un centro de estudiantes, el de ISET de Rosario donde estudia periodismo. En ese momento, ella no dudó en decir en todos los medios que el trabajo sexual era su trabajo.
Rubí se mudó en los primeros días de marzo y nunca imaginó que una pandemia mundial de coronavirus estaba por llegar a la Argentina para poner en jaque su vida y su economía. Entre expensas y alquiler necesita 10 mil pesos mensuales y a eso se suman el resto de los gastos de impuestos y comida. “Los ingresos son nulos porque al no poder trabajar no puedo generar plata de ninguna manera. El no poder ejercer en cuarentena tiene tres motivos: el cuidado personal de una y con el cliente, la toma de conciencia que tiene el cliente a la hora de elegir porque está con miedo y más perseguido, a lo que se suman que reduce los gastos por no tener ingresos. Además, está el miedo a la denuncia de los vecinos”, cuenta.
Hasta ahora, Rubí no pudo acceder a ninguna de las ayudas sociales económicas dispuestas por el gobierno nacional, tanto el Ingreso Familiar de Emergencia, en el que fue rechazada, como en los subsidios del Ministerio de Desarrollo Social para personas trans, en el que todavía no fue dada de alta. Desde hace casi dos meses sobrevive con bolsones de comida que reparte la Municipalidad y la provincia y con la ayuda de clientes, amigas, amigos y familiares.
“Con los ahorros que me quedaban y la vaquita que hicieron mis amigos pagué el alquiler y las expensas, que me atrasé unos días y ya me hostigaron. Hasta organicé a mis amistades para repartir la ayuda en distintos meses. Hubo días que no comí para guardar el más mínimo centavo, estoy pensando hasta cuánto gastos de luz. Cuando estas acostumbrada a elegir qué comer, en qué gastar, esta situación te excede porque dependes de otro para vivir. Además, la comida de los bolsones es poco nutritiva, puros carbohidratos y azúcar, es importante que piensen en que para muchas personas es la única comida. A eso se suma que es horrible sentirte improductiva. Yo siempre trabajé y en esta situación es muy desgastante. Y el gran tema es qué va a pasar después porque yo sigo acumulando deudas y deudas”, explica.
La situación habitacional en números
La Encuesta Nacional de Alquileres de mayo diferenció entre mujeres, varones y disidencias sexuales. “Para dejar de invisibilizar las particularidades en las condiciones de vida y de alquiler de la población LGBTTIQ+, vimos necesario poder hacer distintos cruces para comprender de qué hablamos cuando estamos hablando de este sector. Son quienes mayor ven dificultados sus ingresos y la posibilidad de pagar el alquiler, y recurren al propio colectivo o a organizaciones sindicales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia”, dijeron desde la encuesta sobre la inclusión de la diversidad sexual en los resultados.
La población LGBTTIQ+ que contestó la encuesta estuvo formada por 69,8% de mujeres trans, 10,3% de travestis, 3,4 de varones trans y 16,4% de otras identidades sexuales.
El relevamiento mostró una vez más la situación de emergencia del colectivo travesti y trans. El 57% se quedó sin ningún ingreso económico y el 24% tuve menos ingresos. A la hora de pagar el alquiler, el 84,5% no pudo hacerlo.
Otra de las cosas que mostró el análisis la dificultad en el acceso a condiciones de vivienda con contratos irregulares. Sólo un 50,9% vive en departamentos o casas, mientras que el 49,1% está condiciones más precarias como alquilar una habitación en hoteles o pensiones, con más exposición a abusos de los propietarios. En este sentido, el 48,3% sufrió amenazas o maltratos.
“La esperanza de vida de la población travesti y femeneidad trans es de 35 años y podemos ver cómo esto se replica cuando hablamos de aquellas que también son inquilinas, con un 62% de 18 a 35 años. Teniendo en cuenta que este colectivo es uno de los más vulnerados, son necesarias políticas públicas urgentes que contemplen el acceso a una vivienda digna”, dicen en el análisis.
A nivel general la Encuesta Nacional de Alquileres relevó la situación de 4 mil inquilinas e inquilinos en todo el país para ver cómo afecta la pandemia de coronavirus a sus ingresos, el pago de alquileres y si se cumple el decreto 320. Según sus resultados, el 59% por ciento no pudo pagar el total del alquiler a principios de mayo. Casi la mitad, en 46,6% percibe menos ingresos desde que arrancó la cuarentena y un 27,9% dejó de tenerlos. Más de la mitad de las familias, el 51%, perdieron un puesto de trabajo. Para el 40,8% la estrategia para afrontar la crisis y pagar el alquiler es endeudarse.
Qué políticas se implementaron
La pandemia de coronavirus puso una vez más en evidencia la vulnerabilidad de las personas travestis y trans. Por eso, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad articuló acciones con el Ministerio de Desarrollo Social para reforzar la asistencia y anunció la incorporación de 3.536 personas de este colectivo en el programa Potenciar Trabajo, la entrega de 2835 refuerzos alimentarios, la realización de gestiones para impedir 120 desalojos así como para la regularización migratoria de otras 223 personas travestis y trans.
Vulnerabilidad histórica
Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento de la población trans y travesti no accede a un empleo formal en la Argentina. Para el 95 por ciento, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral.
En Santa Fe la población asciende a 1.200 personas, según la Encuesta Provincial de Vulnerabilidad de la Población Trans elaborada en 2019 por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) y la ex Subsecretaría de Diversidad Sexual. Se trató del primer y único estudio de este tipo de Argentina y Latinoamérica y arrojó datos sobre un tercio de la población travesti-trans de la provincia. De acuerdo con el estudio, sólo el 5 por ciento accedió a un estudio terciario o universitario. El 75 por ciento sufrió burlas, insultos, maltratos y las han llamado por el nombre o género que no es el autopercibido y el 47 fue víctima de la Policía. Como consecuencia de la violencia y la discriminación el 65 por ciento dijo que se había autolesionado, 75 por ciento tuvo problemas de consumo de alcohol, el 77 de otras sustancias y el 78,6 sufrió patologías alimentarias.
Una de las políticas que exige el colectivo es la implementación del cupo laboral trans, que establece un porcentaje de los ingresos al Estado para personas trans. El año pasado la Legislatura de Santa Fe aprobó la ley pero la gestión actual aún no la implementó.
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