Los inquilinos son uno de los sectores más castigados por inflación y la inestabilidad del mercado laboral. Así quedó relevado durante un estudio de la Concejalía Popular que determinó que el 22% de los encuestados debió mudarse por los reiterados incrementos en su valor. Mientras que a nivel nacional los números son superiores y llegan al 30 por ciento.
“Para que esto no ocurra necesitamos que se sancione la ley nacional de alquileres”, afirmó Ariel D’Orazio, referente de la Concejalía Popular, en diálogo con El Ciudadano.
Entre los punto claves a tratar en el proyecto se encuentran un índice que promedia el coeficiente de variación salarial. “Es necesario eliminar indexaciones arbitrarias. Se podría crear un valor de referencia nacional para los alquileres.”, explicó D’ Orazio.
También se pide la eliminación o reducción sustancial de la comisión inmobiliaria, que muchas veces se transforman en gastos exorbitantes a la hora de mudarse.
Otro de los puntos que es muy costosos para los inquilinos es el pago del API, por eso con la sanción de la ley se busca que el impuesto pase a órbita del propietario. Lo mismo pasa con las expensas extraordinarias, muchas veces tienen un alto costo, y debe hacerse cargo el inquilino.
Desde la Concejalía Popular también reclamaron la implementación de viviendas públicas para los inquilinos y un registro de contrato de locación, donde se puedan subir todos a una página para saber quiénes son todos los participantes.
“Por último pedimos un impuesto a la vivienda ociosa, porque son casas o departamentos cerrados que provocan el incremento del metro cuadrado de las casas en alquiler”, concluyó D’Orazio.
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